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veronica garciaEste lunes el Congreso de Michoacán dará marcha atrás a la decisión que tomó hace apenas 40 días, cuando a propuesta del gobierno estatal, avaló la creación y el aumento de una serie de impuestos que se contemplaron en la iniciativa de paquete fiscal del siguiente año, para compensar el recorte del presupuesto que autorizó la federación al estado para 2019, ya que contempló alrededor de dos mil millones menos que el ejercicio fiscal anterior.

Tras una acalorada discusión que se prolongó hasta las primeras horas del 31 de diciembre, la iniciativa del gobierno estatal fue votada en contra por 11 diputados de Morena, respaldados por las petistas, Brenda Gutiérrez Fraga y María Teresa Mora Covarrubias. Entre descalificaciones de los opositores, votaron a favor 23 diputados del PRD, PAN, PRI, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, los petistas Baltazar Gaona García y Salvador Arvizu García, así como la ex morenista Wilma Zavala Ramírez.

Sin embargo, desde los primeros días del año, fue en incremento la inconformidad de diversos sectores con los nuevos impuestos: desde recolectores de basura, transportistas y notarios hasta ediles, diputados y empresarios, advirtieron su inconformidad y anunciaron que promoverían amparos, acciones y controversias constitucionales para revertir las disposiciones legales.

Inicialmente, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, decretó la suspensión de los impuestos cedulares y notariales para este año, pero la postura se modificó con el paso de los días hasta que el pasado 31 de enero, envió al Congreso local iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda para eliminarlos de manera definitiva.

A la propuesta se sumó la del diputado panista José Antonio Salas Valencia, que planteó la eliminación de los mismos impuestos e incluso utilizó los mismos argumentos que el Ejecutivo. A estos documentos, se sumó la iniciativa de los diputados de Morena, que además de los cedulares y los notarios, propuso eliminar los impuestos Ecológicos e incluso los que gravan la Nómina y Hospedaje.

Legisladores y el propio gobernador Silvano Aureoles Conejo, han rechazado haber cometido un error luego de la premura con la que tuvo que presentarse el alcance presupuestal de este año. Por el contrario, en su exposición de motivos, se refirió a las pérdidas económicas que dejó al estado el desabasto de gasolina y que el INEGI contabilizó en 250 millones pesos diarios, como uno de los principales argumentos para dar marcha atrás a tal determinación.

Lo cierto es que no existían condiciones materiales, de logística ni sociales para tomar una medida de esa naturaleza, cuando también se consideró la verificación obligatoria e incluso el cobro del registro vehicular. Desde principio de año, en conferencia de prensa conjunta con el Colegio de Contadores, el director de Política Tributaria del gobierno estatal, Elías González Ruelas, reconoció que la Secretaría de Finanzas carecía de un padrón y de un sistema de cobro de los nuevos impuestos.

La Ley de Ingresos de este año, tampoco estimó ninguna recaudación para los nuevos impuestos, lo que hace suponer que su eliminación no frenaría ninguna de las acciones o programas que el gobierno estatal pondrá en operación este año.

Sin embargo el panorama para Michoacán en 2019 no es nada alentador. Del presupuesto de poco más de 70 mil millones de pesos que se ejercerán este año, más del 70% se destinará al pago de personal y operación de oficias burocráticas. Este año no hay prácticamente recursos para obra, no se gastará ni un solo peso en la compra de canastas básicas para adultos mayores, tampoco en el programa beca futuro o los apoyos para discapacitados. Más de 30 programas federales no recibieron un solo peso este año, en la lógica de que serán fusionados o los operarán otras dependencias.

El estado deberá transitar también por una reasignación presupuestal inédita en su historia para atender la demanda del Magisterio Democrático y garantizar el pago de salarios y prestaciones de cerca de 29 mil trabajadores de la educación con clave estatal. El reto es mayúsculo y obligará a decisiones responsables en todos los niveles de autoridad, en especial, del gobierno y el Congreso local, que deberán priorizar la atención no sólo a las zonas de mayor marginación sino a las que garanticen y promuevan el desarrollo de Michoacán.

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