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ERIK AVILESEs una opinión generalizada que ya es inaplazable lograr una solución integral al problema financiero de la educación estatal. Esta semana nos enteramos de nuevos focos de crisis, ya que se acrecentó la presión que realizan los trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán por la falta de pago de sus salarios y prestaciones ya devengadas. Asimismo, los trabajadores del Telebachillerato se movilizaron, mientras que la Sección XVIII de la CNTE anunció su plan de acción que incluye diversas medidas de presión.

Objetivamente, el magisterio michoacano cuenta con legitimidad en sus consignas, por tratarse de buscar hacer efectivos los derechos laborales del magisterio. Análogamente, en educación superior ocurren situaciones parecidas, incluso en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, comunidad de aprendizaje que desde hace un lustro no deja de padecer la falta de recursos para el pago de salarios de los trabajadores.

Durante la última década, se han propuesto una serie de soluciones para tales circunstancias, quiméricas, ingenuas, radicales y neoliberales, entre otras. Recientemente, el Gobierno del Estado de Michoacán impulsa la medida de retornar la educación básica para que sea el Gobierno Federal quien sostenga económicamente su operatividad, por tratarse de un derecho constitucional.

Más allá de la factibilidad jurídica, económica u operativa de la medida emprendida, analizando la situación desde el proceso de construcción de política pública, se ha logrado identificar más o menos la problemática, relacionada con la falta de recursos para pagar los salarios de los trabajadores de la educación, ahondándose poco en las causas de que esto ocurra. Tal pareciera que la transparencia, la rendición de cuentas, los presupuestos participativos, el control de la corrupción y la austeridad son medidas impensables por el momento. Todo se reduce a contar con recursos suficientes para poder operar debidamente el sistema educativo estatal.

Sin embargo, sostener el tema el suficiente tiempo en la agenda pública para llamar la atención de todos los actores involucrados no es tarea fácil. Se requiere una enorme inversión en materia de comunicación y difusión para poder garantizar que los tomadores de decisiones se ocupen de resolver cabalmente las circunstancias problemáticas y llegar al fondo de los temas. Por ahora es lo que ha emprendido el Gobierno del Estado, concitando la participación de actores y demostrando que se está dispuesto a llegar al fondo de los temas. Por ejemplo, se tiene contemplada ya la realización de una serie de medidas de movilización de bases para presionar a la federación, tales como marchar, tomar o realizar una huelga de hambre en la Ciudad de México para lograr solucionar la situación.

Más allá del innegable trasfondo político de anuncios de esta índole, lo trascendente es que no se dejen de analizar los hechos objetivos: el derecho a aprender de los michoacanos está siendo vulnerado, tal y como lo manifiestan múltiples indicadores socioeducativos que exhiben el rezago en el que se encuentra nuestra entidad federativa, en buena medida por la falta de recursos y su mala administración pretérita; mientras paralelamente, los trabajadores de la educación están viendo vulnerados sus derechos laborales y hasta ahora no ha habido parte patronal ni fracción sindical que haya logrado hacer valer lo ya ganado mediante el trabajo diario. Simplemente no hay dinero suficiente en la entidad.

Será de capital importancia que se logre pasar al tercer paso del ciclo de la política pública, que consiste en la construcción de las medidas a emprenderse, hecho que debe conformarse en torno a salvaguardar el derecho a aprender de los mexicanos, con respeto a los derechos laborales de los maestros, garantizando que todos estén, aprendan y participen en las escuelas.

Esta etapa del proceso concluirá cuando los actores involucrados sean convocados al diseño de las acciones a emprender, definiendo los pasos a seguir, los montos a ejercer, los responsables de las medidas y las metas estipuladas, incluyendo sus respectivos indicadores de gestión, logrando concluir la construcción de la política pública a implementarse.

Si se logra sortear de forma participativa y consensuada está importante etapa, seguramente contaremos con una política pública integral que resuelva de fondo el problema del sostenimiento de la educación nacional.

Por ahora, se puede hablar de que la campaña de posicionamiento del tema tiene un éxito relativo, dado que ya se pronunció al respecto el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, con lo que el tema está en agenda pública y hay que pasar a la siguiente etapa, dejando de lado la guerra de declaraciones y la politización del tema.

Resta que haya voluntad política suficiente para conformar esa gran mesa de análisis que diseñe el modelo de sostenimiento para la educación nacional que la dote de dignidad y viabilidad en el largo plazo. Sería un gran comienzo para materializar la denominada cuarta transformación nacional. Qué así sea.

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