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Mediante astucias y argucias, que muy poco tienen que ver con una conducta democrática, el presidente López Obrador y su séquito buscan doblar a la Suprema Corte.

Después de operar desde la presidencia para influir en la designación del Ministro Presidente, lo que ocurrió hace nueve meses, al titular del ejecutivo no le han faltado motivos ni pretextos para ningunear, debilitar, descalificar y desacreditar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es grave, porque él ha dicho creer en la división de poderes y respetarla.

Desde que inició su encargo constitucional el gobierno de la 4T, sobre la Suprema Corte han llovido estigmas y anatemas, crótalos celestiales y otras condenas.

La presidencia y sus emisarios han dejado sentir su peso en distintos actos, eventos y resoluciones de la Suprema Corte. A veces ejerciendo presión sobre un ministro o un grupo de ministros, en ocasiones enviando mensajes crípticos o cifrados al Pleno de Ministros, otras veces (como ha sido el caso del NAIM y de Santa Lucía) abusando del “alegato de oreja” y, en no pocas ocasiones, haciendo uso del lenguaje intimidatorio del chantaje, el “dato negro” y la amenaza, como quedó ampliamente demostrado en la renuncia del ministro Medina Mora.

Es cierto que integrantes connotados del Poder Judicial, por sus trafiques bajo sospecha o su acumulación de dineros “mareados”, han dado motivos para ser señalados por el dedo flamígero de su majestad el “Mesías tropical”, o para que se desate sobre ellos la feroz persecución política -más que judicial- del mando principal del país. Jueces y magistrados, empleados y hasta choferes del máximo tribunal de la República, son objeto de la más minuciosa revisión y lupa auditora en el ejercicio de sus gastos, por parte de la “sombra vengadora” o mano purificadora(sic) y justiciera(?) de la 4T, que es el triste ´rol persecutor´ en que ha terminado Santiago Nieto, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

Los procederes torcidos y poco éticos que pudieran atribuirse a Medina Mora, a lo largo de su carrera política y judicial, no hacen de él un modelo de disciplina espartana en el servicio público. Más bien al revés: parecen hacer de él lo más cercano a un truhan que ha dañado al país a cambio de beneficiarse beneficiando a otros de la misma o parecida ralea que la suya.

Sin embargo, hay varios hechos y factores que explican la andanada persecutoria sobre Medina Mora, buscando sujetarlo por los cabellos: su vinculación con los tecnócratas, su pertenencia a las élites de Calderón y Peña Nieto y su participación en los “ligazos” de grueso calibre que antes de 2006 exhibieron a René Bejarano (ayer “el señor de las ligas”; hoy, “el señor de grandes ligas”) e impidieron el triunfo de Andrés López en la elección de aquel año.

Estos hechos y elementos, y su interpretación crítica, dejan muy claro el móvil presidencial en la renuncia del ahora exministro, a la que se hizo encuadrar, jurídicamente, en la “causa grave” que prevé el artículo 98 de la Constitución, como única razón de peso para que procediera una renuncia de este tipo.

En la defenestración del ministro renunciante hubo de todo, como se sabe muy bien en los pasillos de ese tribunal de control constitucional: disuasivos, revanchas, patadas en la espinilla, fintas intimidatorias, amagos y amenazas. La llamada que, según Loret de Mola, desde la élite del Ejecutivo llegó a Medina Mora, es de una evidencia incontrovertible: “Renuncia, o los procesos en marcha conducirán al encarcelamiento tuyo y el de tus hermanos”.

Con la renuncia de Medina Mora, el ejecutivo consumó una difícil carambola de tabla y banda, en la que cabe advertir los siguientes logros: se deshace de un ministro ajeno a la 4T, se cobra en automático lo que cree que se le debía por el pajuelazo de 2004 contra René Bejarano, conquista un sillón de la Corte para los intereses de su muy peculiar estilo de gobernar y avanza en la archiconocida intención de someter, cooptar o controlar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esto significa, para decirlo en pocas palabras, dos cosas: que una visión punitiva del otro desciende del vértice del poder al piso social, en busca de reducir a su mínima expresión el ejercicio del derecho a la diferencia; también, que poco a poco se consolida en México el desierto de la uniformidad.

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En uno de sus ocios al crepúsculo, escribió Cicerón: “¡Qué tiempos, qué costumbres!”.

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