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ERIK AVILESMientras en el orbe se celebró el Día Internacional de la Educación el pasado 24 de enero, resulta penoso que en la entidad federativa no estemos debatiendo mayormente en torno a lograr impulsar los principios de inclusión, equidad y construcción de sociedades más sostenibles y resilientes que se enuncian en la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). Michoacán se encuentra muy alejado del nivel de debate público educativo nacional, en donde aún discutimos todavía sobre aspectos que en otras naciones y entidades federativas se superaron desde el siglo pasado, esto a pesar de que muy poco hay por celebrar en nuestro país y en la entidad federativa, dado que la catástrofe educativa nacional en buena medida merecería una bandera a media asta, por los cientos de millones de biografías de mexicanos que vieron sus sueños y aspiraciones romperse por falta de formación integral, pertinente, inclusiva y de calidad.

El ODS número cuatro, relativo al impulso a la educación está distante en la entidad, ya que mientras en el resto de las entidades federativas la discusión estriba en el logro educativo y en mejorar indicadores, en Michoacán estamos debatiendo quién debe de pagarles su salario a los maestros o si es dable cerrar escuelas para luchar por recibir una quincena atrasada.

Respecto a la crisis financiera del sector educativo, la cual da pie a la movilización magisterial en la entidad federativa por el impago de salarios y prestaciones a los trabajadores de la educación, es importante mencionar que tiene origen desde hace más de un cuarto de siglo, con un número de actores políticos y funcionarios del presente y del ayer corresponsables de la situación que hoy padecemos socialmente.

Muchos gobiernos soslayaron la enorme importancia que tiene conocer el origen de la riqueza, que no se genera espontáneamente ni por convenios bilaterales opacos, por lo que se extralimitaron en el ejercicio de la función pública en total impunidad, en aras de favorecer a sus intereses e impulsar una agenda confidencial entre las cúpulas respectivas se firmaron minutas y acuerdos que comprometieron presupuestalmente al sistema educativo estatal hasta su estrangulamiento operativo, en el que nos encontramos.

Resultaría muy ingenuo creer que quienes signaron minutas estrangulando el presupuesto estatal generando el quebranto financiero que nos coloca hoy en esta penosa situación, no obtuvieron ganancias o beneficios particulares en tan abominable acto que por ser extralegal y pernicioso al desarrollo educativo estatal sin duda debe ser visualizado bajo la lupa de posibles actos de corrupción.

Paralelamente, que haya militantes de partidos políticos con cargos públicos apoyando o criticando deliberadamente las manifestaciones resulta normal en una democracia, siempre y cuando se respete la ley y no se realicen las actividades respectivas en horario laboral. Lo que resulta sumamente cuestionable es que ciertos funcionarios, en lugar de ser parte de la solución contribuyan a escalar el problema y apoyen tácticas de presión que violan el estado de derecho, fomentando la inestabilidad y encono social en una entidad federativa que requiere paz y cohesión social.

Recordemos que la rueda de prensa y el posicionamiento que se realizó el pasado 26 de noviembre de 2018, apenas fue un paso por colocar la situación en agenda pública, pero en absoluto se cuenta con una medida de política pública debidamente diseñada y validada por los actores clave. Por ello, resulta comprensible el hecho de que no se haya podido solucionar la situación a la fecha.

No basta informar a la ciudadanía ni rendir cuentas; es necesario dar pasos en el sendero de la gobernanza para que la sociedad tenga más elementos para comprender y participar en transformar la realidad. Los asesores del Gobernador del Estado deben de tener clara la diferencia entre una acción, un movimiento táctico y una estrategia de gobierno. Pagarles a los maestros es una acción que se requiere realizar inmediatamente, debe ser la primera prioridad en materia financiera y no dejarse pasar un día más para liquidar los adeudos. La construcción de la política pública para solucionar la crisis específica en materia financiera es impostergable, pero ello no pasará del orden de lo táctico.

En cambio, instaurar cimientos para la construcción de gobernanza es estratégico, lograr generar el esquema de formación, participación y colaboración ciudadana que redunde en transparencia, rendición de cuentas, control y combate a la corrupción, democracia, cultura de la paz y mejora regulatoria para todo el sistema educativo michoacano.

La visión de red de política pública implica que se integre a todos los actores clave, como el Gobierno del Estado, desde diversas dependencias, tales como el Despacho del Gobernador, la Secretaría de Contraloría, la Consejería Jurídica y por supuesto, la Secretaría de Educación en el Estado y titulares de organismos públicos descentralizados sectorizados; así como el Congreso del Estado, el Congreso Federal, los líderes sindicales, organizaciones de la sociedad civil, consejos de participación social en la educación y asociaciones de estudiantes.

Especialmente, en lo que respecta al ciclo de la política pública, lograr comunicar a los michoacanos que las ruedas de prensa solamente sirven para visibilizar los temas que conforman lo que se denomina agenda pública, pero que ello no resuelve de forma mágica los problemas ni construye soluciones desde las instituciones.

No se trata de confrontarse ni tampoco solazarse entre órdenes de gobierno, sino de anteponer el bien mayor para solucionar la problemática. El derecho a aprender de los michoacanos debe ser el interés superior común de parte de las autoridades para que, de una vez por todas, con una actitud racional, objetiva y constructiva se sienten en una mesa de diseño de política pública, convocando a los actores clave a participar en la solución, sabiendo de antemano que el paliativo de adelantar las participaciones federales no resuelve de fondo la situación.

Se requiere a la brevedad retomar esa mesa de diálogo entre los órdenes federal y estatal del poder ejecutivo, para construir una solución al tema que concierne, con la participación de los grupos sindicales, de los padres de familia, de la sociedad civil organizada y de los medios de comunicación, para efectos de que exista una visión integral de la problemática y una anticipatoria defensa efectiva de los derechos de los posibles afectados con la toma de decisiones a darse.

En materia de los recursos y responsabilidades, es importante que quienes se sienten a la mesa de discusión de antemano señalen qué es lo que están dispuestos a aportar corresponsablemente para poder ofrecer una mejor solución al problema, para de esta manera evitar posturas ideológicas, políticas, interesadas o sesgadas que en nada abonan a la resolución cabal de esta añeja, gravísima y compleja problemática que lacera enormemente el derecho a aprender de los niños, niñas y jóvenes michoacanos.

Desde Mexicanos Primero Michoacán hacemos un exhorto a definir la red de políticas públicas de actores intervinientes, con visión de largo plazo y bajo una mística de gobernanza, para que al centro de esta mesa de análisis se coloque al centro el derecho a aprender de los niños, niñas y jóvenes michoacanos, para lo cual reiteramos nuestra voluntad de participar en el proceso como testigos sociales propositivos.

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