La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un disgnóstico falso y aplicar luego los remedios equivocados
Groucho Marx (1890-1877) Actor norteamericano
Que las dos empresas europeas que se habían inscrito para participar en la convocatoria para realizar la auditoría forense a la cuenta Cargos por Aplicar, hayan desistido en el intento, no es desde luego una buena noticia. Todo lo contrario.
Y no lo es, porque Ernst and Young y KPMG, los despachos especializados con sede en Inglaterra y Holanda, respectivamente, que eran los dos únicos interesados en dicho trabajo, representan la crema y nata de las empresas auditoras con credibilidad y prestigio a nivel mundial.
Por tanto, que uno de esos despachos hubiera realizado la auditoría forense, le habría dado mucha más credibilidad y certeza al trabajo, que si lo hubiera hecho alguno de nivel nacional, y ya ni hablar de uno estatal. El prestigio y el carácter internacional, garantizaban la credibilidad de la auditoría.
Lamentablemente desistieron de último momento. Aparentemente, la justificación es su imposibilidad de garantizar justo la calidad del trabajo, por la complejidad de hurgar quince años para atrás en las de por sí frágiles y altamente susceptibles de manipularse, finanzas michoacanas. De alguna manera, es entendible la posición de ambos despachos. Prefieren dejar ir un negocio, antes que poner en riesgo su prestigio, con un trabajo que resultara insuficiente. Ello abona a la importancia de haber contado con alguno de ellos para la auditoría forense.
Pero ya no están y la auditoría tiene que realizarse. El gobierno del estado está obligado a redoblar el esfuerzo para que su segunda convocatoria vuelva a concitar el interés de despachos, de preferencia internacionales otra vez, y si no, al menos nacionales pero de absoluto prestigio, porque lo que está en juego es nada más y nada menos que cumplir la demanda histórica de los michoacanos: saber de una vez por todas qué demonios pasó para que pudieran desviarse miles y miles de millones de pesos a través de la referida cuenta gubernamental, comúnmente conocida como “la licuadora” y, sobre todo, quién o quiénes fueron los responsables y, todavía más relevante aún, qué sanciones penales se aplicarán a ellos.
Sin que pierda la severidad el nivel de requisitos que se diseñaron, el gobierno debe ajustar lo que sea necesario para que con la segunda convocatoria no nos vuelva a pasar lo mismo. En términos de transparencia y rendición de cuentas, digamos que con la declinación de los despachos europeos, perdimos el primer round, pero aún hay manera de remontar.
jaimelopezmartinez@hotmail.com twitter@jaimelopezmtz>
