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J ALVAREZ BLa actuación desplegada con auxilio de particulares (taxistas) por parte de la Comisión Coordinadora del Transporte Público en Michoacán (COCOTRA) contra particulares que supuestamente prestan el servicio a otros particulares a través de diversas plataformas electrónicas ha sido definida en jurisprudencia dictada el pasado viernes 17 de mayo por el Pleno del Décimo Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación con residencia en Morelia, bajo la presidencia del Magistrado Victorino Rojas Rivera.

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J ALVAREZ BDarío nació el pasado 5 de marzo, sus padres interesados en mantener su salud al día, acudieron el lunes 6 de mayo a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán a solicitar le aplicaran sus vacunas acordes a su edad, dos de ellas (la vacuna contra la difteria, tosferina, tétanos, poliomelitis e infecciones por influenza "B" -también conocida como pentavalente acelular-, así como la vacuna contra infecciones por neumococo) no se las pudieron aplicar en virtud de que la persona encargada aludió a la inexistencia física en su almacén de estas.

Darío de apenas dos meses de edad, logró obtener la suspensión de plano dentro de diverso juicio de amparo promovido ese mismo día, suspensión dictada de inmediato por parte del titular del Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación con residencia en Morelia. Personal dependiente de la autoridad responsable sin mayor demora localizó a los padres de Darío, solicitándole con carácter de urgente llevaran al menor quejoso para aplicarle las vacunas aludidas sin mayor contratiempo.

El caso de Darío es uno entre muchos, la omisión de las autoridades responsables (Secretario de Salud Federal y Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud) en la aplicación de dichas vacunas a los menores de edad, se puede demandar vía amparo con los efectos arriba narrados, ya que se considera que tal conducta pone en peligro la vida de los menores, la suspensión obtenida fue para el efecto de que, sin demora le garantizaran el acceso a la salud y aplicarle las vacunas señaladas.

El Juez de Distrito ordenó a las autoridades responsables realizar las gestiones pertinentes y necesarias para ese efecto; es decir, se concedió la medida cautelar solicitada para que las autoridades de inmediato otorgaran el servicio médico a Darío, lo anterior, en el entendido de que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas competencias deberian realizar todas aquéllas gestiones y acciones encaminadas a que el menor contara con el servicio de salud que requiere.

Lo anterior, bajo la precisión de que las vacunas sean estrictamente necesarias e indispensables aplicarlas en este momento, para la salud del infante, de acuerdo a las características del niño, tomando en cuenta la cartilla de vacunación, su edad y su estado de salud actual, lo cual debía valorar el personal médico que en su caso, atiendió al menor, debiendo hacerlo bajo su más estricta responsabilidad profesional.

Que afortunado Darío de tener un padre abogado postulante, que desafortunado que el efecto de la suspensión concedida no alcance a los demás menores que como a el, se les niegan sus vacunas; que lamentable que la justicia para este tipo de casos no sea extensiva, un yerro por parte de las autoridades el no contar con vacunas, estas son un ahorro como medida preventiva de enfermedades que a la postre derivarán en una gran inversión para atender lo que no pudieron preveer, esperemos que la lucha de Darío sea el inicio de una lucha para todos los infantes. @lvarezbanderas

J ALVAREZ BA partir del 1º de agosto de los corrientes el precio del transporte público en el Estado de Michoacán es de nueve pesos, de conformidad con el Artículo Único Transitorio del Acuerdo de fecha 30 de julio pasado, mediante el cual se autoriza el incremento en la tarifa por la prestación del servicio público de autotransporte de pasajeros en las modalidades de colectivo urbano, urbano y suburbano.

La Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán en el Acuerdo en cita, precisa que previamente esta Comisión realizó los estudios técnicos y socioeconómicos sobre la “costeabilidad” (sic) del servicio público en las modalidades indicadas, obteniendo como resultado la corroboración de los efectos negativos de la inflación en el país, constituyendo un obstáculo para que el servicio público concesionado cumpla con los requerimientos de seguridad, eficiencia y modernidad, exigidos por la Ley de la materia.

Aunado a lo anterior, la Comisión consideró que las constantes alzas a los combustibles y el índice inflacionario acumulado, repercuten de manera directa en el incremento de los costos de las refacciones y demás insumos necesarios que requieren los concesionarios del servicio de transporte público ya indicado para poder prestarlo; por lo anterior, resultaba entonces necesario autorizar un incremento en la tarifa. Por tanto, atendiendo al interés público que prevalece en la aplicación y observancia de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, considera necesario el ajuste de las tarifas que se han de cubrir por estar debidamente fundadas y justificadas.

Ante lo anterior, se incrementa la tarifa por el servicio prestado de ocho a nueve pesos, exceptuando del incremento a los adultos mayores y a las personas con capacidades diferentes y exentando a las personas que padezcan cáncer siempre y cuando porten la acreditación correspondiente emitida por el Centro Estatal de Atención Oncológica de la Secretaría de Salud de la Entidad o del Organismo Público o Privado que éste designe. El incumplimiento del Acuerdo será sancionado conforme al Reglamento aplicable, siendo responsables solidarios de estas los concesionarios y permisionarios.

Considero que el Acuerdo es inequitativo, al solamente considerar a los enfermos de cáncer como sujetos exentos del pago -mientras a las personas con capacidades diferentes se les seguirá cobrando la tarifa anterior de ocho pesos-, así como por la falta de fundamentación y motivación del Acuerdo, en virtud de que los estudios que se aluden en la publicación oficial dudo sean objetivos. @lvarezbanderas

J ALVAREZ BLa reforma al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 6 de junio de 2011, permite a los gobernados acudir vía juicio de amparo a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de actos de autoridades que lesionen su interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

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J ALVAREZ BPor mandato constitucional los mexicanos estamos obligados a contribuir con el gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, lo anterior se preceptúa en la fracción IV del artículo 31 de la Carta Magna; la relación jurídico tributaria que tenemos como gobernados con el Estado, incluye tanto a la federación, como a las entidades federativas y a los municipios de nuestra nación; una de las contribuciones que tenemos que pagar en tiempo y forma en nuestro estado de Michoacán es la denominada “derechos” aplicable a diversos trámites vehiculares.

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