La semana pasada el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo marcó la agenda nacional con sus declaraciones acerca del proceso electoral de Michoacán, las afirmaciones hechas por el mandatario michoacano tendrá que probarlas ante los tribunales electorales y nada más, por lo que no se puede afirmar otra cosa ni a favor ni en contra.
Por otro lado, la respuesta tanto del presidente López Obrador como del gobernador hasta ahora electo Alfredo Ramírez Bedolla fueron lógicas pero de falta de contenido político de fondo.
Mientras se llega a un desenlace final sobre las impugnaciones al proceso electoral, es necesario hacer otra consideración, la participación de los ciudadanos que fueron a las urnas a expresar su voluntad popular y aquellos que realizaron la elección, recibiendo la votación y contando los votos, merecen el respeto de los partidos políticos y sus dirigentes. Las impugnaciones y una eventual anulación de la elección de gobernador son una falta de respeto a la participación ciudadana en el pasado proceso electoral en Michoacán digna de tomarse en cuenta.
Por otra parte todo lo que se pueda comentar a favor o en contra de las declaraciones del mandatario michoacano se encuentra en el terreno de la especulación ni más ni menos porque serán los tribunales electorales los que dirán la última palabra.
Pero mientras que se define dentro del marco legal la elección a la gubernatura, es necesario hacer un conjunto de reflexiones sobre las condiciones económicas y sociales en Michoacán.
Michoacán es una entidad federativa con un rezago social importante, más de la mitad de su población se encuentra en pobreza, la política social tanto del gobierno federal como estatal en los últimos años no ha podido disminuirla.
En cuanto al tema de educación, Michoacán como se sabe ocupa los últimos lugares en todos los aspectos y que la reforma educativa no fue implementada por la oposición del movimiento magisterial, esto no significa que la misma fuera una alternativa para la educación en Michoacán.
Por lo que se refiere al crecimiento económico antes de la pandemia fue menor al 2 por ciento promedio anual y el desempleo es alto, aparte de los miles de michoacanos que emigran principalmente a los Estados Unidos y que envían un promedio de 4 mil millones de dólares anuales de remesas familiares para la mantención de sus familias donde el mayor porcentaje de ese ingreso se dedica al consumo.
El monto de las remesas familiares es mayor al presupuesto estatal y más alto de lo que se dedica tanto a la inversión productiva pública y a la política social.
Dentro de las fortalezas que tiene la economía michoacana son las exportaciones agropecuarias entre las que destaca las exportaciones de aguacate y hortalizas donde los ingresos obtenidos no se distribuyen equitativamente entre una parte de la población, además de que aportan poco valor agregado.
Otro aspecto es el puerto de Lázaro Cárdenas donde se mueven muchos millones de dólares por las exportaciones e importaciones realizadas, como se sabe es el segundo más importante del Pacifico mexicano, pero los ingresos recibidos por la actividad exportadora no se quedan en este municipio y los beneficios son bajos.
Un problema estructural del territorio michoacano es la falta de su integración regional, actualmente existen diez regiones y solamente en tres se concentra la mayor parte de la producción estatal y la generación del valor agregado y las remuneraciones salariales son bajas es por ello que Michoacán contribuye al PIB de 2.4 por ciento.
Para aumentar la participación en este aspecto se necesita una importante política económica de promoción de las inversiones productivas, principalmente en lo que se refiere a la industria y al comercio, además de promover la integración regional mediante la inversión en infraestructura, modernizando las carreteras y los caminos y estableciendo corredores industriales de alta tecnología, pero, para ello es necesario recobrar la seguridad y el territorio que se encuentra en manos de la delincuencia organizada con otra estrategia más eficiente.
El problema de la deuda pública estatal es un grillete para el crecimiento y el desarrollo de Michoacán es por eso que el próximo gobernador debe de tener una política específica para el manejo de la deuda que permita canalizar más recursos públicos a la inversión productiva y el desarrollo social.
Michoacán necesita un cambio radical en el timón de mando y no tratar de implementar algo parecido a la 4T; una estrategia de desarrollo que tenga el propósito de desarrollar todas las capacidades productivas y sociales con el objetivo de disminuir el desempleo, la economía informal, la migración y sobre todo la pobreza.
Porque Michoacán ya no aguanta más un sexenio de pugnas políticas y de inseguridad pública como de altos índices de violencia a los cuales lo ha llevado la clase política michoacana.
Es por eso que también se necesita un gobierno eficaz y eficiente, de resultados en el corto y mediano plazo, transparente y con rendición de cuentas, así como el combate cotidiano a la corrupción ; por eso surge la pregunta ¿a dónde llevarán a Michoacán? La clase política y sus gobernantes.
