El representante legal del congreso local manifestó que legalmente no procede una confiscación a un inmueble propiedad del poder Legislativo
Luego de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje determinará embargar al Congreso del Estado, tras emitir una resolución a favor de la extrabajadora, Karina Campos por supuesto despido injustificado, el parlamento se amparó ante un juzgado federal para impedir que se llevara a cabo el mandato judicial.
El pasado miércoles se dio a conocer que este viernes 2 de junio, se determinó la ampliación del embargo el inmueble del Legislativo en punto de las 10 horas, sin embargo, este finalmente no se realizó.
El representante legal del congreso local, Juan Abraham Martínez, informó que desde hace 20 días, solicitaron un amparo ante un juzgado federal, además de que legalmente no procede un embargo a un inmueble propiedad del poder Legislativo.
Además que precisó que como parte del resolutivo se embargó de la cuenta bancaria de la nómina de los trabajadores, sin que hubiera afectaciones debido a que está se encontraba vacía.
“Promovieron un amparo en contra de la cuenta de los trabajadores del congreso del estado, tenemos una suspensión que yo creo que fue el motivo por el cual no se llevó a cabo el embargo, pero yo esperaba este resultado, tenemos una suspensión federal, no podían realizar el embargo por el momento”, manifestó.
El jurista informó que en la presente Legislatura, resolvieron alrededor de 30 asuntos que heredaron los pasados parlamentos y con todos ellos se ha logrado negociar la cantidad monetaria, a excepción del caso de Karina Campos a quien acusó de aceptar un monto, para posteriormente rechazarlo.
Señaló que el Congreso del Estado, le ofreció a la demandante un total de 750 mil pesos, pero Campos lo rechazó y exige se pague el laudo completo que rebasa el millón de pesos.
El jurista también afirmó que en la Contraloría del parlamento local, el expediente laboral de la demandante, contiene un procedimiento por doble plaza.
Mencionó que existen alrededor de 70 asuntos pendientes de resolver y otros 25 resolutivos por ejecutar, de legislaturas desde el 2012 a la fecha.
Sobre las acusaciones de corrupción en su contra, Abraham Martínez se limitó a exigir a sus detractores que lo prueben ante las instancias correspondientes.
