Ello, porque de las otras dos, una presenta oferta extraordinariamente elevada y la otra esta inhabilitada por SFP
Contadores y Asesores de Negocios PFK México SC, se perfila como el despacho especializado que realizará la auditoría forense a la cuenta Cargos por Aplicar de la contabilidad gubernamental michoacana, en su periodo 2003 a 2014, misma que fue ordenada por la Cámara de Diputados al Gobierno del Estado.
Este martes, en el seno del Comité de Adquisiciones del Estado (Capde) fueron abiertas las propuestas de los despachos que mostraron interés en participar en la licitación para llevar a cabo la auditoría forense.
En total, originalmente fueron siete los despachos que compraron las bases, una vez publicada la convocatoria, pero al final de cuenta sólo tres se presentaron este martes en el Capde a leer sus propuestas técnicas y financieras.
El despacho Lores Budiño y Compañía SC, fue el que presentó la propuesta más alta, con 129.6 millones de pesos. En tanto, la más baja fue la del despacho Galaz-Yamazaki-Ruiz Urquiza-Deloitte, con 12.8 millones. Contadores y Asesores de Negocios PFK México SC, presentó una oferta de 13.8 millones.
El fallo del Capde se dará a conocer el viernes de esta misma semana. Empero, se estima que PFK México, filial del despacho norteamericano del mismo nombre, sea el ganador, primero porque su propuesta de 13.8 millones de pesos es notoriamente inferior a los más de 129 millones ofertados por Lores Budiño, y porque el despacho Galaz-Yamazaki, filial de Deloitte, firma inglesa, se encuentra inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública, luego de no cumplir un contrato de auditoría al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por eso, la lógica indica que PFK será el despacho ganador de la licitación.
Se trata de la segunda ronda de la licitación, luego de que hace un mes se declarara desierta la primera, al no presentarse los tres despachos interesados.
A principios de este año, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa para ordenar al Ejecutivo la contratación de un despacho especializado para que realizara una auditoría forense a la cuenta gubernamental Cargos por Aplicar, que implementó el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel en 2002 y que canceló el de Salvador Jara Guerrero en 2014.
Se estima que a través de ella, los gobiernos de Cárdenas, Leonel Godoy y Fausto Vallejo, desviaron varios miles de millones de pesos entre partidas presupuestales, provenientes del gobierno federal. En su momento, los tres gobiernos justificaron el método, coloquialmente conocido como “la licuadora”, como la única manera de darle viabilidad y gobernabilidad al estado, ante el retraso en la llegada de las participaciones federales y la necesidad de cumplir compromisos financieros, casi siempre relacionados con el sector educativo.
Una auditoría forense va al fondo del manejo de recursos, incluso hasta varios años atrás, y tiene la facultad de sugerir la aplicación de sanciones penales a quienes detecte como responsables de desvío de recursos.
