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ERIK AVILESFinalmente, después de un largo lustro, al interior de lsa Sección 18 del SNTE, del 6 al 9 del presente mes, se realizarán las asambleas para nombrar delegados efectivos, para que los días 10 y 11 se lleve a cabo el Congreso Seccional; cuya sede está definida en Morelia, para ser más específicos en las oficinas del Comité Ejecutivo Seccional del SNTE, pero seguramente se cambiará de última hora su ubicación ante las amenazas vertidas por las cúpulas locales de la CNTE respecto a bloquear tal proceso.

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ERIK AVILES¿Están las instalaciones educativas en Michoacán debidamente preparadas para una contingencia natural, entre las cuales se encuentran las sismológicas?

Ante los recientes fenómenos naturales, la respuesta al cuestionamiento la ha dado la cifra oficial de escuelas dañadas en la entidad, así como la gran cantidad de denuncias ciudadanas y comentarios en los medios de comunicación y redes sociales, aunadas a la avalancha de quejas interpuestas ante las instancias respectivas.

Al respecto, resulta pertinente mencionar que el Gobierno Federal ha brindado las primeras estimaciones en cuanto al monto económico necesario para realizar la debida reconstrucción y reparación de los planteles dañados en diez entidades federativas, que ascienden a  alrededor de 12 mil millones de pesos para reparar o renovar aproximadamente 13 mil escuelas que resultaron siniestradas.

Esta situación se acentúa y toma matices especiales en la entidad dado que muchas escuelas públicas no están construidas debidamente, ya que por principio de cuentas, la gran mayoría fueron construidas por la necesidad de las personas que recién habitaban una nueva unidad habitacional o comunidad, por lo que muchas escuelas están construidas con materiales precarios sin esperanza pronta de dignificarse, ya que ni siquiera cuentan con la certidumbre de la posesión legal del terreno que ocupan, por lo que no son susceptibles de que se radiquen recursos de las instancias encargadas de construir infraestructura física educativa en ellas.

En paralelo, muchas escuelas privadas, lamentablemente, no cuentan con instalaciones dignas. En su mayoría son muy pequeñas y carentes de espacios recreativos y áreas deportivas que cumplan con las medidas reglamentarias, por lo que la comunidad escolar las tiene que emplear por turnos muy acotados.

Hay algunos planteles de esta modalidad de sostenimiento que llegan al descaro de emplear la unidad deportiva pública de enfrente o un terreno baldío para impartir educación física, obteniendo por supuesto, ganancias producto de las colegiaturas percibidas a partir del usufructo de un bien público.


El sismo nos ha marcado como generación y es a partir de ahora inaplazable que se tomen las medidas pertinentes para que no ocurra una tragedia producto de un fenómeno natural, pero también, para aprovechar  y reestructurar los planteles en torno al derecho a aprender de los niños y jóvenes michoacanos, para lograr que en plantel educativo alguno exista un solo ladrillo mal colocado o faltante que lesione la dignidad de los estudiantes o limite su derecho a aprender.

Por principio de cuentas, es necesario que cada plantel cuente con los debidos dictámenes de protección civil, para que se cuente con un diagnóstico oficial que en caso de ser necesario, se profundice mediante la intervención de peritos en la materia el análisis estructural de los edificios educativos y sus recomendaciones seguidas al pie de la letra por parte de las autoridades competentes.

Es necesario abundar que en Michoacán acentúa la problemática en materia de infraestructura educativa, la falta de información censal, exhaustiva y con año base de referencia. Lamentablemente, el Censo Nacional de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) no tuvo la cobertura debida en Michoacán. Debido al bloqueo promovido por la Sección XVIII de la CNTE y que quedó impune como consecuencia de la omisión y pasividad de la autoridad educativa de aquel entonces, ahora padecemos las consecuencias de no tener la información precisa ni periódica respecto al verdadero estado de la infraestructura educativa, ni un año de referencia comparable con el resto de las entidades federativas con el que deberíamos contar a partir del CEMABE.

Menos de la mitad de las escuelas michoacanas participación en el CEMABE, acumulando apenas un 47 por ciento, siendo el antepenúltimo lugar nacional en este sentido. En las cifras de los planteles que sí participaron se aprecia que la gran mayoría de los rubros están escasamente cubiertos, contándose con indicadores inaceptables respecto a señalización en cuanto a rutas de evacuación, puntos de reunión y salidas de emergencia, lo cual exhibe que las escuelas censadas no se encuentran preparadas ante una contingencia sismológica de gran magnitud ni han sido debidamente supervisadas al respecto, por lo que debe de haber una gran coordinación interinstitucional para diagnosticar y con ello, estar en condiciones de determinar las acciones preventivas y correctivas a emprenderse.

En ese contexto, sorprende el anuncio de suspensión temporal de la evaluación docente, ordenada por la SEP y el INEE. Sin duda es un posicionamiento que resulta ambiguo e incompleto, ya que no estuvo acompañado de una explicación fehaciente que permitiera que lo que podría aplaudirse como una postura flexible fuese sostenida sin elucubraciones de por medio.

Debido a que esta medida fue difundida sin el contexto ni el sustento metodológico definido, ya hay quienes festinan la suspensión de la evaluación docente como un triunfo propio, ya que se dio la coincidencia de que las afectaciones sismológicas fuesen precisamente en las entidades federativas donde tiene mayor presencia la CNTE, hecho que no debería ser interpretado más allá de una casualidad, pero que ante la pérdida de credibilidad de las cúpulas de la mencionada organización y su desmesurada necesidad de legitimación, han recurrido a colgarse del comunicado oficial para festinar la suspensión temporal como un logro propio ante sus bases.

Por lo anterior, la argumentación de parte del INEE debe ser categórica para que se desvanezca la versión que señala que fue una acción oportunista el aprovechamiento de la coyuntura sismológica para evitar cumplir con una responsabilidad difícil de solventar o peor aún, que fue una medida electorera.

De antemano es preciso subrayar que no es procrastinando la evaluación docente como habría de mejorar la coyuntura electoral para la actual administración federal, sino cumpliendo y haciendo cumplir la ley, de acuerdo al contexto específico que las circunstancias estrictamente de fuerza mayor acoten.

En caso de no aclarar profusamente el comunicado emitido, resultaría inevitable visualizar la posible presencia de un factor político-electoral en relación con la medida tomada, ya que posponer la evaluación después de las elecciones federales de 2018 y a solamente dos meses del relevo gubernamental aparenta ser una simple medida táctica para aplazar el costo político que pudiera acarrearle la aplicación de la evaluación docente.

Desde Mexicanos Primero Michoacán decimos no a la suspensión desacotada e indiscriminada de la evaluación docente, que daña el derecho a aprender de los niños y jóvenes y a la vez se presta a interpretaciones perversas y faltas de sustento, de las cuales los actores político-sindicales sin duda obtendrán ganancia. Por ejemplo, en Michoacán, tanto la geografía como las condiciones de la infraestructura educativa son desiguales, lo cual se reflejó en las afectaciones derivadas del sismo del 19 de septiembre, ya que, si bien hubo cientos de escuelas afectadas en la entidad, también es cierto que hubo miles de planteles que no sufrieron afectaciones, por lo que por parte del INEE deben generarse y difundirse criterios definidos para conocer si en determinada escuela se pospone la evaluación docente o no. Un primer indicio de la necesidad de postergar el proceso evaluativo debe partir del dictamen de protección civil respecto al estado de la infraestructura de cada plantel educativo.

Al respecto, tanto las autoridades estatales deben tomar cartas en el asunto y proponer a la SEP y al INEE que se expliciten criterios objetivos, escuela por escuela para suspender o continuar con el proceso evaluativo, ya que ello difuminará los mitos que los grupos fácticos intentan consolidar, en detrimento de la rectoría de la educación estatal.

Más aún, por extensión, sería un gran logro que la Secretaría de Educación Pública y el INEE definieran conjuntamente un protocolo de suspensión temporal de los procesos educativos por causas de fuerza mayor, para que no sea de manera discrecional la toma de decisiones, sino conforme a un reglamento debidamente acotado, que proteja el derecho a aprender de los estudiantes y los derechos de los maestros, que garantice la administración transparente y efectiva de los recursos educativos.

Lo más preocupante es que, a la fecha, se aprecia la falta de un programa de soporte y apoyo socioemocional que debería de formular e instrumentar la Secretaría de Educación en el Estado en todas las comunidades de aprendizaje, la cual debe ser una alta prioridad en la política pública educativa, ya que para poder haciendo efectivo el derecho a aprender de los niños y jóvenes michoacanos es menester garantizar que puedan asimilar de la mejor manera posible  los eventos naturales de gran magnitud y que puedan encontrarse en condiciones que les permitan reincorporar su atención al proceso de enseñanza-aprendizaje. Al respecto, Mexicanos Primero ha emprendido una campaña a nivel nacional al respecto, en donde se elaboró un decálogo de atención a los niños, el cual promueve la concientización de que debemos centrarnos en ellos y atenderlos debidamente. Esto se difunde mediante el hashtag #AntesNiñosQueLadrillos y se incluyen numerosos materiales de apoyo para los docentes, estudiantes y padres de familia, de libre acceso en el sitio web http://www.mexicanosprimero.org/index.php/actua-se-parte-del-cambio/ciudadanos/campanas-e-iniciativas/antes-ninos-que-ladrillos

Este es el momento para que levantemos la voz al respecto, para que el movimiento telúrico sirva para hacer las cosas extraordinariamente bien en la infraestructura educativa estatal, tanto pública como privada, poniendo orden y erradicando todo ápice de corrupción, omisión, abandono y lucro indebido, que indefectiblemente acabarán pagando los michoacanos, pero siempre poniendo en el centro de cada acción, garantizar el derecho a aprender de los niños y jóvenes michoacanos.

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ERIK AVILESSin duda, el Gobierno del Estado y la gran mayoría de los actores clave de Michoacán han emprendido desde sus ámbitos de influencia grandes esfuerzos que han permitido la realización de las primeras acciones en torno a implementar el estado de derecho en el sistema educativo de la entidad.

Sin embargo, independientemente de que los procesos educativos continúen su marcha natural conforme a la propia inercia que el sentido evolutivo social les imprime, así como de que se estén realizando una gran cantidad de acciones del gobierno federal y estatal por implementar la normatividad aplicable en materia educativa, la Sección XVIII de la CNTE vuelve a poner en marcha su maquinaria de presión, usando como moneda de cambio la educación de nuestros hijos y los derechos de los maestros.

El método de la CNTE está muy estudiado y consiste en contradecir tanto las acciones como el discurso oficial para acrecentar la indignación y el encono social existentes para lograr una posición de poder y finalmente capitalizarla, al negociar con la autoridad los recursos que requiere para satisfacer el insaciable metabolismo de sus cúpulas.

Esto no es nuevo en absoluto, ya que su consabida consigna “movilización-negociación-repliegue-movilización” es una rampante y perversa mutilación de la ruta establecida por el teórico socialista ruso León Trotsky (1879 - 1940) en sus escritos, tergiversada para ganancia de las cúpulas centistas. Una vez habiendo logrado generar movilización de bases, en lugar de propiciar una revolución para la transformación social, el proceso se detiene en la mesa de negociaciones, para replegarse, botín en la mano y repetir el proceso ad infinitum. Como resultado, los beneficios los administra la cúpula y la justicia social jamás se manifiesta, al ser el proceso revolucionario invariablemente abortado y devorado por su implacable progenitor.

No hay lucha de contrarios al estilo de la CNTE, ya que su contradicción no debate, no es dialéctica ni le interesa concitar la construcción de una síntesis, ni tampoco el eclecticismo ni una posición conciliatoria; solamente genera su propia versión, su cosmovisión, su realidad paralela, su alternativa, su mundo CNTE, en donde impera su razón y verdad absoluta. Para el pensamiento unívoco no hay nada más peligroso que el contraste de ideas, por lo que permanecen al margen del mismo.

Es debido a lo anterior que las sillas en espacios plurales de expresión, tales como consejos, mesas de análisis, foros y paneles de discusión dispuestas para sus representantes se encuentran en la enorme mayoría de las ocasiones, vacías. En cambio, prefieren verter su cosmovisión exclusivamente en aglomeraciones diseñadas a modo para el adoctrinamiento.

Es en ese contexto que su modus operandi se entiende: las contradicciones naturales de lo público son sistemáticamente magnificadas para victimizar al que conceptualmente es más débil; con la intención de ridiculizar y denostar a quien detenta el poder sin evaluar realmente su gestión gubernamental. Podemos dimensionar la perversidad de la alimentación artificial de un movimiento de esta índole, que solo golpea, solo choca pero no propone.

No hay ápice de auténtico cambio social en esta contrarrevolución conservadurista. Es por ello que los estudiantes bajo su yugo no reciben más ni mejores clases que sus pares del resto de la nación, que los maestros continúan padeciendo la precarización de su estilo de vida, que las banderas de reivindicaciones sociales legítimas se arrían mesa tras mesa de negociaciones, mientras la sociedad padece en carne propia el detrimento de su prosperidad y calidad de vida que le imprimen la educación pobre en cantidad y toda clase de indicadores, el quebranto y saqueo a las finanzas públicas y el trastocamiento al orden y a la armonía social, entre otras consecuencias del accionar de la CNTE.

Es por la ya señalada dinámica de la contradicción táctica que nunca se aterriza la inconformidad enarbolada por la CNTE en quejas ante organismos de transparencia locales, nunca se presentan denuncias ante los organismos de derechos humanos nacionales, ni se exigen cuentas a través de los órganos de control gubernamentales. Eso no sirve ante sus ojos, porque es valerse de las propias herramientas del sistema para hacer valer los derechos y ello resultaría, en su visión, legitimador del gobierno y de sus instituciones.

Ahora, en esta improvisada pero iracunda jornada de lucha que entablan, echando toda la carne al asador, las cúpulas de la CNTE plantean una serie de acciones que rayan en el absurdo con tal de mantener sus cotos de poder. Ejemplo en Oaxaca es el oficio No. 54 que emite la Sección XXII, en donde impide la presencia de las autoridades de CONAFE en las escuelas bajo su control para inventariar los daños causados por los recientes sismos. Esto no es sino una jugada de tres bandas, que impide la acción gubernamental, somete aún más a los padres de familia y convierte en intermediarios a los líderes de la CNTE, por lo cual se convierte en triplemente reprobable, ya que limitan la reparación de los desperfectos en los planteles, así como el restablecimiento de las actividades cotidianas en las aulas y con ello, vulneran el derecho a aprender de los niños y jóvenes de aquella entidad federativa.

No puede dejarse de lado el factor del calendario de protestas cíclicas en el país, ya que se avecina de cualquier forma la temporada de presión hacia el Gobierno del Estado. Es sabido que hay fechas como la del 26 de septiembre o el 2 de octubre en las que siempre hay acciones de presión testimoniales por parte de la CNTE. Haber antepuesto el II Informe de Gobierno del Ing. Silvano Aureoles a esas fechas habrá de generar una temporada de protestas de casi tres semanas de duración en Michoacán y habrá que tenerlo muy en cuenta.

Especialmente, vale la pena considerar que la andanada de la CNTE viene en diversos ámbitos y busca por todos los mecanismos a su alcance doblegar a la autoridad establecida para obtener la máxima ganancia posible. Una de las acciones más malintencionadas por parte de la CNTE es el enlistado de posibles acuerdos con el Gobierno del Estado, lo cual rompería un posible tácito pacto de secrecía del mismo.

Los acuerdos que difunden entre sus bases y al dominio público son resultado de un encuentro entre funcionarios del Gobierno del Estado, incluyendo al Ing. Silvano Aureoles, el Mtro. Alberto Frutis y secretarios de Gobierno y de Finanzas, sostenido con representantes de la CNTE, en Casa de Gobierno, efectuada el pasado lunes 11 de septiembre, en seguimiento a una mesa de negociación anterior, realizada el 10 de agosto en donde se acordaron resolver 27 puntos o acuerdos expuestos por la Sección XVIII, entre los que destacan la resolución de las bajas de maestros causadas por irregularidades en el formato 911, la reactivación de pago de plazas provenientes la doceava etapa de jubilación, su compatibilización con turnos vespertinos, descompactación de claves y la resolución del rezago intrínseco, la contratación y pago de la generación 2014 y recientes de normalistas y egresados del CAMM, entrega de claves a supervisores, el pago de personal eventual, certificación, impresión de libros alternativos de la CNTE, del denominado PDECEM, pago de bonos pendientes, contratación de las generaciones recientes, la compra de 25 vehículos para la CNTE; la realización de la treceava etapa de jubilación conforme a sus intereses, la resolución del tema de claves duplicadas conforme a sus criterios; así como el pago del seguro de Metlife y Pensiones Civiles del Estado, el pase de lista del FONE y pago de renta de espacios para CENDIs entre otros temas. Muchos de los mismos son rezagos añejos y demandas legítimas, pero otros son totalmente extralegales y en caso de darse violarían la normatividad aplicable en la materia.

Por todo lo anteriormente reseñado, no se puede dejar pasar el hecho de que la Sección XVIII de la CNTE difunda una vez más un listado amplio de supuestos acuerdos entablados entre ellos y el Gobierno del Estado.

Esta posible minuta, en caso de ser falsa resultaría sumamente perversa su difusión, ya que implicaría una vez más la intención de desinformar a los ciudadanos y a los maestros, con la finalidad de presionar al gobierno con mentiras, lo cual no es novedad entre la CNTE, que ha basado su modus operandi en interpretaciones sesgadas de la realidad con la finalidad de desestabilizar al sistema educativo.

En caso de ser ciertos los acuerdos, resultaría ser esta supuesta minuta un rosario de extralimitaciones, de actos de corrupción y de desvío de recursos que merecerían la intervención de las autoridades.

Por tales motivos es imperativo que el Gobierno del Estado y especialmente la Secretaría de Educación en el Estado desmientan categóricamente el posicionamiento de la CNTE donde difundan estos acuerdos. En caso de que exista un acuerdo extralegal, también se requeriría la intervención inmediata de la autoridad para desconocer y dejar sin efectos cualquier documento firmado en los inaceptables términos ya mencionados, ya que dañaría al erario y generaría daños irreversibles al

derecho a aprender de los niños y jóvenes michoacanos, así como lesionaría los derechos de miles de maestros de la entidad, tanto quienes se encuentran laborando en la SEE como de aquellos que aspiran a ingresar al servicio profesional docente estatal.

En la medida en la cual las autoridades logren romper el cerco de intermediarismo que ha conformado la CNTE con los maestros y resolver sus ingentes necesidades, podrán tejer gobernanza desde la base y restablecer la relación con ellos.

Un ejemplo rotundo de un área de oportunidad donde la SEE tiene mucho por ganar es con el trato a los profesionistas ya acreditados como idóneos en el examen de ingreso al servicio profesional docente.

Recientemente, en Michoacán se rechazó la contratación de profesionistas que ya lograron demostrar su idoneidad en un examen, por no contar supuestamente con el perfil profesional requerido, ya que en la convocatoria se especificó que exclusivamente darían paso al ingreso en el servicio profesional docente estatal a licenciados en educación primaria, limitando injustificadamente la convocatoria respecto a otras entidades federativas y propiciando una situación problemática que permite que una vez más, la provocación de la CNTE aparezca en el sistema educativo estatal y arrebate sus recursos para repartirlos entre sus incondicionales, a manera de exámenes exclusivos para normalistas.

En la medida en que la autoridad solucione este tipo de situaciones absurdas y logre entablar una relación directa con los maestros, quienes deben ser contratados abiertamente, antes que ceder totalmente a las exigencias de la CNTE, realizándose concursos de oposición a conveniencia. Si se logra contener con apertura y transparencia que los problemas se acumulen, estaremos transitando a otro nivel de aplicación de la ley.

En caso contrario, la autoridad continuará incrementando el encono social entre quienes respetan la ley, al marginar a quienes buscan meritocráticamente hacer valer su derecho a ejercer su vocación docente y a la par lidiando con las exigencias absurdas e incrementales de las redes de la CNTE, cuya cúpula jamás por motivo alguno renunciará a aplicar el método de la contradicción para acumular control, poder y recursos medrando de la educación pública.

Es tiempo de generar el punto de inflexión al respecto cumpliendo y haciendo cumplir la ley.

Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanospri>

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