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ERIK AVILESDespués de varios meses sin que mejore la situación financiera de la mayoría de las instituciones públicas del sistema educativo estatal, sus perniciosos efectos colaterales ya impactan seriamente los derechos humanos de los michoacanos.

Especialmente, son pisoteados el derecho a aprender de más de un millón 400 mil estudiantes,  la seguridad de decenas de miles de trabajadores de la educación de recibir percepciones salariales, así como la parálisis de movilidad vial que afecta a la sociedad entera, entre otras garantías individuales y colectivas, entre otros derechos, todo como consecuencia de una problemática cuyo origen inmediato es la falta de recursos en la entidad federativa.

Con base en la situación descrita, varios sindicatos magisteriales -cuya principal razón de existir es defender los derechos laborales de sus agremiados y entablar una relación de representación colectiva ante la parte patronal- han determinado radicalizar acciones para protestar ante la injusticia cometida por el Gobierno del Estado.

Específicamente, las tomas y cierres de planteles educativos, los paros de labores, las acciones de protesta en espacios y vías públicas, los paros de brazos caídos y la persecución hacia docentes que continúan manteniendo una relación de tutoría con los estudiantes bajo su encargo han resultado ser acciones particularmente lesivas para la sociedad michoacana en general.

El proyecto de futuro de la educación estatal, su viabilidad, su imagen y su trascendencia hacia la formación integral de las generaciones jóvenes están en vilo.

Por si fuera poco, el factor político gravita cada vez más conforme avanza paralelamente el proceso electoral. La denostación, la mala fama, las acusaciones, la diatriba, las posturas ambiguas y la actitud expectante y oportunista de diversos actores político-partidistas, así como de grupos de interés encunados al seno del sistema educativo estatal añaden efervescencia a una problemática que debe ser solucionada cuanto antes.

El pago de los adeudos acumulados con el magisterio es un hecho que no debe estar a discusión. El que el sistema educativo no se detenga, tampoco debería estarlo.

Resulta especialmente sospechosa la falta de ejercicio de controles administrativos para que continúe la regularidad en los planteles educativos. Tal pareciera que el descontrol y el caos, la propia protesta, favorece a quienes deberían de ejercer su autoridad.

Paralelamente, la consabida y mandatada reingeniería integral del sistema educativo, instruida por la LXXIII Legislatura del Congreso del Estado para depurar el ejercicio del gasto, no se ha cumplido sin que a la fecha existan procesos de responsabilidades administrativas al respecto para funcionario alguno.

En el caso específico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se presentó un programa de austeridad por parte del Dr. Medardo Serna González, que estipula economizar 120 millones de pesos al año, cifra que abona pero que no resuelve aún la situación, ni constituye una reingeniería en sí, sino un largo listado de medidas de contención del gasto corriente que en sí constituyen un acto digno de reconocerse, pero que requiere en el corto plazo de la implementación de acciones y medidas de austeridad que vayan mucho más a fondo que las instrumentadas en 2017, a fin de permitir la optimización de los recursos económicos de la casa de estudios, al tiempo de generar las condiciones adecuadas para entablar la negociación con los sindicatos nicolaitas, quienes mantienen un tono de exigencia muy elevado basamentados en la legitimidad del reclamo ante el impago a sus agremiados.

En este escenario, se precisa de un programa más ambicioso, con medidas que permitan más ahorros a partidas suntuarias, que no generen afectación a las actividades sustantivas de nuestra máxima casa de estudios de la entidad y la región.

Por ejemplo, análogamente al decreto que indica que entre los funcionarios federales ninguno puede percibir un salario mayor que del Presidente de la República; en Michoacán y específicamente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, podría promoverse que ningún servidor público gane más que el Gobernador del estado, lo que representa al momento un máximo de 88 mil pesos mensuales. Acotar de esta manera los salarios de los funcionarios nicolaitas enviaría un claro mensaje de solidaridad y corresponsabilidad con la situación financiera a todos los trabajadores de la institución, pudiendo servir, además de generar cierto ahorro, como muestra de buena voluntad para realizar el proceso de negociación.

Aunado a lo anteriormente mencionado, el recorte draconiano del personal de estructura en la UMSNH es inaplazable, ya que actualmente cuenta con cerca de 212 trabajadores de esta índole para la atención de 54 mil estudiantes, mientras que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) dispone de solamente 143 empleados para atender a 1 millón 400 mil estudiantes, exhibiendo tal contraste la obesidad mórbida imperante en cuanto a la cantidad de mandos medios y directivos en el organigrama nicolaita.  La UMSNH tiene un funcionario por cada 254 estudiantes, mientras que la SEE, que dista mucho de ser el mejor ejemplo administrativo en la materia, paga un servidor público de esta índole por cada 9 mil 790 estudiantes. 

Por ello, retomando el Programa de Austeridad ya en vigor, debe de acentuarse su progresividad reduciendo o eliminando gastos por conceptos como viáticos, vehículos automotores, prestaciones privilegiadas al personal de confianza y contratación de personal de apoyo por honorarios, así como mejorar la gestión ante la Federación, debido a que la UMSNH se le otorga un subsidio anual de apenas 55 mil pesos por alumno, en tanto que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibe más de 130 mil pesos por alumno. Ello manifiesta la desigualdad y abandono históricos a los que la universidad nicolaita ha sido reducida por la Federación  y el Gobierno del Estado respecto al garantismo del derecho a aprender de los michoacanos.

En suma, en aras del bien superior a preservar en el sistema educativo estatal, que es el constitucional derecho a aprender de los estudiantes michoacanos, deben de liquidarse a la brevedad todos los adeudos con los trabajadores de la educación, especialmente los que están referidos a percepciones ya devengadas.

Los maestros son los garantes del derecho a aprender de los estudiantes en cada aula, por lo que el impago gubernamental deja en situación de virtual indefensión a los niños y jóvenes michoacanos al respecto.

Independientemente de las medidas que la parte patronal pueda llegar a tomar para sostener las actividades académicas en los planteles, es prudente también como sociedad michoacana invitar y apelar a la comprensión del gremio educativo para que no dejen de ejercer su vocación docente a pesar de la situación. Todos somos pueblo y debemos de impulsar que la educación continúe sucediendo regularmente a pesar de la grave omisión gubernamental. Apelando a su vocación, su presión gremial debería realizarse sin afectar a terceros aunque los trabajadores estén siendo agraviados. Por supuesto,  sumamos la exigencia de Mexicanos Primero Michoacán a la de los trabajadores de la educación para que  cuanto antes se les paguen sus percepciones.

Es prudente señalar que los sindicatos deberían de avocarse exclusivamente a hacer valer los derechos de los maestros, entablando una ruta jurídica para que se les pague a la brevedad a sus representados y dejar de emplearlos como músculo político para impulsar su agenda confidencial que solamente beneficia a las cúpulas. Es momento de que den resultados a sus base como gestores y defensores del derecho de los trabajadores de la educación y dejen los intereses políticos a un lado.

El enfoque de gestión de crisis y de control de daños debe prevalecer, pero colocando el bien mayor al centro. Esperemos que se pueda conciliar y mediar con la altura que la situación amerita para resolver rápidamente y de la mejor manera posible esta penosa circunstancia que debe de erradicarse de una vez por todas del horizonte de nuestra educación estatal. ¡No al paro; sí al pago!

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ERIK AVILESEste 2018 debemos de construir nosotros mismos la esperanza educativa. Nos ha quedado claro como pueblo que la educación es demasiado importante y trascendente como para dejarlo en manos de la partidocracia, que sin la participación ciudadana ha demostrado muy pocas acciones generadas motu proprio para el desarrollo educativo nacional.

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ERIK AVILESNunca antes en la historia de México el tema educativo había tomado un papel tan preponderante en la agenda pública. Durante el último lustro ha sido la sociedad civil la que ha definido que así suceda y ha situado los reflectores sobre el sistema educativo, sus leyes, sus actores y sus procesos.

Derivado de lo anterior, ineludiblemente, hoy todos los actores políticos hablan de educación, quienes reiteradamente, desde sus particulares acotaciones normativas, posturas ideológicas, plataformas políticas y entramados de intereses, subrayan su compromiso verbal con el sector.

Más allá del discurso, el actuar congruente debe ser acompañado con los hechos, sin soslayar que hacer proselitismo a la usanza mexicana es, en buena medida, expedir cheques de saliva y sin fondos; en cambio, gobernar implica, entre muchas otras labores, presupuestar dignamente y ejercer con austeridad y transparencia.

En Michoacán, las finanzas educativas se encuentran en una situación crítica, el caso de la Secretaría de Educación en el Estado, en déficit constante, al igual que los subsistemas descentralizados y la UMSNH, lo cual ya es un escándalo de alcance nacional.

Debido a que los adeudos del sector educativo son compuestos en su enorme mayoría por salarios ya devengados, los cuales plenamente exigibles judicialmente, la autoridad no debe perder tiempo y fracturar más la relación con los trabajadores de la educación, principales artífices del desarrollo educativo estatal.

A manera de ruta de trabajo, se deben de identificar tres etapas en la construcción de una solución integral, de fondo y largo aliento para dotar de solvencia financiera a nuestro sistema educativo estatal.

La primera de ellas es la consecución de recursos suficientes para pagar los adeudos con el magisterio, que deben provenir de las economías generadas por subejercicios durante el 2017, tanto a nivel federal como estatal. Cerrar el actual ejercicio implica no permitir por motivo alguno que amanezca el 2018 con adeudos en materia educativa. Por supuesto, no habría que descartar que el Poder Legislativo puede también ser solidario, renunciando o moderando  gastos suntuarios, aguinaldos exorbitantes, entre otros rubros, para posteriormente canalizar tales montos hacia subsanar la precariedad en que se encuentra nuestro principal motor de movilidad social y desarrollo. Asimismo, a manera de mecanismos de fondeo para el sector educativo, los recursos destinados a los partidos políticos deben ser replanteados y posteriormente redireccionados,  así como los montos destinados para gastos suntuarios de los funcionarios. A la par, el sistema educativo debe recibir de inmediato el producto del subejercicio de otras dependencias, para insuflarle viabilidad en el corto plazo.

Por supuesto, que debe de haber corresponsabilidad para lograr conformar una solución integral, por parte de las autoridades educativas. No debería de haber debate ni resistencia alguna en cuanto al irreductible deber de transparentar y auditar cada peso que se gasta en educación, como por extensión, tampoco en sector público alguno. De esta manera se contaría con la certidumbre total de que nuestros impuestos se invierten debidamente. Sin embargo, la fiscalización y la transparencia no garantizan que el gasto siempre sea plenamente justificado en el rubro educativo. Debe revisarse detalladamente cada concepto, capítulo y partida para poder contar con un esfuerzo corresponsable de parte de las autoridades educativas en torno a sanear las finanzas de las dependencias bajo su temporal encargo, para erradicar la desinformación que cunde al respecto en materia de personal que no devenga debidamente su salario, gastos suntuarios, tales como el pago de personal auxiliar y asesores innecesarios, gastos de ceremonial, viáticos, alimentos, publicidad, vehículos utilitarios que no son tales, así como el otorgamiento de prestaciones excesivas hacia las cúpulas de las expresiones gremiales, grupos fácticos y sindicatos, las cuales invariablemente jamás llegan a manos de la base trabajadora ni estudiantil.

La segunda etapa consiste en garantizar un presupuesto digno y suficiente para el sistema educativo estatal.  Las autoridades estatales, federales, así como los diputados locales y federales deben hacer un esfuerzo mucho más comprometido con elevar los montos en cuanto al gasto educativo para una entidad como Michoacán, para garantizar el derecho a aprender del pueblo mediante el sistema de educación pública, el cual es el canal constitucional para implementar lo mandatado en el Artículo Tercero Constitucional.

El gasto promedio en estudiantes de educación superior en Michoacán es inferior a la media nacional. Especialmente, centrémonos en lo que respecta a la UMSNH, que recibe dos de cada cinco pesos por alumno que se entregan a la UNAM, por citar un ejemplo.  Para lograr que el 2018 sea un año tranquilo en materia de finanzas educativas es imprescindible reconocer el presupuesto real del sector. Diputados y funcionarios deben tener el valor de asumir el costo político de semejante decisión y deben de abandonar prácticas medradoras, ya que cuando se ven prácticamente obligados a apoyar a la educación, inmediatamente envían sus comunicados asumiendo la paternidad de tales medidas, pero cuando hay que actuar responsablemente en materia financiera, en cuestiones de reingenierías o de armonización de normatividad educativa, procrastinan recursivamente afrontar la realidad y tomar las decisiones que nuestro sistema educativo requiere.

En caso contrario, las expectativas presupuestales para el sistema educativo son grises, ya que si no se reconocen las necesidades económicas reales para poder garantizar plenamente el derecho a aprender de los michoacanos y se continúa incurriendo en el vicio de la subpresupuestación, tendremos otro otoño de pesadilla en la educación estatal durante 2018, en donde una vez más no habrá recursos para cerrar el ejercicio.

La tercera etapa es un pendiente que está en el escritorio del Secretario de Educación en el Estado así como en el del Rector de la UMSNH y consiste en conformar las respectivas reingenierías que dotarán de viabilidad financiera a largo plazo a las comunidades académicas que están temporalmente bajo su encargo.

Simultáneamente, los trabajadores, profesores y estudiantes deben hacer plena conciencia de que, incluso en las muy precarias condiciones financieras y operativas en que se encuentra nuestro sistema educativo, hacer valer el derecho a aprender debe ser el bien mayor a preservar, por lo que por ningún motivo deberían de permitir ni propiciar la interrupción de los servicios educativos, porque con ello solamente se empeora la situación y su reactividad acrecienta la bola de nieve de la crisis financiera educativa. La invitación es a seguir exigiendo sus salarios ya devengados por los canales que la ley estipula al respecto, sin detener las labores académicas ni investigativas.

Es preciso dejar de procrastinar este paso difícil pero necesario, ya que, si bien los problemas del sector se acumularon durante décadas, es necesario tomar las decisiones de fondo ahora. Especialmente perniciosas resultan hoy los lastres financieros que a manera de dádivas se otorgaron desde 1996 hasta 2015, referidas como minutas firmadas irreflexivamente con la CNTE en la Secretaría de Educación Pública, mientras que en la UMSNH se entregaron concesiones francamente opacas a los líderes de sindicatos y grupos estudiantiles, que en poco abonaron al desarrollo educativo de la comunidad universitaria.

En paralelo, no hay que perder de vista el hecho de que alcanzar la salud financiera en el ámbito educativo no puede descontextualizarse de dos factores: los posibles intentos de algunos actores políticos de tomar ventaja  electoral de las circunstancias y de tomar por asalto las dependencias educativas mediante la imposición de funcionarios a modo.

En el primer caso, esta crisis presupuestal que ocasiona una precaria implementación de la ley está tratando de capitalizarse para impulsar el bloqueo o retrogradación del marco legislativo vigente en materia educativa, lo que resulta un insulto a nuestra inteligencia y a la propia evolución social, máxime si los beneficiarios de la crisis financiera que se padece son los mismos quienes bloquean la implementación de la normatividad educativa en Michoacán y ahora intentan todavía vendernos la abrogación de la legislación educativa como un producto político. Derrocar el estado de derecho en el ámbito educativo no debería ser concebido como un  slogan serio de campaña política, sino como un  penoso ejemplo de pragmatismo y cálculo político que pisotea el derecho a aprender de los mexicanos.

En contrapunto, mejorar la normatividad en su diseño e implementación, para direccionarlas con mayor precisión a salvaguardar el derecho a aprender de los mexicanos debería de ser la materia del debate educativo, pero en el actual marco político-electoral, resulta lamentable que se estén conformando plataformas políticas eminentemente reactivas y retardatarias. Hoy, con la madurez alcanzada por la sociedad mexicana, estar dispuesto a comprometerse a fondo, sin importar asumir el costo político de cumplir y hacer cumplir la ley es prerrequisito para todo aquel aspirante a servidor público.

Por motivo alguno permitamos que se soslaye el derecho a aprender de los michoacanos respecto a alcanzar una mejor posición sectaria en el tablero político; por el contrario, debe impulsarse con mucho mayor esfuerzo y con la suma de actores intervinientes un compromiso serio y sistemático que abarque con institucionalidad las enormes áreas de oportunidad y garantice el desarrollo educativo que merecemos, conformando una agenda común por la educación nacional y estatal en particular.

En el segundo caso, de especial cuidado resultará la eventual realización de relevos institucionales al frente de las dependencias educativas estatales, porque en caso de que sus titulares vayan a campañas electorales, pudieran confabularse los grupos de interés para intentar imponer funcionarios a modo.  Ello, irremediablemente impactaría una vez más en las finanzas educativas; ya que, sin titubeo alguno, las cúpulas sindicales dispondrían de los recursos del sector como su caja grande, tal como lo han hecho cada ocasión que han podido.

Lograr estabilizar el sistema educativo dotándole de finanzas sanas orientadas a resultados en cuanto al garantismo del derecho a aprender de los michoacanos, así como vigilar la construcción de una agenda ciudadana en lo electoral muy por encima de las plataformas políticas oportunistas y pragmáticas, mientras que se impide que se entreguen cargos en el sistema educativo a manos de grupos fácticos permitirá contar con un mejor sistema educativo estatal para 2018. Exijamos  participativamente para que se cuiden tan delicados ámbitos y se construyan soluciones integrales.

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ERIK AVILESEste 2017 fue un año intenso en cuanto a política pública respecta en la entidad. Se lograron primeros pasos y avances importantes en materia de implementación de la normatividad vigente en materia educativa, a la vez que también hubo polémica y fricciones entre los actores intervinientes en múltiples temas específicos.

1.-Por principio de cuentas, un gran logro de la actual administración educativa estatal es haber evitado por primera vez en décadas el paro indefinido de labores que amenazaba estallar la Sección XVIII de la CNTE durante mayo pasado. También hay que reconocer al Comité Ejecutivo Seccional de la organización mencionada el haber tenido la sensibilidad social para posibilitar esto. Esperemos que este precedente tenga seguimiento en los próximos años y se destierre para siempre el perverso uso y costumbre de atentar contra el derecho a aprender de los niños michoacanos.

2.-Asimismo, se impulsó la implementación del sistema de evaluación en cuanto a ingreso, permanencia y promoción respecta, así como la aplicación de pruebas estandarizadas a los estudiantes. Se presentó el Programa Estatal de Evaluación y Mejora Escolar, por parte de la SEE y del INEE, con lo que se están construyendo bases para que nuestro sistema educativo estatal mejore en el mediano plazo.

3.-Aunado a lo anterior, se presentaron los resultados de la prueba PLANEA en Educación Media Superior. Si bien es cierto, no son del todo favorables, se destaca enormemente el hecho de que por fin se empiezan a conocer los frutos de los pasos que en torno al logro educativo se dan cotidianamente en las escuelas michoacanas del nivel mencionado, así como se evidencian las áreas de oportunidad para poder formular e implementar las acciones de control y seguimiento pertinentes.

4.-También, un paso importante que se dio en 2017 es la histórica destitución del otrora Director de Educación Primaria en el Estado por signar una extralegal y abusiva minuta con la Asociación de Supervisores y Jefes de Sector “Maestro Justo Sierra”, A.C., adherente a la CNTE, en la que se entregaba totalmente la rectoría de la dependencia mencionada a un grupo de interés, socavando con ello el derecho a aprender de los michoacanos. Por vez primera una conducta de este tipo es sancionada en nuestro sistema educativo estatal, donde hasta hace algunos años, el propio Gobernador del Estado salía a cuadro, a festinar la firma de minutas, rodeándose de los líderes a quienes recién había entregado recursos millonarios de los michoacanos.

5.-Paralelamente, se reactivó después de un año el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación (CEPSE), desde el cual, los ciudadanos integrantes y funcionariado perteneciente al mismo han concluido la conformación de un programa de trabajo rumbo a 2018, para lo cual, se dividieron los trabajos en cuatro ejes y se nombraron coordinadores para cada uno de ellos. Por lo anterior, de cumplirse la agenda trazada, se impulsará la articulación del CEPSE con los consejos municipales y los de los planteles escolares, lo cual puede representar el esqueleto de un auténtico sistema de gobernanza educativa estatal, promoviendo a través suyo medidas de política pública como las escuelas para padres, la formación docente, el seguimiento a indicadores educativos, entre otras acciones, para lo cual se contará con un portal electrónico oficial como medio de comunicación y difusión con la ciudadanía.

6.-En contraste, respecto a los pendientes que quedan en el sistema educativo, para cumplimentarse a la brevedad posibles, destaca lograr tomar la rectoría de la educación en la totalidad de los planteles de la entidad, así como implementar controles administrativos robustos y confiables para que las escuelas michoacanas operen conforme a normas mínimas en materia de recursos humanos. Sin menoscabo de lo anterior, se debe garantizar el respeto a los derechos laborales, proporcionarles condiciones, materiales, equipamiento y el pago de salarios en tiempo, forma y lugar, de acuerdo con lo que la normatividad estipula.  Paralelamente es asignatura pendiente lograr implementar canales para que los trabajadores de la educación reciban un trato digno y respetuoso en sus centros de trabajo, que existan autoridades responsables de defender a los maestros de los abusos de que son víctimas en torno al ejercicio de su vocación docente, especialmente en el caso de los maestros y directivos que han sido cualificados como idóneos, ya que han sido víctimas de incontables abusos y requieren protección institucional.

7.-Asimismo, queda como área de oportunidad cumplir lo mandatado por el Congreso del Estado en 2016 y 2017 en cuanto a conformar sus respectivos programas de austeridad y reingenierías de la Secretaría de Educación en el Estado y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; dependencias que lidiarán durante 2018 con problemas financieros producto del enorme gasto corriente que se ha acumulado debido a compromisos contraídos durante décadas, por lo que sus verdaderas necesidades económicas son anualmente subpresupuestadas, con lo que es prácticamente un hecho que estarán  situadas en posición de insolvencia a partir del segundo semestre del año próximo.

8.-También, queda pendiente diseñar las medidas necesarias para que la agenda educativa logre sortear los factores político-electoral y el financiero para el 2018,por lo que debe construirse a la brevedad, con la participación de todos los actores del sistema educativo, una agenda común educativa que contemple medidas de política pública a nivel nacional, municipal y en lo legislativo, ya que será de enorme importancia la construcción de consensos para lograr mayor solidez institucional, un estado de derecho más firme, mayor transparencia y combate a la corrupción e impunidad.  Su antecedente inmediato en la entidad es la denominada Agenda por Michoacán, impulsada por 126 organizaciones de la sociedad civil en 2015, de la cual sigue pendiente su cabal seguimiento institucional y reportar a la sociedad civil los logros y avances alcanzados en cuanto a los Diez Compromisos por la Educación Michoacana, con Inclusión y Calidad respecta. Por lo anterior, será importante considerar que los entonces firmantes no han logrado cumplir con este ejercicio de rendición de cuentas, siendo el epítome del contrasentido que ahora los partidos aliancistas PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, asumiendo amnesia histórica de los michoacanos, reimpulsen un documento homónimo cuando no han dado pasos sistemáticos para el cumplimiento del compromiso que firmaron sus candidatos en 2015. Por ello, las medidas que deberá tomar la ciudadanía deberán apremiar más a los actores políticos para lograr su cabal cumplimiento.

9.-Por otra parte, también constituye un rubro pendiente lograr conformar debidamente la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2018 para el ámbito educativo, ya que le fue retirado su Artículo 26, en el cual se incluían un total de 88 conceptos, muchos de los cuales se encontraban debidamente justificados, tales como los cobros a asociaciones y colegios de profesionistas, así como a empresas de educación privada. En contraparte, varios de los rubros afectaban directamente al derecho a aprender de los estudiantes michoacanos, especialmente a los que se encuentran en situación de pobreza. Ante esta circunstancia, el Congreso del Estado actuó con sensibilidad y retiró el artículo de la Ley de Ingresos, resultando claro que no fue consultado popularmente, ya que no hace distinciones claras entre educación pública y educación privada, a las cuales impone cobros indistintamente. Queda como pendiente sacar de la congeladora al Artículo 26, rescatar lo positivo, cobrar los derechos que justamente se deban de recaudar y establecer medidas de contención para que los impuestos no afecten a los estudiantes más marginados.

10.-Y por encima de todos los factores específicos ya mencionados, por supuesto que la mayor asignatura pendiente consiste en lograr garantizar el derecho a aprender de los michoacanos, logrando que todos alcancen trayectorias completas al interior de nuestro sistema educativo, de acuerdo con lo que la normalidad mínima estipula. Lamentablemente, aún no se materializan los avances parciales ya citados en los indicadores socioeducativos, en varios de los cuales Michoacán se encuentra a la fecha en los últimos lugares.

En suma, con esa dinámica de logros, pendientes y retos para el escenario que nos plantea el 2018, hagamos nuestro mejor y más coordinado esfuerzo para lograr un año donde la transformación educativa suceda en Michoacán, muy por encima de los factores condicionantes que indefectiblemente gravitarán, pero no definirán nuestro sendero colectivo si actuamos pertinente, firme, organizada y responsablemente.

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ERIK AVILESEl reciente relevo institucional al frente de la SEP, por razones eminentemente políticas no es inesperado, ya que se rumoraba desde meses atrás la posible salida del Lic. Aurelio Nuño Mayer de la titularidad de la mencionada dependencia. Asume la responsabilidad el Mtro. Otto Granados Roldán, de amplia trayectoria en la función pública, la cual esperemos se capitalice en una transición tersa y en resultados de alto impacto en beneficio del derecho a aprender de los mexicanos.

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