México se está consolidando como el país más peligroso para ejercer plenamente el derecho fundamental de los ciudadanos a la libre expresión de las ideas, consagrado por nuestra Constitución en su Artículo Sexto, que textualmente señala que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa…”
Este mandato supremo base de cualquier país democrático, es permanentemente vulnerado por el propio Presidente de la República y por consiguiente replicado por autoridades estatales y municipales, cuerpos de seguridad y desde luego, por grupos del crimen organizado.
Es común escuchar diariamente en el circo de la mañanera, organizada para el lucimiento presidencial, los ataques sistemáticos en contra de cualquier posición diferente o crítica contra su gobierno, especialmente las provenientes de la prensa libre.
Esta ominosa actitud de acusar sin probar, de amenazar y exhibir públicamente información privada de comunicadores que pone en peligro su integridad, solo genera confianza entre los grupos criminales y políticos resentidos para que sin piedad, atenten en contra de periodistas, activistas o defensores de derechos humanos sabiendo de antemano que sus crímenes quedarán en la total impunidad.
Este drama orquestado y dirigido al parecer desde el mismo centro del poder político, ha provocado la condena internacional de grupos defensores de los derechos humanos y asociaciones periodísticas nacionales y extranjeras, quienes han exhortado al gobierno del presidente López Obrador a detener su embestida contra los medios.
La ONU y el Parlamento Europeo, así como la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, han condenado en diversas ocasiones las agresiones de que son objeto los periodistas mexicanos, especialmente los críticos al régimen, y han demandado al gobierno de López Obrador crear mecanismos de defensa para que puedan realizar su actividad periodística con plena seguridad.
Ante las insistentes críticas, demandas y el nulo avance en las investigaciones de los 54 periodistas asesinados desde el inicio de su gestión, el Gobierno Federal a través de la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos, Activistas y Periodistas, busca conformar una legislación sobre el particular.
Por ello, hoy estuvo en Michoacán, Enrique Irazoque Palazuelos, titular de esa instancia federal que encabezó una reunión de diálogo con comunicadores estatales para impulsar una Ley de Protección a Periodistas.
El funcionario reveló que son 531 los comunicadores que reciben protección por parte de las autoridades por estar amenazados de muerte y dijo que esta violencia se concentra en al menos en seis estados de la república, entre ellos Guerrero, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y desde luego Michoacán.
Queda muy claro que lo anterior se ha realizado más para defenderse de las críticas internacionales que por una verdadera preocupación oficial por cuidar la vida de los trabajadores de los medios.
Por cierto, en éstos acercamiento con los periodistas, no se ha visto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ojalá su ausencia se deba a la atención de asuntos más relevantes y no por la animadversión contra los medios que ha demostrado.
Ojalá el mandatario respete el ejercicio periodístico crítico e independiente y no lo considere un enemigo para su gobierno, sería una buena señal su presencia en alguna de ellas.
La dignidad de los periodistas no debe perderse por el ofrecimiento de beneficios como un seguro de vida o la inscripción en el IMSS y otras prestaciones sociales. Estos beneficios deberían de ser otorgados por las empresas para quien trabajan.
Así la incongruencia y el doble discurso del gobierno de la cuarta transformación hacia la prensa, que intenta sacudirse la condena internacional ofreciendo dádivas en lugar de implementar mecanismos que protejan el ejercicio periodístico que tanto les molesta.
La nueva Ley de Protección a los periodistas no debe ser una dádiva, sino el reconocimiento a una de las actividades humanas, pilares del de la democracia y la libertad.
