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comisiones unidas 1502El lunes, los candidatos presentaran programa de trabajo ante Diputados, conforme al registro realizado

 

 

Las comisiones unidas de Justicia y Gobernación de la 74 Legislatura, acordaron iniciar este próximo lunes 18 de febrero, en punto de las 10 de la mañana, las comparecencias de los 32 aspirantes a Fiscal General del Estado, en el Salón de Recepciones del Palacio Legislativo.

Así, los diputados Antonio Salas Valencia, Sergio Báez Torres, Araceli Saucedo Reyes, Brenda Fraga Gutiérrez, Omar Antonio Carreón Abud y Ernesto Núñez Aguilar, convinieron sesionar en comisiones los días lunes y martes para escuchar en un lapso de 10 minutos, las propuestas de los aspirantes y posteriormente dar paso a una ronda de preguntas y respuestas.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia, Antonio Salas Valencia, reconoció el compromiso de este Congreso para aprobar primero una Ley General de la Fiscalía, a fin de brindarle todas las herramientas jurídicas al próximo Fiscal y que pueda dar los mejores resultados a favor de los michoacanos.

En el mismo tenor, el diputado Sergio Báez, presidente de la Comisión de Gobernación, resaltó la importancia de trabajar unidos ambas comisiones, ello con la finalidad de que los acuerdos sean ponderados en la toma de decisiones que habrán de concretarse en próximos días.

Así y luego de escuchar diversas propuestas relativas a los procedimientos, tanto de evaluación de los perfiles como de las comparecencias, los diputados locales acordaron la instalación de una mesa técnica que revise el cumplimiento total de los requisitos solicitados en la convocatoria para los aspirantes, a manera de que el próximo lunes puedan empezar con las comparecencias.

A propuesta de la diputada Araceli Saucedo, también se tomó el acuerdo de garantizar la protección de datos personales de los candidatos, la cual fue respaldada por los integrantes de ambas comisiones.

Finalmente, los diputados locales reiteraron su compromiso de brindarle a la ciudadanía, el perfil más calificado para que asuma la trascendental encomienda de brindar protección, seguridad y justicia a los michoacanos. 

Autonomía de Fiscalía General radica en su libertad operativa

La autonomía de la Fiscalía General del Estado va más allá de la designación de su titular, pues su base radica en la libertad operativa de la institución, principio que se garantiza con la Ley Orgánica aprobada por el Congreso del Estado, subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXIV Legislatura local.

En el marco de la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la legisladora recodó que los ciudadanos quieren un cambio sustancial en la investigación y persecución de los delitos, lo que será posible con una Fiscalía que desde su norma operativa da claridad, viabilidad y fortalece el engranaje y funcionamiento de la institución.

En vísperas de las comparecencias de los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General, y frente al debate político sobre la necesidad de autonomía plena de dicho servidor público, Lucila Martínez hizo mención que el mecanismo para su designación cuenta con plena legitimidad, y es similar al establecido para la Fiscalía General de la República, las 24 Fiscalías estatales que existen en el país e instituciones similares en otros países.

“Aunque las personas y su actuar es un factor relevante en la autonomía de una institución del calado de nuestra Fiscalía General, ésta no es posible y se queda en ficción si no cuenta con un andamiaje orgánico eficaz y fuerte desde su propia norma, y es ahí en donde el Congreso del Estado con la aprobación de la Ley Orgánica ha garantizado la autonomía de la Fiscalía, no sólo de su titular sino de todos los que en ella se desempeñen”.

En ese sentido recalcó que el Fiscal General no será un jefe omnímodo y omnipresente, del que deban depender las decisiones técnicas del resto de fiscales, sino por el contrario, con la Ley se garantiza la independencia, autonomía y profesionalización de cada uno de ellos.

“La fiscalía servirá para atender áreas de oportunidad en la procuración de justicia, y para ello su titular deberá fungir preponderantemente como un administrador institucional en jefe, mientras que los titulares de la acción penal serán fiscales ordinarios con apego a la Constitución y a la ley”.

Lucila Martínez calificó de avanzada la Ley Orgánica de la Fiscalía con que cuenta ahora Michoacán aprobada por el Congreso, pues incorpora rubros de los llamados derechos de tercera y cuarta generación como los ambientales y animales a través de la Fiscalía Especializada de Combate a los Delitos contra el Medio Ambiente y la Fauna.

Congreso debe dar certeza territorial a Jiquilpan y Sahuayo

Jiquilpan; Mich.- El diputado de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, ofreció trabajar desde el Congreso del Estado, y sumar esfuerzos con los presidentes municipales de Jiquilpan y Sahuayo para dar certeza sobre los límites territoriales de cada municipio.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXXIV Legislatura y Roberto Mejía Zepeda, alcalde de Jiquilpan, analizaron el viejo conflicto por límites territoriales entre ambos municipios, y trazaron una ruta de trabajo para dirimir la controversia.

Roberto Mejía explicó que vecinos de nueve colonias asentadas en zona limítrofe pagan su predial en Jiquilpan -cuyo Ayuntamiento les otorga servicios públicos-, municipio en el que también tienen su código postal y credencial de elector; no obstante, el INEGI contabiliza a los habitantes como parte de la población de Sahuayo, provocando confusión en torno a la delimitación territorial.

En un encuentro posterior con medios de comunicación, Alfredo Ramírez informó que Morena propondrá a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales que sea retomado el trabajo previo realizado por el Congreso del Estado para definir legalmente los límites territoriales de Sahuayo y Jiquilpan.

El alcalde puntualizó que el Ayuntamiento de Jiquilpan provee a esas nueve colonias servicios públicos, educación, seguridad y acceso a programas de gobierno; sin embargo, la falta de reconocimiento por parte del INEGI impacta en las estadísticas usadas como base para la asignación de recursos, lo que provoca pérdidas de hasta 12 millones de pesos en participaciones federales, y afecta el desarrollo del municipio.

Alfredo Ramírez y Roberto Mejía coincidieron en que la delimitación legal de los territorios de Jiquilpan y Sahuayo debe partir del acuerdo entre autoridades de ambos municipios, ya que a largo plazo ambos municipios pueden tener una agenda conjunta de desarrollo que contribuya a fortalecer a esta zona metropolitana de la Región Lerma-Chapala.

En Michoacán diputados sí cuestionarán a aspirantes para Fiscal General

En Michoacán los diputados locales sí cuestionarán a los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado durante las comparecencias que tengan ante las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación, apuntó la legisladora Araceli Saucedo Reyes integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada integrante de la Comisión de Justicia, subrayó que a diferencia del proceso de selección del Fiscal General de la República en donde no hubo la oportunidad de cuestionar a los aspirantes en las comparecencias, en el caso de Michoacán se determinó ampliar la participación de los legisladores para que formulen preguntas y con ello contar con mayores elementos para la toma de decisiones.

“Además este ejercicio tendrá la máxima publicidad, por ser abierto a los ciudadanos interesados en acudir y conocer los planteamientos de cada uno de los aspirantes, pues la definición del Fiscal General del Estado es de interés para las y los michoacanos”.

Este viernes Araceli Saucedo Reyes participó en la reunión de las Comisiones Unidas en la que se definió el formato de las comparecencias en las que intervienen los 32 aspirantes a Fiscal General que permanecen aún en el proceso de selección.

Es así como lunes y martes se realizarán a partir de las diez de la mañana en el Salón de Recepciones del Palacio Legislativo, las comparecencias de los aspirantes quienes contarán con diez minutos para realizar su exposición, y cinco minutos más corresponderá a una sesión de preguntas y respuestas entre diputados y postulante.

Finalmente Araceli Saucedo destacó la relevancia de la determinación que habrá de tomar el Congreso con la definición del Fiscal General del Estado, de ahí la importancia en la transparencia del proceso de selección que han establecido las comisiones unidas de Justicia y Gobernación.

Proponen revocación de mandato

A fin de garantizar mayores resultados de los gobernantes, el diputado local Erik Juárez Blanquet propone reformar la Constitución Política del Estado de Michoacán, a fin de establecer la figura de revocación de mandato.

Dio a conocer que dicha iniciativa la presentará en la siguiente sesión ante el Pleno de la LXXIV Legislatura local, en la que se establece que los michoacanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato de representantes de elección popular, para que concluyan anticipadamente el cargo para el que fueron electos, cuando así lo demande al menos el siete por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo.

Por lo anterior, Erik Juárez enfatizó que plantea que se incluya en el marco normativo la revocación de mandato, “ya que nos encontramos en un nuevo contexto constitucional y se requiere que exista un contrapeso de la ciudadanía en materia de reelección legislativa, criterio que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad, presentada en contra de la Constitución Política de la Ciudad de México”.

Asimismo explicó que la consulta para la revocación del mandato, solo procederá cuando haya transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación popular de que se trate, y será organizada por el Instituto Electoral del Estado de Michoacán, en los términos precisados por la ley de la materia.

En la iniciativa dijo que se establece que los resultados de la revocación serán obligatorios siempre que participe al menos el 30 por ciento de las personas inscritas en el listado nominal de electores del ámbito respectivo, y que de estas el 55 por ciento se manifieste a favor de la revocación de mandato.

Erik Juárez mencionó que de ser procedente la revocación de mandato, se apegará a lo que establece esta Constitución para la sustitución de autoridades electas por sufragio universal; esta figura no dará lugar a compensación, indemnización, pago de emolumento alguno a favor del representante popular sujeto a este procedimiento.

Sostuvo que actualmente en los estados de Sinaloa; Zacatecas; Guerrero; Jalisco y Aguascalientes y la Ciudad de México tienen establecida la figura de revocación de mandato y en las entidades de Chihuahua y Yucatán, tal figura fue objeto de anulación mediante acción de inconstitucionalidad, y en el resto de los estados no se encuentra contemplada.

Refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una reflexión sobre el tema, en donde señala que los tiempos cambian, con la introducción expresa en la Constitución Federal en el año 2014 de la reelección legislativa a nivel Federal y Local, así como la reforma al artículo 122 del citado ordenamiento, consideran que los razonamientos vertidos en los casos de los estados de Chihuahua y Yucatán es necesario que se reexaminen, ya que la revocación de mandato no es un mecanismo de responsabilidad de los servidores públicos y, por lo tanto, dicha figura no debe ser considerada por si misma contraria al marco constitucional .

“Con la incorporación de la reelección al texto constitucional, es necesario hoy en día que la permanencia en el encargo de algunos puesto de elección popular, dependa también de la manifestación de la voluntad popular expresado en las urnas, por lo que la variación del tiempo contemplado originalmente por la Constitución Federal para un cargo puede obedecer a razones distintas a la conducta ilegal del servidor público, ya que hay diversos motivos a la responsabilidad que generan que el encargo de un servidor público electo democráticamente no concluya en tiempo determinado por la Constitución”.

Finalmente dijo que tomando en cuenta las últimas reformas al régimen político en la Constitución Federal, es necesario un nuevo análisis más amplio de la constitucionalidad sobre esta figura, la cual es el ejercicio de la Soberanía que reside en el pueblo, es un balance a la reelección consecutiva, en aras de generar un contrapeso en favor de la ciudadanía.

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