EN EVENTOS INCONSTITUCIONALES
Mi reconocimiento para el Instituto Nacional Electoral y para el Tribunal Federal en esta materia; pero, sobre todo, mi felicitación para quienes promovieron, iniciaron y lograron, organismos mejores para avanzar en la democracia mexicana respecto al fenómeno político electivo.
La Historia de México registra esos avances, mereciendo nuestro aplauso e impulso.
Sin embargo, INE y TRIFE, están sentenciados a muerte por el presidente autócrata Andrés Manuel López Obrador.
Esos dos organismos electorales que no son perfectos, pero sí perfectibles, sirvieron para que el actual presidente de nuestro país llegará al cargo que mal ostenta.
¿Será qué Amlo no cree que su elección como presidente fue limpia?, ¿será qué sabe que no obtuvo los 30 millones de votos, y qué pudo haber sido un obsequio de su antecesor, previo convenio sucio y en lo oscurito entre ambos?, ¿será qué quiere borrar un mal recuerdo, y destruir pruebas de alguna felonía?
Cada uno con su conciencia; pero hay algo superior que necesitamos resguardar: el desarrollo de los mexicanos en todos los órdenes.
Urge que nuestra democracia permee en todos los fenómenos sociales, y no exclusivamente en lo electoral.
Cuidemos de elevar la calidad lectoral y ampliar su cobertura, bajando sus costos económicos.
Pero, ahora, es tiempo de decidir, al menos en mi caso personal, si voy o no a votar en el evento del 10 de abril del 2022.
Desde que soy ciudadano, no he faltado a ningún proceso electoral.
Por ende, decido no ir a sufragar en ese evento; mi razón juzga que esa “revocación” es inconstitucional.
Explicaré.
Nuestra carta magna establece exclusivamente la “revocación” de mandato. No instituye, en ningún artículo, la “ratificación” de mandato, respecto al presidente de la república. Y la convocatoria y la boleta emitidas para ese próximo evento señalan dos opciones: o “revocas”, o “ratificas”, lo que contraviene falazmente a nuestra constitución federal, en su artículo 35 fracción IX.
El resultado, cualquiera que sea, no obliga a Amlo para nada, pues conforme al artículo 14 constitucional, a nadie se aplica retroactivamente una ley en su perjuicio; y al actual presidente se le eligió por 5 años y 10 meses en julio del 2018, y la reforma constitucional estableciendo la “revocación” es de diciembre de 2019. Por esto también es inconstitucional ese evento.
Otra de las reglas constitucionales para la revocación de mandato, al presidente, es que los únicos que pueden promover dicho evento son “los ciudadanos y ciudadanas”, y aconteció que el partido del Andrés Manuel y sus cercanos colaboradores fueron los que la anduvieron promoviendo, a la vista de todos los mexicanos.
Nuestra constitución ordena que el único que tiene “a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación” de este evento revocatorio es el INE; pero observamos todos los mexicanos que López Obrador, sus colaboradores, sus diputados, sus senadores, sus gobernadores, sus presidentes municipales, su morena, y hasta alguna ministro de la corte andan metidos en campaña, como auto degradados matraqueros.
La carta magna ordena: “queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato”; y del erario federal se lleva gastado para este egocéntrico evento, decenas de miles de millones de pesos, frente a la inseguridad, el hambre, insalubridad y falta de empleo, de millones de mexicanos.
“Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas”; y Andrés Manuel López Obrador ha dispuesto el gasto en propaganda, desde la mañanera hasta la nochera.
Por todo ello, no votaré, jamás, en eventos inconstitucionales.
