El 2022 en México comenzó mal para el gremio periodístico porque hasta el 31 de enero ya se contaban cuatro periodistas asesinados, de nueva cuenta la indignación ante los hechos cruentos y condenables así como el alto grado de vulnerabilidad de quienes trabajan para informar y describir la vida cotidiana en un país en donde los dramas se acumulan cotidianamente, en el que la impunidad es un elemento frecuente en la narrativa social.
Uno de los homicidios se perpetró en Veracruz, dos en Tijuana y otro en Michoacán, la indignación ha sido manifiesta por los cuatro puntos cardinales de México, no existen garantías para el libre ejercicio del periodismo, ante el mundo nuestro país se exhibe como un terreno plagado de agravios en donde la libertad de expresión está amenazada de manera permanente.
Debemos recordar que la libertad de expresión es un derecho humano, de los llamados de primera generación, que nos hace recordar una fuente histórica que nos sitúa en la Revolución Francesa de 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no obstante la realidad indica que estamos en una atmósfera conflictiva en donde la metralla impone condiciones y el horror se padece cotidianamente.
En México ha resultado letal el ejercicio del periodismo porque los ataques contra comunicadores no cesan, de manera constante se reportan asesinatos, amenazas, persecución y ello pinta nuestro ecosistema social erosionado, tóxico.
Antes, en el siglo XX por ejemplo, se temía de alguna intervención de entes gubernamentales para perseguir periodistas, fueron tiempos diferentes, ajenos a la diversidad porque se pretendía uniformar el pensamiento y había personajes intocables, Heberto Castillo –legendario luchador social de la izquierda mexicana- alguna vez señaló en 1977 que en nuestro país la libertad de expresión se ejercía en el café, la cárcel y la cantina.
En la actualidad también se teme de los poderes fácticos como el crimen organizado a quien se atribuye asesinatos contra comunicadores, lo cual sitúa esta situación como un campo minado para el ejercicio pleno del periodismo, ello va contra la democracia, las libertades, en suma contra la dignidad humana.
Vivimos bajo el signo de la posmodernidad, se habla de un fortalecimiento de la democracia, la alternancia es una constante, la pluralidad retrata voces discrepantes como sucede en una sociedad que tiene en la diversidad una gran caja de resonancia, no es tiempo del pensamiento único parido por el autoritarismo o el totalitarismo, ni debe ser auge de poderes fácticos que desafían al estado de derecho.
A nivel mundial nuestro país se convirtió en peligroso para quienes hacen periodismo de investigación, es como si estuviéramos en una guerra, los asesinatos en el mes de enero de José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado y Roberto Toledo así lo confirman, el horror y la indignación están latentes.
Lamentablemente la mayor parte de los homicidios perpetrados contra comunicadores permanecen bajo la lápida de la impunidad, se han creado instancias gubernamentales para atender estos tópicos aunque más bien son estructuras burocráticas que no han resuelto las demandas de justicia, casi no hay sentencias condenatorias respecto a los crímenes contra periodistas.
La exigencia de justicia no se extingue ni tiene fecha de caducidad, se requiere un verdadero estado de derecho, lo que significa que las leyes vigentes se apliquen para que la legalidad sea un componente real que garantice certidumbre para ejercer nuestros derechos.
.
