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Creo en la democracia porque da rienda suelta a las energías de todo ser humano

Woodrow Wilsom (1856-1924). Político norteamericano

 

jaimelopezArturo Herrera Cornejo presentó este jueves un libro de su autoría relacionado con los ochenta años de la Dirección de Pensiones Civiles de Michoacán. Seguro será un modelo de investigación histórica, como suele ocurrir con los trabajos editoriales del buen Arturo. Habrá que leerlo con interés.

Este viernes, la oficina cumple justo ocho décadas de existencia. Creada, como refiere Arturo en su libro, como un mecanismo inédito en el país para garantizar un sistema de jubilaciones y pensiones justo para la burocracia estatal, tuvo momentos de auge, llegó a ejecutar incluso programas hasta de vivienda popular para los trabajadores de los diferentes niveles de gobierno en la entidad. Pero en ese entorno de aniversario, imposible soslayar el fraude que en la más completa impunidad instrumentaron los gobiernos de Leonel Godoy, Fausto Vallejo y Salvador Jara. Fraude, en realidad, no contra la oficina, sino contra los burócratas.

A manera de contexto, habrá que recordar que la Ley de Pensiones del Estado contempla que para garantizar la viabilidad del sistema de jubilaciones y pensiones de la burocracia, el gobierno descontará el 5.5 por ciento del salario de sus empleados y lo enviará a la cuenta bancaria del Fondo de Pensiones, además de que él mismo, el gobierno, aportará una cantidad similar.

Por años, así funcionó el modelo, razonablemente bien. Pero resulta que alguien sugirió a Leonel Godoy que tomara “prestados” los recursos retenidos a los burócratas. Así, en lugar de enviarlos a la cuenta del Fondo de Pensiones, el gobierno comenzó a apropiarse de ellos. El planteamiento era, eso sí, que se trataba de un “préstamo” y que en la primera oportunidad el gobierno devolvería el recurso. Huelga aclarar que obviamente el gobierno tampoco aportó ya su parte al Fondo.

Pero esa “primera oportunidad” jamás llegó, y el desfalco al Fondo de Pensiones alcanzó los quinientos millones de pesos, porque el gobierno de Vallejo no canceló la práctica, todo lo contrario, la perfeccionó, lo mismo en su momento que el de Jara. Si al antecesor le había funcionado bien, porqué ellos iban a modificar el esquema.

Habrá que alertar también que los sindicatos de la burocracia tampoco ejercieron mayor presión que digamos. Pese a ser los directamente afectados, porque llegó a haber momentos en que ni para préstamos de mil pesos había en caja de la Dirección de Pensiones Civiles, los sindicatos apenas levantaron la voz. Sospechosamente no exigieron jamás con acciones radicales que el gobierno en turno parara ese robo y recuperara el faltante.

A decir de Ignacio Ocampo, actual director de esa oficina, en este gobierno se reinició el esquema ordinario de aportación al Fondo tanto de lo retenido de salario a los empleados, como de la parte gubernamental. Empero, el desfalco de quinientos millones de pesos tardará muchos años en subsanarse. El año pasado, el gobierno de Silvano Aureoles aportó 150 millones, pero aunque se ha regularizado el modelo de aportaciones bipartitas, aún faltan otros 350 millones para cubrir el robo de que fue objeto la Dirección de Pensiones.

Lo grave, amén del robo en sí, es la impunidad que todo este tiempo ha habido para los funcionarios que idearon y ejecutaron el atraco. Nadie sabe a dónde fueron a parar esos 500 millones de pesos, pero tampoco nadie hay en la cárcel por el asalto a mano armado en esa oficina. En la terminología delincuencial de moda, diríamos que al menos por ocho años la Dirección de Pensiones fue objeto de extorsión abierta por parte del mismo gobierno y aunque parece haberse terminado el ilícito, nadie ha pagado por él y, por lo que se ve, nadie pagará.

Aún si el actual gobierno recuperara todo el dinero hurtado, la obligación es meter en la cárcel a los delincuentes que desfalcaron al Fondo de Pensiones. Veremos.

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