Triste época la nuestra: es más fácil desintegrar un átomo, que un prejuicio
Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán.
No fue, la pasada, una buena semana para el Poder Judicial, ni michoacano ni nacional.
Como institución y en lo personal sus representantes más importantes, jueces, magistrados y ministros, recibieron inusuales tundas particularmente por la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Medios de comunicación, abogados y hasta políticos y gobernantes, han arrinconado al Poder Judicial a base de severos cuestionamientos en torno a la laxitud y “benevolencia” con que el NSJP trata a los delincuentes, lo que impide reducir los niveles de criminalidad y violencia que parecen desbordados en el país, fenómeno al que desde luego Michoacán no es ajeno, todo lo contrario.
Por una parte, sin duda es cierto que el NSJP está permitiendo que los juzgados se hayan convertido en una especie de puertas giratorias, donde la gran mayoría de los acusados de algún delito, salen con la misma facilidad con que entraron.
Pero ello tiene una explicación: el nuevo modelo de justicia penal fue elaborado por el poder público con la idea de no saturar las cárceles, pero para no enviar señales al mundo de que México es un país violento, de criminales; es preferible, en esa lógica, tener a los delincuentes en las calles, que parecer ante los ojos del mundo un país “peligroso”.
Por eso, en efecto, el NSJP contempla una peligrosa benevolencia con los delincuentes, lo que está influyendo para que éstos no pueda ser encarcelados con la facilidad que la sociedad y la realidad demandan, a lo que habrá que aunar el hecho de que policías y ministerios públicos, amén de su natural corrupción, no recibieron una eficaz capacitación sobre el nuevo modelo de justicia.
Habrá que decir que de todo ello no tienen la culpa los jueces, porque ellos no hicieron el NSJP, solo se los dieron para que lo aplicaran; la fragilidad de la ley que permite que los delincuentes tarden más en ser arrestados que en recuperar su libertad, no es responsabilidad de los jueces, sino del Poder Legislativo.
Pero por otra parte, también es cierto que el Judicial, es el poder menos transparente, menos auditado y por ende el que con mayor grado de discrecionalidad se maneja, no solo en cuestiones presupuestarias, sino en su toma de decisiones y de aplicación de medidas tanto en su vida interna como hacía el exterior.
El juez mexicano no está acostumbrado a que se le cuestione, a que se le impute responsabilidad por la violencia y la criminalidad que se vive en todo el país, cuando si bien es cierto, como decíamos, que solo aplica la ley, también lo es que en ellos hay elevadísimos niveles de corrupción, que permiten la exoneración incluso de grandes capos, al ayudarles a éstos encontrando el menor error en su detención o en su proceso, para autorizarles la libertad, so pretexto de que se violentó el debido proceso.
Y por si todo ello fuera poco, habrá que reconocer también su alta fragilidad ante los crimínales: en efecto, casi ningún juez, incluyendo a los ministros de la Corte, suele contar con los grandes y ofensivos aparatos de seguridad de los integrantes de los otros dos poderes, los funcionarios gubernamentales y los legisladores, lo que vuelve a los jueces fáciles víctimas del amago y la presión de los delincuentes.
Como se ve, pues, es un auténtico cóctel de factores que inciden para llegar a una realidad, esta sí, indiscutible: México no tiene ni el sistema de leyes ni la calidad de juzgadores como para hablar de un país en el que quien la hace, la paga.
Aquí no; aquí 97 de cada cien que “la hacen”, no la pagan. Y eso sí, muchos que no la hacen, terminan pagándola. Esa es nuestra justicia. jaimelopezmartinez@hotmail.com twitter@jaimelopezmtz>
