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“El estado en que menos anhelan gobernar quienes han de hacerlo es forzosamente el mejor”

Platón

 

rosmy bonillaNo sé si calificarlo de decepcionante o de doloroso pero, en cualquier caso, no es un sentimiento personal, sino colectivo. Decepciona y duele porque nos afecta a todos. Hablo de la falta de interés de las autoridades municipales por suscribir un compromiso con la ciudadanía de Michoacán para transitar hacia un gobierno abierto.

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“Estoy a favor de un gobierno que sea vigorosamente frugal y sencillo”.

Thomas Jefferson

 

rosmy bonillaEn busca de alianzas entre la sociedad civil y los gobiernos municipales, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción lanzó una convocatoria para que los ayuntamientos se sumen al compromiso de ejercer un gobierno abierto.

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rosmy bonillaEn un ejercicio de escucha activa con academia y sociedad civil organizada, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción retornó a una de sus razones de ser: atender las propuestas de la sociedad en el combate a la corrupción.

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“Mientras luchan por separado, son vencidos juntos”

Tácito

rosmy bonillaUno de los pilares del Sistema Estatal Anticorrupción es la participación ciudadana. -Aunque no caigamos en la demagogia del discurso y pensemos que se ha ciudadanizado el combate a este flagelo como se dijo en los primeros días de la creación del Sistema- Sin embargo, en Michoacán, la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana contempla que la mayoría de éstos requieren de una “invitación” de la autoridad para que los ciudadanos participen.

En el Laboratorio Anticorrupción que se desarrolló con el Observatorio Regional Zamora fue constante la pregunta de los participantes -en su mayoría integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil- sobre cómo se puede participar si no hay espacios institucionalizados sin que la autoridad tenga que emitir convocatoria.

Y es que depender de que la autoridad abra los espacios para la participación ciudadana es utópico si recordamos que, por ejemplo, los ayuntamientos debieron emitir en los primeros 90 días de gobierno la convocatoria para la conformación de Observatorios Ciudadanos; que solo 51 ayuntamientos cumplieron con este mandato establecido en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana y que para junio de 2019 solo se habían instalado 8 observatorios.

Por ello, en el Laboratorio, uno de los temas recurrentes fue, por ejemplo, la designación de funcionarios que no cumplen con los perfiles para desarrollar las actividades de sus puestos. Ante ello, ¿cómo puede la sociedad inconformarse y, más aún, ejercer presión suficiente para que esos funcionarios sean sustituidos por perfiles adecuados?

Desgraciadamente, la pregunta sigue en el aire. Sin embargo, uno de los retos más importantes del Comité de Participación Ciudadana que derivaron de este ejercicio del Laboratorio Anticorrupción, es precisamente llevar estas inquietudes al seno del Sistema Estatal Anticorrupción y buscar una respuesta efectiva.

Si bien el Comité Ciudadano no puede modificar la ley, ni abrir más y mejores espacios para la participación de la sociedad, sí puede impulsar y acompañar propuestas y mecanismos para que, en tanto la legislación cambia, la sociedad tenga formas de participación más activa.

¿Cómo pueden la participación de los ciudadanos contribuir a que acabe la corrupción? Más allá del esfuerzo individual de cada uno de nosotros por respetar la ley y desarrollar nuestras actividades cotidianas de manera correcta y honesta; la participación colectiva organizada puede conjuntar esfuerzos, habilidades y perfiles para la vigilancia de los recursos públicos; para fomentar la transparencia proactiva es decir, que la autoridad no solo informe sino que la información sea útil; para impulsar la mejora de trámites y hasta para el litigio estratégico en denuncias formales por actos de corrupción.

Pero la participación colectiva organizada es, sin duda, un esfuerzo mayúsculo que requiere tiempo, aporte de conocimiento y compromiso por parte de quienes la ejerzan; y un esfuerzo que no tiene otra recompensa que la satisfacción de aportar para mejorar el entorno.

Por ello, el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción reconoce la labor de las organizaciones de la sociedad civil y se compromete a impulsar sus propuestas, buscar respuesta a sus inquietudes y acompañar sus esfuerzos.

De manera muy ambiciosa, pretendemos convertirlos en el articulador de la Sociedad Civil Organizada para el combate a la corrupción. Es decir, ser los promotores de una red de participación ciudadana colectiva que articule los esfuerzos que ya realizan las organizaciones para potenciar los resultados de la participación ciudadana. Al final, es parte de nuestra encomienda aunque es no una encomienda sencilla.

rosmy bonilla“Obedézcase pero no se cumpla”.

Figura jurídica propia, típica y endémica de la administración aplicada a las Indias Españolas. Siglo XIV

 

Este 2019, cumplimos 22 años de haber firmado el primer convenio internacional para el combate a la corrupción; 20 de haber firmado el segundo y, apenas en diciembre de 2018, cumplíamos 15 años en haber firmado la Convención de la ONU contra la corrupción.

Sin embargo, según Transparencia Internacional, en los últimos dos sexenios federales, México ha caído de manera constante y permanente en los Índices de Percepción de la Corrupción del lugar 70 de 106 países en el 2002 al lugar 138 de 180 países en el 2018.

Es importante destacar que Transparencia Internacional mide la percepción de la corrupción, es decir, recoge la evaluación de expertos y hombres de negocios sobre comportamientos como soborno, desvío de fondos públicos, uso de la función pública para beneficio personal, nepotismo, captura del Estado, así como mecanismos de integridad, juzgamiento efectivo a funcionarios corruptos y marco jurídico adecuado.

Esta percepción que -hay que decirlo- es la que compartimos los ciudadanos y que concuerda con las cifras de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que realiza el INEGI año con año; no corresponde con el seguimiento que los convenios internacionales le han dado a México en los últimos años.

Me explico: al paso del tiempo y, particularmente, con el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, México ha cumplido con gran parte de los compromisos adquiridos en los convenios internacionales y es que, al menos en el papel, el andamiaje jurídico e institucional que requieren los organismos internacionales existe en el país.

Sin embargo, a la hora de que ese andamiaje jurídico e institucional brinde resultados, no se acerca a lo que los ciudadanos esperamos respecto al combate a la corrupción.

Así, en cuanto al cumplimiento a los tratados internacionales, México se acerca a completar la check list al generar leyes, protocolos e instituciones para el combate a la corrupción, pero éstas no brindan los resultados que se esperan. ¿Por qué?

Ésta es la pregunta de los 64 mil millones: ¿Por qué, si existen las leyes y las instituciones para el combate a la corrupción, este mal no termina?

La respuesta está, quizás, en lo que María Amparo Casart explica en su libro “Anatomía de la Corrupción”: se trata de un fenómeno multifactorial y multidimensional y así mismo debe ser atacado.

Mientras sigamos cayendo en el error de querer reducir el combate a la corrupción a la creación de más leyes, protocolos e instituciones, no veremos resultados.

De igual manera, si nos empeñamos en reducir el problema de la corrupción a un fenómeno cultural o de valores; seguiremos en el anhelo de acabar con ella sin resultados eficaces.

Si seguimos pensando que la corrupción es la falta común entre la clase política y la empresarial y que los ciudadanos de a pie no tenemos injerencia en ella, no veremos la luz al final del túnel.

Debemos comprender que leyes sin aplicarse, impunidad, falta de valores, falta de sentido de comunidad, falta de conciencia ciudadana, son algunos de los multifactores que generan corrupción y que los ciudadanos de a pie somos también una de las múltiples dimensiones de la corrupción.

La teoría político-económica explica que no habría corrupción sin oferta y demanda; es decir, que no habría corruptos sin corruptores. Es por ello que, tanto el sector público, como el privado y la ciudadanía en general debemos estar unidos en un frente común contra la corrupción. La pregunta es ¿será posible conformar este frente común?

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