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ERIK AVILESEl pasado sábado 17 de marzo se aplicó una vez más el examen de ingreso al servicio profesional docente en Michoacán, lo cual se encuentra mandatado a nivel nacional en la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD). En esta ocasión, se evaluaron a puerta cerrada a 394 profesionistas recientemente egresados de las escuelas normales públicas de nuestra entidad.

Por principio de cuentas, es importante reconocer que la autoridad competente en la materia realiza esfuerzos por cumplir con la normatividad aplicable en materia educativa y se ven los resultados a dos años y medio de la actual administración estatal. Especialmente, de ello destaca que un proceso que se encontraba capturado y colonizado, eminentemente corrupto y completamente ajeno al interés superior, que es salvaguardar el derecho a aprender de los niños y jóvenes michoacanos, esté recuperando regularidad y comience a convertirse en ley viviente.

Si bien, aún Michoacán se encuentra lejos de ser una entidad modelo en cuanto al cumplimiento irrestricto de la LGSPD, abundando las irregularidades en torno a las evaluaciones docentes, hay que reconocer que se ha roto la inercia perversa que implicaba que las plazas docentes en la entidad solamente se podían obtener mediante compraventa, herencia o intercambio, fungiendo como intermediarios actores sindicales incubados en la CNTE, en el SNTE y en decenas de tribus magisteriales, que no constituían sino redes multinivel a través de las cuales algunos representantes unipersonales dispersaban recursos mal habidos.

Es de remarcarse que la mencionada situación cobraba dimensión especial al seno de las escuelas normales públicas michoacanas, en donde durante décadas se alimentó una visión patrimonialista de las plazas docentes, llegándose al extremo de exigir por todos los medios posibles la entrega de plazas docentes automáticas, con pago salarial retroactivo a partir de la fecha de su egreso de las escuelas normales. Partiendo de este hecho, es importante que ahora se esté logrando convencer a los egresados de las escuelas normales michoacanas a transitar por el sendero de la legalidad y a evaluarse, para paralelamente con tal hecho, desmantelar las redes de corrupción y de intereses que pretendían mantener a los profesionistas recién egresados en cautiverio, usándolos a conveniencia ya sea como clientela política o como grupo fáctico.

Las estadísticas de las previas etapas de ingreso al servicio profesional docente son muy claras: quienes ocupan los primeros lugares en la puntuación obtenida en el examen mencionado son en su mayoría egresados de las escuelas normales, por lo que a los 394 participantes en la evaluación del pasado fin de semana les reconocemos altamente su valor y respeto a la cultura de la legalidad, a la vez que hacemos un llamado a que continúen privilegiando su labor formadora, dejando de lado ser influenciados por intereses muy ajenos al ejercicio de su vocación docente, el cual debe únicamente responder a garantizar el constitucional derecho a aprender de los estudiantes michoacanos.

Esto permitirá que los maestros contratados bajo un esquema eminentemente legal y meritocrático se advoquen a realizar sus mejores esfuerzos para ejercer con dignidad y diligencia su vocación docente, dejando de lado el estigma que constituía recibir una plaza docente sin demostrar a la sociedad que poseen las competencias necesarias para tales efectos y tener la presión simultánea de quienes se asumían como sus patrones fácticos.

Sin soslayar las enormes áreas de oportunidad aún existentes en materia de cumplimiento estricto de la normatividad, se comprende que resulta difícil garantizar que estas actividades se conviertan en transparentes y abiertas, por las amenazas de las cúpulas de la Sección XVIII de la CNTE, referidas a violentar el transcurso natural de la etapa evaluativa, lo cual les fue imposible debido a la adecuada logística planteada por la SEE, pero esperemos que en posteriores ocasiones se pueda gradualmente incorporar a observadores ciudadanos a este tipo de procesos, allanarse al principio de máxima publicidad y difundir de la manera más abierta posible las convocatorias a participar en el examen de ingreso al servicio profesional docente, ya que queda el resabio de que en caso de que así no suceda, pudieran estarse emitiendo convocatorias a modo para los egresados de las escuelas normales.

Por ello, en ulteriores etapas de evaluación para el ingreso al servicio profesional docente, deben configurarse las condiciones para que, tanto la prensa como las organizaciones de la sociedad civil puedan tener acceso al proceso, para salvaguardar la transparencia de este.

Desde Mexicanos Primero Michoacán hacemos un reconocimiento a las autoridades que hacen posible que esta etapa evaluativa suceda, así como a los profesionistas egresados de las escuelas normales estatales quienes demuestran confianza en la ley y en sus conocimientos, participando decididamente en este proceso, pero también pedimos se redoblen esfuerzos para que los procesos evaluativos sean normativamente impecables y se garanticen los derechos de todos los participantes.

Específicamente, respecto al seguimiento que debe de brindársele a los profesionistas que participan en el examen de ingreso al servicio profesional docente que está estipulado en la ley, resulta importante destacar que es una alta responsabilidad de la autoridad educativa estatal que a la fecha no ha sido cabalmente cumplimentada.

Partiendo de que la calidad de la educación que reciben nuestros hijos no puede exceder a la calidad de los maestros que son contratados para tales efectos, resulta inaplazable que los profesionales de la educación que han ingresado al servicio profesional docente acreditando su idoneidad reciban un trato digno y apegado a derecho, con las mejores condiciones en materia de infraestructura, equipamiento y clima laboral para ejercer a plenitud su vocación docente.

La autoridad debe esforzarse especialmente en evitar situaciones de abuso y acoso laboral, también denominado “mobbing”, del que son víctimas muchos profesionistas cualificados como “idóneos” mediante la puntuación que obtuvieron en el examen de ingreso al servicio profesional docente. Debe castigarse ejemplarmente, con todo el peso de la ley a quienes agredan a los profesionistas cualificados como idóneos por el hecho de no responder a intereses gremiales sectarios. Con un marco jurídico que les proteja, se les liberará de preocupaciones de índole política o sindical, o de tener que contemplar la necesidad de organizarse, movilizarse y autodefenderse de las cúpulas sindicales y sus incondicionales quienes les agreden.

Paralelamente, debe tenerse en cuenta que los profesionistas que han ingresado al servicio profesional docente mediante un concurso de oposición abierto son testimonios vivientes de la legalidad en materia educativa imperante en la entidad y como tal debe de tratárseles. Constituye su ejercicio profesional, su perfil y su historia laboral un cúmulo de información invaluable que debe ser sistematizado para obtener conocimientos estratégicos que permitan la toma de decisiones en materia de política pública en cuanto a docencia respecta.

Pero no olvidemos que este es solo un punto en la línea del tiempo: a partir de su ingreso, una amenaza de parte de las redes de intereses puede tardar en ejecutarse   hasta cuarenta años, que es la duración aproximada de una carrera profesional magisterial. Es decir, no basta realizar debidamente un examen de ingreso, como ocurrió el sábado pasado, sino que hay que eslabonar múltiples subprocesos hasta lograr arropar jurídicamente a los sustentantes. Si bien es normativa y logísticamente complicado, dadas las circunstancias que prevalecen en el sistema educativo estatal, es impostergable garantizar que se cumpla y se haga cumplir la LGSPD. Es mucho muy importante generar la robustez institucional necesaria para poder salvaguardar la seguridad de los maestros, lo cual es obligación de las autoridades. Deben de contar con las mejores condiciones para realizar su ejercicio profesional docente con apego a volver garante el derecho a aprender de los estudiantes michoacanos.

Tenemos registro de más de un centenar de casos de abuso en contra de los profesionistas idóneos que se han incorporado al servicio profesional docente siendo discriminados, vejados y sus derechos vulnerados. También, en Mexicanos Primero Michoacán, sabemos de intentos serios de los maestros idóneos por organizarse y movilizarse para defender sus derechos, lo cual no debería ser su principal objetivo.

Específicamente, desde 2014 a la fecha, un área de oportunidad aún presente en la entidad es lograr que exista una auténtica Coordinación del Servicio Profesional Docente en Michoacán, que brinde cabal solución a cada una de las solicitudes, necesidades, demandas y quejas que realizan los maestros, padres de familia, estudiantes, directivos y personal con funciones de supervisión en torno al tema, ya que hay mucha casuística que requiere solución con apego a derecho.

Urge que se logre resolver cada caso, uno a uno y evitar que la política pública nacional pierda credibilidad por falta de capacidades locales para su debida implementación. Salvaguardar los derechos de los maestros cualificados como idóneos es contribuir a que nuestros hijos tengan a los mejores docentes impartiéndoles clases en las aulas de las escuelas michoacanas.

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