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ERIK AVILESA nivel global se reconoce que la gobernanza es un factor importantísimo para catalizar o ralentizar los factores de desarrollo humano. Empero, en nuestra nación ha permeado lentamente en las esferas gubernamentales, en donde persiste la visión obsoleta de generar primero condiciones de gobernabilidad para las autoridades en sus respectivos ámbitos de ejercicio de la función pública, lo que lleva a soslayar la construcción de un gobierno colaborativo, abierto y transparente.

Por ello es de capital importancia que la actual administración federal, al realizar la presentación del nuevo modelo educativo haya reconocido explícitamente a la gobernanza del sistema educativo nacional como uno de los cinco pilares que lo sustentan. En realidad, su influencia es transversal a los otros cuatro factores y a todo el sistema educativo nacional, pero por ahora resulta un grato cambio de paradigma en la visión gubernamental, que merece arropamiento social.

Si bien, ha pasado prácticamente desapercibido a nivel nacional, el planteamiento que ahora realiza la autoridad contrapuntea la tradición oscura de pactos bilaterales con los sindicatos y de cooptación de los paterfamilias para el acceso y preservación del poder político, asumiendo por fin la responsabilidad de tejer gobernanza en un sector en el cual no se puede avanzar más en las acciones de desarrollo sin contar con la participación de los actores clave del sistema educativo.

Por ello, vale la pena analizar a fondo los alcances del concepto, sus actuales fortalezas, áreas de oportunidad e implicaciones, a la luz de las necesidades, objetivos y metas planteadas para el sistema educativo nacional para establecer rutas certeras que logren que este trascendente rubro suceda y sea el nivel de gobernanza basamento de una auténtica transformación educativa en México.

Resulta fundamental aprovechar este momento histórico en el que, por ser la propia autoridad federal la que pone el tema en la agenda pública puede ofrecer al proceso de construcción de gobernanza mayor compromiso  y esfuerzo serio por entablar una auténtica coordinación entre los diferentes órdenes y poderes gubernamentales, siendo el fiel de la balanza lograr por fin mayor participación ciudadana en nuestro sistema educativo, lo que acotará enormemente posibles situaciones de exclusión, cooptación y asimetrías de poder que han sido causales de muchas de las más graves dolencias que padece la educación nacional.

La gobernanza se desarrolla en proceso continuo, no por decreto, por muy virtuoso que sea su marco normativo. Intervienen una serie de factores tangibles e intangibles que la academia ha estudiado durante décadas mediante múltiples y profundas investigaciones y cuyas lecciones deben implementarse, regularse y adaptarse con enorme cuidado para lograr que exista el círculo virtuoso con el que la gobernanza dota a los territorios, sectores e instituciones que son capaces de concitarla correctamente.

Definitivamente, no basta la mera existencia enunciativa de consejos de participación social a escala nacional, estatal, municipal y escolar, los cuales ya existían antes de la presentación del modelo educativo, a través del Acuerdo No. 716, expedido en 2013, pero que en la práctica no han sido aún el factor disruptivo que nuestro sistema educativo necesita, por ser de carácter representativo, en absoluto plenario o deliberativo.

Por ende, es preciso partir de diagnosticar el estado de fuerza de los mismos a nivel nacional y con base en sus alcances y limitaciones, preparar un planteamiento integral que incluya mecanismos de participación y de consulta ciudadana, de acceso a la información, de conformación de grupos de trabajo, de procesos de rendición de cuentas, de la conformación de un sistema de organismos de control interno, entre muchos otros requisitos para  contar un modelo completo de gobernanza del sistema educativo nacional para responder adecuadamente a las necesidades y retos.

Por todo lo anterior, resulta de cardinal importancia definir con rigurosidad académica la métrica a emplear para poder evaluar el estado de la gobernanza en el sistema educativo nacional. Para transitar de la opinión al argumento, es preciso consolidar estudios y mecanismos de medición de la gobernanza en nuestro sistema educativo en particular. Debe evitarse que continúe siendo un tema subjetivo, por lo que se requiere establecer sus dimensiones conceptuales, operacionalizar el concepto, definir indicadores y fijar metas a alcanzar para poder establecer una ruta de mejora.

Ello implica conformar un marco referencial tomando en cuenta estudios e investigaciones sistemáticas, como por ejemplo las que realiza el Banco Mundial, a través del proyecto de indicadores mundiales de gobernanza (WGI), que datan de 1996 a la fecha, recopilando e interpretando estadísticas anuales de más de 200 países. Actualmente, definen seis dimensiones para apreciar el nivel de gobernanza, a saber:

  1. Voz y rendición de cuentas, aspecto en el que se evalúa la capacidad de un sistema de dar voz a todos los ciudadanos involucrados, para que se les dé vista de todos los proyectos de desarrollo que se implementarán en el territorio donde radican, para que puedan intervenir en los términos de referencia y decidir sobre su propio futuro.
  2. Estabilidad política y ausencia de violencia, en donde se permita a la autoridad ejercer sus atribuciones, sin que los vendavales de los diferentes grupos de interés político o el Estado profundo influyan en la toma de decisiones; o que al estilo michoacano, los proyectos “político-sindicales”, el clientelismo, las cuotas de poder y las tribus al interior de los partidos políticos, gabinetes gubernamentales y fracciones sindicales incidan en la actuación gubernamental, ralentizándola o saboteándola por así convenir a sus intereses.
  3. Efectividad gubernamental, definida como la capacidad de las autoridades de cumplir con las responsabilidades que la normatividad les confiere. Lo cual implica por supuesto, elevar los indicadores de logro educativo, erradicar el rezago y lograr desarrollo en todos los indicadores de desempeño. Esto en Michoacán se encuentra en entredicho al no contarse con evidencias rigurosas y accesibles a la opinión pública de que verdaderamente haya un punto de inflexión en la consecución de resultados educativos.

Aunado a lo anterior, es altamente ponderada la posibilidad de contar con datos abiertos a la  sociedad respecto al origen, ejecución y destino del presupuesto ejercido en el sector, en cuanto a recursos financieros, materiales y humanos, así como estadísticas socioeconómicas, educativas, geográficas y de desempeño gubernamental.

Esto implicaría que en Michoacán tuviésemos acceso pleno a la nómina magisterial, tanto federal como estatal, así como al personal de contrato y personal de estructura, así como a toda la información de oficio que estipula la normatividad vigente en materia de transparencia y acceso a la información.

O en la coyuntura actual, en plena víspera del inicio de la jornada de lucha de la CNTE, implicaría que la autoridad esclarezca categóricamente la veracidad de la supuesta firma de minutas SEE-CNTE y que a raíz de ello se deslinden las responsabilidades de todo tipo que puedan desprenderse.

Paralelamente, es importante que se prevengan al máximo los sucesos en los que se ponga en riesgo la integridad física de cada uno de los integrantes del sistema educativo. Desde la conformación de Mexicanos Primero Michoacán lo hemos venido señalando: urge sacar a la educación michoacana de la nota roja. A la fecha, con dolorosa y relativa frecuencia, nuestro sistema educativo continúa empañándose de acciones que violan los derechos humanos y que lo tiñen de sangre. Esto es impensable si consideramos que la educación debe ser un altar de los ideales y aspiraciones sociales, no un torvo reflejo de los peores vicios y males que padecemos como colectividad.

d)   Calidad regulatoria, en donde el marco normativo se encuentre sometido a un proceso de  mejora continua y no al revés, como en estos momentos está en la agenda pública educativa estatal la supuesta contratación de egresados normalistas, ya sea temporal o definitiva, incumpliéndose lo estipulado por la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Resultaría lamentable que en lugar de mejorar la normatividad se busquen mecanismos desde el escritorio para burlar la ley, ya que contratar personas para que desempeñen labores docentes sin que medie un concurso de oposición abierto vulnera los derechos de los estudiantes michoacanos.

e)  Estado de Derecho, el cual prevalece en donde se cumple y se hace cumplir el marco   

     normativo en materia educativa, distinguiéndose la autoridad por garantizar su debida    

            aplicación, por definir correctamente la procedibilidad de la interpretación de la ley y por   

            aplicar las sanciones que a derecho procedan para sus infractores.

Empero, en Michoacán hemos padecido durante este siglo la serie de acuerdos, ilegalidades y omisiones que han transgredido flagrante e impunemente la ley, así como el enorme entrampamiento que implica su debida implementación, lo que ha costado decenas de miles de millones de pesos y la segregación de millones de michoacanos del sistema educativo estatal.

f) Control de la corrupción, entendida como la capacidad sistémica de evitar que se susciten     

acciones y omisiones que afecten el derecho a aprender de los niños y jóvenes                      ,    michoacanos, a los trabajadores de la educación y al patrimonio educativo estatal. Ello implica contar con órganos de control interno fuertes, con sanciones ejemplares y lograr erradicar vicios como el ignominioso marchómetro y la compraventa de plazas, que a la fecha continúa arrojando un sinnúmero de afectaciones.

Una vez recorridas las seis dimensiones con las que el WGI evalúa la gobernanza, el sentido común indica rápidamente por qué nuestro sistema educativo nacional no ha alcanzado los mismos estándares que países como Vietnam, Polonia o Corea del Sur han alcanzado en pocas décadas. Como consecuencia, tenemos una educación excluyente y con bajos logros en el aprendizaje, entre muchos otros males endémicos, los que se exacerban en una entidad como Michoacán.

Sin duda contamos con condiciones como sociedad para construir organizadamente gobernanza a nivel nacional y estatal, como lo señalan la teoría, el marco referencial y las buenas prácticas internacionales. Si no iniciamos a realizar ahora las acciones conducentes para que el entramado social, académico e institucional soporte el desarrollo educativo nacional, dejaremos pasar una vez más varios años más hasta que haya voluntad política favorable. Por ahora, al menos contamos con la palabra empeñada del Gobierno Federal y el eje respectivo dentro del nuevo modelo educativo, por lo que levantar la voz, participar y estar presentes en los espacios que por ahora existen para la conformación de gobernanza es un deber cívico ineludible.

Resta que la autoridad tome cartas en el asunto para implementar acciones que entretejan y amplíen la malla de gobernanza en nuestro sistema educativo nacional. Especialmente, si no se designan responsables de lograr realizar esta trascendental tarea, ni mucho menos cuentan con presupuesto, plantilla de personal ni un programa de trabajo, la misión será inevitablemente fallida.

El gobierno debe proveer de los recursos necesarios para conformar debidamente el entramado que se requiere para tejer la red de gobernanza. En caso de que no se realicen acciones específicas en pro de ello, simplemente estaremos contemplando un escenario de simulación que nos sumirá en el anacrónico y eterno retorno.

En nuestro contexto michoacano, hoy no se cuenta siquiera con la toma de protesta de treinta consejos municipales de participación social, de los 113 que deberían estar en plena operación, faltando a su vez aún más de mil consejos escolares por conformarse y el Consejo Estatal de Participación Social no ha sido notificado del nombramiento oficial de un titular de la secretaría técnica, que pueda brindar seguimiento al debido funcionamiento y articulación de estos organismos. O se invierten recursos con seriedad y determinación o continuaremos dejando pasar el tiempo sin que haya un punto de inflexión para la educación de nuestros hijos.

Por todo lo anterior estemos expectantes y participativos respecto a la apertura del gobierno federal y estatal para conformar mayor gobernanza a través de buenas prácticas institucionales, ya que la caja de Pandora se ha abierto y la normatividad irá dando oportunidades incrementales a los estudiantes, maestros, padres de familia y sociedad civil organizada de participar en la educación. Resulta clave para la educación nacional poner manos a la obra en la construcción de gobernanza para catalizar nuestro desarrollo educativo.

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