“Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá”
Horacio
México ha firmado tres convenciones internacionales, todas ellas con un común denominador: la recuperación de activos.
Vamos, lo que se busca a través de estas convenciones es que los Estados que firmen tratados de comercio tengan garantías de que si, por alguna razón, hay pérdidas económicas por actos de corrupción, el recurso podrá regresar al país de origen.
Este 9 de diciembre celebramos el Día Internacional Contra la Corrupción, fecha establecida por la firma de la última convención: la de las Naciones Unidas contra la Corrupción que data del 2003.
En ese 2003, en México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario reportó un recuperación de 21 mil 430 millones de pesos; para 2019, la recuperación fue de cero, al igual que en 2016 y en 2018. En 2017, la recuperación de activos llegó solamente a mil millones de pesos.
Es importante recordar que esta información corresponde a la recuperación de activos bancarios a nivel federal. Sin embargo, los estados parecen estar haciendo esfuerzos importantes en ese sentido.
Por ejemplo, en Quintana Roo, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, informó que, en el 2019, 4 personas personas jurídicas repararon el daño causado al patrimonio del Estado por la cantidad total de 75 millones 251 mil 728 pesos entre efectivo y propiedades.
En el estado de Michoacán, se agotaron ya las vías jurídicas y la Secretaría de la Contraloría turnó a la Secretaría de Finanzas la cobranza de cerca de mil millones de pesos. Estos recursos son resultado de sanciones a servidores públicos instauradas de 2013, 2014 y 2015.
Sin duda, la Federación y los Estados deben mantener una comunicación fluida y, sobre todo, generar bases de datos conjuntas y espacios de consulta ciudadana para que, con un solo click, podamos consultar los resultados de la recuperación de activos. De otra manera, la confianza de las calificadoras internacionales y de los propios ciudadanos en el combate a la corrupción efectivo seguirán por la lona.
Otros de los retos para las autoridades que procuran la recuperación de activos, es que, en primer término, éstos se cobren y, en segundo lugar, que informen qué se hará con esos recursos, en dónde se invertirán o bien, los tiempos y plazos en los que se remitirán a los países afectados en caso de tratarse de recursos provenientes de la inversión extranjera.
Recuperar recursos que se pierden por actos de corrupción es un proceso largo: se requiere probar el hecho de corrupción, agotar las vías jurídicas para sancionar a los servidores públicosy/o particulares y, la parte final del proceso, el cobro, también resulta tortuosa.
Sin embargo, además de las sanciones penales a los servidores públicos y particulares que comenten actos de corrupción, las saciones económicas son; en primera instancia una buena lección para aquellos que participan en hechos de corrupción y, en segundo lugar, quizá una mejor vía de resarcir el daño.
Al final, si el Estado puede recuperar los recursos perdidos, podrá invertirlos en programas de salud, educación, infraestructura urbana y otros que nos beneficien a todos.
