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ERIK AVILES

Esta semana hemos atestiguado varios relevos institucionales al frente de la Secretaría de Educación en el Estado y a su vez, un golpe de timón en cuanto a la posesión de la rectoría de la educación estatal, dándose nombramiento y con ello, atribuciones formales a nivel estatal a un ahora exfuncionario federal.

Reacomodos de esta índole se esperaban desde el anuncio de la finalización del injusto y anacrónico convenio suscrito entre la Federación y el Gobierno del Estado, hecho acontecido el 26 de noviembre de 2018, en la Ciudad de México. Como quien paga, manda, resultaba naturalmente inconcebible que la SEP entregase miles de millones de pesos anuales adicionalmente al Gobierno de Michoacán sin contar en sus manos con mecanismos de gestión, control y supervisión, así como personal de su confianza realizando tales labores.

El arribo de un funcionario con lealtades a nivel federal a tomar posesión de procesos cuyo control se desea centralizar no resulta sorpresivo para los michoacanos, ya que en absoluto es un acto nuevo que se realice durante la actual administración estatal.

Recordemos que, en el ámbito de seguridad pública, esta maniobra se realizó en varias ocasiones, en aras de granjearse la confianza de la Fderación y con ello, poder radicar más recursos y tejer lazos políticos más estrechos, coadyuvando a la construcción de acciones gubernamentales coordinadas entre ambos órdenes de gobierno. La táctica parece haberle dado resultados en el ámbito de las relaciones públicas al gobierno estatal, así como en la gestión de presupuesto, quedando pendiente demostrarse que ha beneficiado a la población el consabido esquema de cogobierno.

Ahora sucede lo mismo en el ámbito educativo, con un subsecretario de educación básica que cuenta con varias décadas de experiencia profesional y que llega a sustituir al ahora encargado de despacho de la SEE, a quien le hicieron dar un paso oblicuo, siendo nombrado como subsecretario de educación superior para poder, por ministerio de ley, ocupar la encargatura mencionada, con lo cual será copartícipe de la revisión del área a su anterior encargo. Sin duda, se trata de una medida negociada al más alto nivel.

Es pertinente destacar que si todo el asunto a tratar entre el gobierno federal y el gobierno estatal fuese la regularización de la nómina magisterial michoacana, sería solamente una tarea a realizarse y ya. Empero, recordar que algunos grupos al interior de la Sección XVIII de la CNTE no solamente desconocieron y emprendieron una campaña de desprestigio contra el Mtro. Alberto Frutis Solís, ahora asesor del Gobernador del Estado, sino que también ya han dibujado una ruta de interlocución con el Lic. Enrique Estrada, la cual están recorriendo, con lo cual queda claro que la maniobra transicional también resulta ser una salida política a un conflicto partidista, gremial y de poder.

Entrando en materia, la agenda pendiente es enorme en materia educativa. Hay muchos asuntos que requieren intervención inmediata para volver realidad y expander el derecho a aprender de todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán, cerrando el paso a la corrupción, la opacidad, la discrecionalidad y la impunidad, para lo cual es esencial tomar completamente la rectoría de la educación sin permitir que grupos fácticos, políticos ni gremiales se apoderen de la toma de decisiones, controlen los procesos, recursos ni tampoco incidan en la educación de los niños.

Es imperativo fijarse como objetivo inmediato elevar los indicadores educativos, especialmente en materia socioeducativa, en temas tan sensibles como la cobertura, el abandono escolar y el analfabetismo, para lograr la meta de situar a Michoacán en la media nacional.

Asimismo, se debe mejorar la transparencia, incrementando la accesibilidad y la calidad de la información sobre la SEE. Particularmente, urge conformar y difundir el padrón estatal de trabajadores de la educación y la nómina magisterial, conforme a la normatividad estipulada para el FONE. Esta medida resolverá la enorme incertidumbre que flota en torno a la situación particular de cada uno de los trabajadores de la educación, así como posibilitando que todos los michoacanos sepan quiénes son los maestros en manos de quienes dejamos a nuestros hijos, día tras día, en las escuelas, permitiéndoles conocer su formación inicial, trayectoria profesional, adscripción, premios y méritos alcanzados, entre otros rubros.

Paralelamente, revisar absolutamente todas las incidencias de personal y resolverlas conforme a derecho es un prerrequisito para apaciguar el sistema educativo estatal, semptiternamente conflagrado, a la par que representará un acto de justicia social con los maestros que han padecido la violación de sus derechos profesionales, así como de los estudiantes que han sufrido la transgresión de su derecho a aprender.

Asimismo, si bien hay esfuerzos remarcables al respecto, el rezago en materia de infraestructura y equipamiento no se ha abatido. Deben dignificarse a la brevedad las escuelas michoacanas, para que sean auténticos modelos de la sociedad del mañana que deseamos construir.

En materia de gobernanza, es muy importante activar al Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, darle seguimiento y abrirlo a la sociedad de manera articulada, conforme a la normatividad establecida, a nivel federal y estatal, para contar con una red social que soporte y multiplique los esfuerzos en pro del desarrollo educativo estatal.

Si se guarda respeto al derecho a aprender y se dignifica el sistema educativo estatal, resulta un debate secundario el arreglo institucional que permita tal salto cuántico, especialmente a cuál orden de gobierno le corresponde pagar y cuál debe mandar. La centralidad del derecho humano no debe perderse de vista jamás en este proceso. Actualmente se realizan ajustes que pueden resultar de alcance estructural en la educación estatal y ser un caso exitoso a replicar en la república; lo cual consumirá recursos y capital político. Sin embargo, el esfuerzo vale la pena, ya que falta mucho por hacer para lograr que estas medidas impacten favorablemente en el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes michoacanos.

Más que nunca, cada acción que se realice deberá demostrarse que está encaminada a alcanzar tan alta finalidad. Estemos pendientes, opinemos, participemos y exijamos la educación que nuestros hijos merecen. Reiterémoslo: quien paga, manda. Y quienes pagamos impuestos somos los ciudadanos.

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