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J MA. CARDONA

Nada nuevo se puede encontrar en la propuesta final de la Actualización del Sistema de Jubilaciones y Pensiones hecha por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través del Rector Raúl Cárdenas Navarro para dar cumplimiento al convenio firmado el año pasado de sostenimiento financiero para la Universidad entre los gobiernos federal y estatal y la propia universidad que en su momento fue calificado por los trabajadores académicos y administrativos como leonino y que viola fragantemente la autonomía universitaria y al mismo tiempo dicho convenio en los hechos mutila los contratos colectivos de trabajo del SPUM y SUEUM.

La propuesta hoy presentada también viola la Constitución del país bajo el principio de que una ley en este caso reforma de carácter laboral en materia de pensiones y jubilaciones debe de ser general y no particularizar en los derechos de los trabajadores; grave violación al principio jurídico constitucional por lo que puede ser impugnada y atacada por la vía del amparo de concretarse por parte de las sumisas dirigencias de los sindicatos universitarios a los intereses de la autoridad universitaria y los gobiernos estatal y de López Obrador.

El documento de la propuesta tanto en su versión extensa como resumida circulo por las redes sociales, correos electrónicos entre los trabajadores académicos y administrativos de la universidad.

La propuesta no es entendible para los agremiados de ambos sindicatos, pero lo más grave es que propone tres tipos de jubilaciones, la primera para aquellos trabajadores de más de 25 años, para los de menor de 25 años de trabajo efectivo y para las nuevas generaciones a ingresar.

Ambas versiones no dejan claro como benefician o perjudican los derechos adquiridos por los trabajadores nicolaitas a la jubilación que es una conquista de varias generaciones y jornadas de lucha como está pactada y reconocida no solo en los contratos de trabajo y la Ley Orgánica de la propia universidad. Es por eso que de paso en pleno “Guadalupe Reyes”, el congreso local tendrá a espaldas de la comunidad universitaria reformar la ley universitaria, a lo que en los hechos es una violación a la autonomía universitaria en complicidad con la autoridad universitaria que encabeza Raúl Cárdenas y las dirigencias sindicales sumisas por no decir traidoras de ambos sindicatos.

Seguramente los dirigentes charros del SPUM y del SUEUM que hasta ahora no han movido ni un solo dedo para defender los contratos colectivos de trabajo y exigir el pago inmediato de los salarios devengados y no pagados por la administración cardenista bajo el pretexto de que se agoto el presupuesto y que tan solo hay que aceptar la mutilación de los contratos de trabajo para “acceder” a nuevos recursos, ahora hacen el trabajo sucio para la patronal universitaria de convencer a la base sindical de aceptar la imposición leonina de la propuesta hecha por el Rector Cárdenas, en lugar de convocar y emplazar a huelga a la universidad.

Pero la propuesta antes referida, también viola otros derechos en materia de salarios porque propone una aportación del 5 por ciento del salario tabular al fondo o fidecomiso para financiar las jubilaciones y pensiones de los trabajadores nicolaitas lo que es contrario a la Ley Federal del Trabajo y a la del Seguro Social ya que los trabajadores universitarios aportan una cotización para su seguridad social y por lo tanto no se les puede obligar a contribuir dos veces para el mismo concepto en especial para la vejez y la cesantía, esto es anticonstitucional y viola los derechos humano, además de que en este sentido los trabajadores universitarios nicolaitas viven en un estado de incertidumbre laboral lo que constituye un ataque por parte del gobierno y la autoridad universitaria de acoso laboral que es violación a los derechos humanos, en este sentido los trabajadores del seguro social interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos porque el Seguro Social como producto de la penúltima reforma laboral de Peña Nieto dispuso indebidamente de su fondo de pensiones y los mando a las Afores.

Otra violación de carácter laboral y humano es que la propuesta antes mencionada propone un salario “regulador” que consiste en tomar en cuenta la edad biológica y el tiempo efectivo laborado para jubilarse, lo que significa obtener un monto de jubilación o de pensión menor a lo pactado en los actuales contratos colectivos de trabajo lo que es contrario a la Ley Federal del Trabajo, además que esto implica modificar radicalmente las clausulas en términos del finiquito a la cual esta obligada la universidad cuando un trabajador universitario se jubila o se pensiona y en este sentido no hay una propuesta concreta.

El argumento principal para modificar o aniquilar el régimen de pensiones y jubilaciones es el déficit financiero universitario, que es responsabilidad exclusiva de la autoridad universitaria, más aun cuando existe opacidad e indicios de corrupción por parte de las autoridades universitarias pasadas.

En última instancia los trabajadores universitarios nicolaitas tienen una relación laboral con la universidad y es responsabilidad de la autoridad universitaria tener los recursos financieros para pagar salarios, prestaciones, jubilaciones y pensiones, más aun cuando la elección del Rector es antidemocrática a espaldas de la comunidad universitaria por la Comisión de Rectoría.

Por todo lo anterior los trabajadores universitarios tienen que rechazar y desechar dicha propuesta llamando a construir una coordinación intersindical universitaria para defender a capa y espada el actual régimen de pensiones y jubilaciones para echarlo abajo, elaborar un plan de lucha que contenga entre otras cosas interponer amparos individuales de manera masiva, así como también interponer de la misma forma quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por acoso laboral y apoderarse de las instalaciones sindicales para utilizarlas en legitimo derecho en defensa de las jubilaciones y pensiones- ante la traición de los dirigentes sindicales- con todos los recursos materiales, además de formar comités de lucha en cada una de las escuelas, facultades e institutos para obligar a los comités ejecutivos de sus consejos de representantes para que desechen la propuesta de Raúl Cárdenas, que no es otra cosa que la propuesta del actuario Aguirre hecha desde el 2015 por mandato del gobierno de Peña Nieto y ahora de López Obrador.

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