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ERIK AVILESA nivel global se reconoce que la gobernanza es un factor importantísimo para catalizar o ralentizar los factores de desarrollo humano. Empero, en nuestra nación ha permeado lentamente en las esferas gubernamentales, en donde persiste la visión obsoleta de generar primero condiciones de gobernabilidad para las autoridades en sus respectivos ámbitos de ejercicio de la función pública, lo que lleva a soslayar la construcción de un gobierno colaborativo, abierto y transparente.

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ERIK AVILESDesde hace más de dos décadas, en Michoacán existe la costumbre de firmar minutas entre el Gobierno del Estado y la CNTE, con la finalidad de lograr acuerdos temporales de respaldo político mutuo, simulando paz y gobernabilidad artificiosas;  a cambio de ello, la mencionada organización sindical arrebata millones de pesos destinados a la educación de los michoacanos, así como el control de procesos y áreas enteras de la Secretaría de Educación en el Estado. Esta clase de medidas han resultado funestas para la calidad educativa estatal, así como para sus finanzas, siendo la principal razón del endeudamiento estatal que actualmente padecemos. Debido a que recibir recursos y canonjías no le genera responsabilidad alguna a la CNTE, pero en cambio a la autoridad sí, ésta siempre ha intentado que esta clase de componendas extralegales permanezcan en secrecía. En contrapunto, dada la necesidad de mantener movilizadas a sus huestes, las cúpulas sindicales se encargan de difundir cuanto antes y de la manera más detallada posible, los compromisos arrancados al gobierno del estado, a manera de botín. Por las razones citadas, desde hace dos décadas y hasta el día de hoy, la CNTE ha sido veraz cada ocasión que ha anunciado haber minutado con la autoridad.

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ERIK AVILES

El día de ayer, en la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación presentó una iniciativa ciudadana de modificación a los artículos 3° y 73° constitucionales. La iniciativa, elaborada al alimón entre legisladores del PRD y la Dirección Política Nacional de la CNTE, contó con la paralela recolección de firmas para apoyar esta serie de modificaciones legislativas; es decir, los firmantes avalaron a la ciega un proyecto que desconocían.

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ERIK AVILESA diecisiete meses de iniciada la actual administración estatal, aún nuestro sistema educativo no ha logrado superar una gran cantidad de problemas. Es sin duda el rubro más doliente y requiere trabajo febril e incansable para resolver las enormes carencias acumuladas tras décadas de olvido, de corrupción y omisión. No hay forma de realizar treguas, ya que las métricas de la educación estatal que reflejan abandono continúan mostrando una situación alarmante, que requiere intervención contingente y transversal ya que sus efectos nocivos se reflejan en materia de seguridad, de la política migratoria, en cuanto a finanzas públicas, desarrollo económico, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, ciencia, tecnología e innovación, entre muchos otros ámbitos. Es la educación de calidad, la piedra de toque para resolver nuestras dolencias colectivas y a la vez, en sentido contrario, el nodo donde confluyen los males.

Las denuncias continúan acumulándose ante las instancias garantes del derecho a aprender de los michoacanos;  la corrupción e impunidad no se han erradicado del todo de nuestro sistema educativo estatal. Los grupos de interés al interior de la Secretaría de Educación en el Estado continúan pujando por seguir haciendo prevalecer su ideología y sus mecanismos de control de los procesos. Es impensable permanecer impávidos ante las situaciones que se describen día a día en las planas de los diarios. Más aún, ya habiéndose asumido la responsabilidad de transformar nuestro sistema educativo, no hay tiempo para descuidar el camino que se ha emprendido y sobre del cual se han dado los primeros pasos. El trabajo todo lo vence y cuando los resultados del mismo sean de calidad, dignos y decorosos, al mostrarlos al resto de la nación convencerán a propios y a extraños de que verdaderamente el modelo administrativo y político emprendido desde Michoacán vale la pena y merece ser replicado y multiplicado en el resto de la nación. Mientras esto no suceda, vale la pena no desesperar y seguir perseverando en el esfuerzo cotidiano por cumplir y hacer cumplir la ley en el ámbito educativo, generando ejemplaridad y tocando conciencias para que se sumen los michoacanos a un movimiento transformador desde nuestro sistema educativo.

Especialmente, la gobernabilidad de nuestro sistema educativo es sumamente precaria, con fallas sistémicas y falencias que datan del siglo pasado. Volver a desestabilizarlo, a pesar de todos los recursos invertidos, incluido el capital político, sería un lamentable retroceso a la barbarie.

Más allá de los vientos políticos que soplen a nivel nacional y de la refriega interna que pueda existir en algún partido político, corren riesgo la autoridad, el principio de orden y una naciente gobernanza en el ámbito educativo, lo que ha costado centenares de miles de millones de pesos aplicados ineficientemente y millones de michoacanos recibiendo educación precarizada durante las últimas tres décadas, lo que ha truncado sus sueños y deseos, llenando de frustración y de miseria a nuestra entidad.  Necesitamos continuidad y seguimiento, así como una autoridad firme, puesto que Michoacán no puede ni merece ser considerado un escalón, ni una moneda de cambio, que se preste a generar posicionamientos políticos a nivel nacional en un partido político, que no está por encima de las aspiraciones y anhelos de los michoacanos.

En nuestro sistema educativo perviven responsabilidades de tiempo completo por ejercerse a plenitud; por lo que si es necesario realizar fintas políticas,  hay que tener cuidado en que no haya sobresaltos en Michoacán, porque los márgenes de operación en su sistema educativo son escasísimos, a la par que las necesidades de mejora son enormes, entonces más vale que el poder ejecutivo michoacano arrope con toda su fuerza el desarrollo de la educación estatal, antes que descuidar esa posición en aras de resguardar o incluso, desear alcanzar otra. Dar un paso a la vez puede llevar a corresponder plenamente a la confianza depositada de los michoacanos, la cual en sí misma constituye a su vez, el más alto honor que puede recibir un funcionario michoacano y es la mejor campaña posible.

Ojalá algún día fuese noticia en cadena nacional el deseo vehemente por transformar la educación estatal y en ella estén dispuestos a participar actores e instituciones políticas de otras entidades federativas, arropando una cruzada de esa magnitud, pero que no sea el intrínseco descuido de nuestra educación ante una posible ausencia de autoridad, lo que modifique la incremental percepción social de una naciente rectoría de la educación estatal.

Definitivamente, la aspiración, no de uno, sino de 5 millones de michoacanos, dentro y fuera de nuestro territorio geográfico recae casi exclusivamente en el sistema educativo estatal.  ¡Que no haya distracciones!

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ERIK AVILESEl sistema educativo estatal se encuentra en una situación financiera muy complicada, debido al abandono, mala administración y corrupción que contribuyeron durante décadas a generar el actual escenario, completamente ilógico, injusto e inaceptable. Por principio de cuentas, en este año, desde ahora es seguro que la Secretaría de Educación en el Estado una vez más estará trabajando con recursos subpresupuestados, es decir, al finalizar este ejercicio estarán pidiendo recursos extraordinarios, apoyo y salvación al Gobierno del Estado, al Congreso Local y a la Federación para lograr cerrar el 2017 sin adeudos sustantivos. Esto se deriva del hecho de que durante 2016 contaron en la SEE con 20 mil 974 millones de pesos y en este año solamente habrá 20 mil 789, lo que resulta inconsistente con las crecientes necesidades del servicio educativo, por lo que la subpresupuestación, a menos que exista un esfuerzo realmente milagroso en el ejercicio del gasto estatal y en la gestión de recursos ante la federación, seguramente se convertirá en déficit financiero que será solventado como es costumbre: con más deuda pública y desprotegiendo otras áreas de la administración pública.

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