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ERIK AVILESNunca antes en la historia de México el tema educativo había tomado un papel tan preponderante en la agenda pública. Durante el último lustro ha sido la sociedad civil la que ha definido que así suceda y ha situado los reflectores sobre el sistema educativo, sus leyes, sus actores y sus procesos.

Derivado de lo anterior, ineludiblemente, hoy todos los actores políticos hablan de educación, quienes reiteradamente, desde sus particulares acotaciones normativas, posturas ideológicas, plataformas políticas y entramados de intereses, subrayan su compromiso verbal con el sector.

Más allá del discurso, el actuar congruente debe ser acompañado con los hechos, sin soslayar que hacer proselitismo a la usanza mexicana es, en buena medida, expedir cheques de saliva y sin fondos; en cambio, gobernar implica, entre muchas otras labores, presupuestar dignamente y ejercer con austeridad y transparencia.

En Michoacán, las finanzas educativas se encuentran en una situación crítica, el caso de la Secretaría de Educación en el Estado, en déficit constante, al igual que los subsistemas descentralizados y la UMSNH, lo cual ya es un escándalo de alcance nacional.

Debido a que los adeudos del sector educativo son compuestos en su enorme mayoría por salarios ya devengados, los cuales plenamente exigibles judicialmente, la autoridad no debe perder tiempo y fracturar más la relación con los trabajadores de la educación, principales artífices del desarrollo educativo estatal.

A manera de ruta de trabajo, se deben de identificar tres etapas en la construcción de una solución integral, de fondo y largo aliento para dotar de solvencia financiera a nuestro sistema educativo estatal.

La primera de ellas es la consecución de recursos suficientes para pagar los adeudos con el magisterio, que deben provenir de las economías generadas por subejercicios durante el 2017, tanto a nivel federal como estatal. Cerrar el actual ejercicio implica no permitir por motivo alguno que amanezca el 2018 con adeudos en materia educativa. Por supuesto, no habría que descartar que el Poder Legislativo puede también ser solidario, renunciando o moderando  gastos suntuarios, aguinaldos exorbitantes, entre otros rubros, para posteriormente canalizar tales montos hacia subsanar la precariedad en que se encuentra nuestro principal motor de movilidad social y desarrollo. Asimismo, a manera de mecanismos de fondeo para el sector educativo, los recursos destinados a los partidos políticos deben ser replanteados y posteriormente redireccionados,  así como los montos destinados para gastos suntuarios de los funcionarios. A la par, el sistema educativo debe recibir de inmediato el producto del subejercicio de otras dependencias, para insuflarle viabilidad en el corto plazo.

Por supuesto, que debe de haber corresponsabilidad para lograr conformar una solución integral, por parte de las autoridades educativas. No debería de haber debate ni resistencia alguna en cuanto al irreductible deber de transparentar y auditar cada peso que se gasta en educación, como por extensión, tampoco en sector público alguno. De esta manera se contaría con la certidumbre total de que nuestros impuestos se invierten debidamente. Sin embargo, la fiscalización y la transparencia no garantizan que el gasto siempre sea plenamente justificado en el rubro educativo. Debe revisarse detalladamente cada concepto, capítulo y partida para poder contar con un esfuerzo corresponsable de parte de las autoridades educativas en torno a sanear las finanzas de las dependencias bajo su temporal encargo, para erradicar la desinformación que cunde al respecto en materia de personal que no devenga debidamente su salario, gastos suntuarios, tales como el pago de personal auxiliar y asesores innecesarios, gastos de ceremonial, viáticos, alimentos, publicidad, vehículos utilitarios que no son tales, así como el otorgamiento de prestaciones excesivas hacia las cúpulas de las expresiones gremiales, grupos fácticos y sindicatos, las cuales invariablemente jamás llegan a manos de la base trabajadora ni estudiantil.

La segunda etapa consiste en garantizar un presupuesto digno y suficiente para el sistema educativo estatal.  Las autoridades estatales, federales, así como los diputados locales y federales deben hacer un esfuerzo mucho más comprometido con elevar los montos en cuanto al gasto educativo para una entidad como Michoacán, para garantizar el derecho a aprender del pueblo mediante el sistema de educación pública, el cual es el canal constitucional para implementar lo mandatado en el Artículo Tercero Constitucional.

El gasto promedio en estudiantes de educación superior en Michoacán es inferior a la media nacional. Especialmente, centrémonos en lo que respecta a la UMSNH, que recibe dos de cada cinco pesos por alumno que se entregan a la UNAM, por citar un ejemplo.  Para lograr que el 2018 sea un año tranquilo en materia de finanzas educativas es imprescindible reconocer el presupuesto real del sector. Diputados y funcionarios deben tener el valor de asumir el costo político de semejante decisión y deben de abandonar prácticas medradoras, ya que cuando se ven prácticamente obligados a apoyar a la educación, inmediatamente envían sus comunicados asumiendo la paternidad de tales medidas, pero cuando hay que actuar responsablemente en materia financiera, en cuestiones de reingenierías o de armonización de normatividad educativa, procrastinan recursivamente afrontar la realidad y tomar las decisiones que nuestro sistema educativo requiere.

En caso contrario, las expectativas presupuestales para el sistema educativo son grises, ya que si no se reconocen las necesidades económicas reales para poder garantizar plenamente el derecho a aprender de los michoacanos y se continúa incurriendo en el vicio de la subpresupuestación, tendremos otro otoño de pesadilla en la educación estatal durante 2018, en donde una vez más no habrá recursos para cerrar el ejercicio.

La tercera etapa es un pendiente que está en el escritorio del Secretario de Educación en el Estado así como en el del Rector de la UMSNH y consiste en conformar las respectivas reingenierías que dotarán de viabilidad financiera a largo plazo a las comunidades académicas que están temporalmente bajo su encargo.

Simultáneamente, los trabajadores, profesores y estudiantes deben hacer plena conciencia de que, incluso en las muy precarias condiciones financieras y operativas en que se encuentra nuestro sistema educativo, hacer valer el derecho a aprender debe ser el bien mayor a preservar, por lo que por ningún motivo deberían de permitir ni propiciar la interrupción de los servicios educativos, porque con ello solamente se empeora la situación y su reactividad acrecienta la bola de nieve de la crisis financiera educativa. La invitación es a seguir exigiendo sus salarios ya devengados por los canales que la ley estipula al respecto, sin detener las labores académicas ni investigativas.

Es preciso dejar de procrastinar este paso difícil pero necesario, ya que, si bien los problemas del sector se acumularon durante décadas, es necesario tomar las decisiones de fondo ahora. Especialmente perniciosas resultan hoy los lastres financieros que a manera de dádivas se otorgaron desde 1996 hasta 2015, referidas como minutas firmadas irreflexivamente con la CNTE en la Secretaría de Educación Pública, mientras que en la UMSNH se entregaron concesiones francamente opacas a los líderes de sindicatos y grupos estudiantiles, que en poco abonaron al desarrollo educativo de la comunidad universitaria.

En paralelo, no hay que perder de vista el hecho de que alcanzar la salud financiera en el ámbito educativo no puede descontextualizarse de dos factores: los posibles intentos de algunos actores políticos de tomar ventaja  electoral de las circunstancias y de tomar por asalto las dependencias educativas mediante la imposición de funcionarios a modo.

En el primer caso, esta crisis presupuestal que ocasiona una precaria implementación de la ley está tratando de capitalizarse para impulsar el bloqueo o retrogradación del marco legislativo vigente en materia educativa, lo que resulta un insulto a nuestra inteligencia y a la propia evolución social, máxime si los beneficiarios de la crisis financiera que se padece son los mismos quienes bloquean la implementación de la normatividad educativa en Michoacán y ahora intentan todavía vendernos la abrogación de la legislación educativa como un producto político. Derrocar el estado de derecho en el ámbito educativo no debería ser concebido como un  slogan serio de campaña política, sino como un  penoso ejemplo de pragmatismo y cálculo político que pisotea el derecho a aprender de los mexicanos.

En contrapunto, mejorar la normatividad en su diseño e implementación, para direccionarlas con mayor precisión a salvaguardar el derecho a aprender de los mexicanos debería de ser la materia del debate educativo, pero en el actual marco político-electoral, resulta lamentable que se estén conformando plataformas políticas eminentemente reactivas y retardatarias. Hoy, con la madurez alcanzada por la sociedad mexicana, estar dispuesto a comprometerse a fondo, sin importar asumir el costo político de cumplir y hacer cumplir la ley es prerrequisito para todo aquel aspirante a servidor público.

Por motivo alguno permitamos que se soslaye el derecho a aprender de los michoacanos respecto a alcanzar una mejor posición sectaria en el tablero político; por el contrario, debe impulsarse con mucho mayor esfuerzo y con la suma de actores intervinientes un compromiso serio y sistemático que abarque con institucionalidad las enormes áreas de oportunidad y garantice el desarrollo educativo que merecemos, conformando una agenda común por la educación nacional y estatal en particular.

En el segundo caso, de especial cuidado resultará la eventual realización de relevos institucionales al frente de las dependencias educativas estatales, porque en caso de que sus titulares vayan a campañas electorales, pudieran confabularse los grupos de interés para intentar imponer funcionarios a modo.  Ello, irremediablemente impactaría una vez más en las finanzas educativas; ya que, sin titubeo alguno, las cúpulas sindicales dispondrían de los recursos del sector como su caja grande, tal como lo han hecho cada ocasión que han podido.

Lograr estabilizar el sistema educativo dotándole de finanzas sanas orientadas a resultados en cuanto al garantismo del derecho a aprender de los michoacanos, así como vigilar la construcción de una agenda ciudadana en lo electoral muy por encima de las plataformas políticas oportunistas y pragmáticas, mientras que se impide que se entreguen cargos en el sistema educativo a manos de grupos fácticos permitirá contar con un mejor sistema educativo estatal para 2018. Exijamos  participativamente para que se cuiden tan delicados ámbitos y se construyan soluciones integrales.

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