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rosmy bonillaComunicare es la palabra en latín que significa “compartir algo” o “poner en común”

La ciudadanización de procesos y decisiones ha sido una constante en el discurso del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador; tanto así que una de las frases más recordadas de su campaña rezaba “lo que el pueblo mande”.

Así como la base de su propuesta de campaña y el origen de su triunfo en las urnas ha sido la promesa de cambio; en un intento por acercar a los ciudadanos a la toma de decisiones, el presidente entrante ha propuesto desde consultas ciudadanas hasta encuestas para abordar diferentes temas.

Los foros de pacificación y las consultas sobre la reforma educativa son, precisamente, ejercicios que se iniciaron para conocer la opinión ciudadana sobre los temas más álgidos del país.

Sin embargo, ni los ciudadanos, ni las instancias públicas estamos acostumbrados a dialogar y ese ha sido el primer obstáculo al que se han enfrentado estos ejercicios de participación ciudadana.

Por un lado, la ciudadanía está ávida de ser escuchada, se plantean temas diversos y dispersos y los foros se convierten en una catarsis. Por otro, los organizadores se ven rebasados; no saben entablar dinámicas y puentes de diálogo y convierten los conversatorios en actos protocolarios en los que la única voz que se escucha en los micrófonos es la de los personajes políticos de siempre.

En unos días más, a finales de este mes, se desarrollará la consulta sobre la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un tema debatido, en el que los intereses y los discursos se contraponen y en el que las cuestiones de seguridad, impacto ambiental y hasta conveniencia económica son lo último en el debate.

Sobre las consultas ciudadanas, en particular, la ley es muy clara: solo podrán solicitar una consulta popular el Presidente de la República (¿sobra decir que en funciones?); una tercera parte de los legisladores, o el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. 

Es decir, de entrada, el ejercicio que proponen el presidente electo no puede llamarse consulta popular porque, además, no cumple con otros requisitos de ley para serlo.

Podríamos pensar que el nombre es lo menos importante, sin embargo, lo es; y mucho. En la medida en que si no es lo que se dice que es, tampoco sus consecuencias serán las que se dicen que serán.

Explico: para que la consulta popular sea eso, una legítima consulta al pueblo, debe ser organizada por el Instituto Nacional Electoral y la pregunta debe ser aprobada por el Congreso; y para que los resultados sean vinculantes (obligatorios de cumplirse) para las autoridades, la consulta debe contar con la participación de al menos al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Sin esas condiciones, reguladas y establecidas, la consulta popular no resulta representativa y sus resultados no son de carácter obligatorio para las autoridades.

Aún así, se debe reconocer la apertura del gobierno entrante para iniciar con estos ejercicios de consulta ciudadana. ¿Son perfectibles? ¡Claro! Lo importante es que iniciamos y que, poco a poco, ciudadanos e instancias públicas, aprenderemos a dialogar sin tanta regulación, de manera natural.

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