ARMADOS CON SALIVA REMENDONA
Por delitos electorales se investiga a Pío López Obrador, quien pidió la comparecencia de su hermano (el presidente de México) frente a la fiscalía correspondiente.
Ante la posibilidad de ser citado, y de cara a una pregunta al respecto en una mañanera reciente, el presidente sentenció: “Yo no soy corrupto.”
“¿Y su hermano Pío?”, replicó el periodista incómodo.
“Tampoco Pío es corrupto”, contestó el presidente, con lo que dejó ejecutoriada su sentencia.
Así, con ejercicio indebido del servicio público, actúa un presidente autoritario; él dispone quiénes son corruptos y quiénes no.
Porque en un régimen dictatorial incipiente como el nuestro, de la palabra del ejecutivo federal dependen honras, patrimonios, salud, familias, libertad y vidas.
Ese poder unipersonal que ha venido concentrando, en sí mismo, el presidente de la república, lo conduce al extremo de violar, un día sí y otro también, la Carta Magna de México, ante la indignación de millones de mexicanos, y la complacencia de otros millones de mexicanos, apáticos la mayoría, y militantes de la 4T los menos.
La opinión internacional está azorada, pero firme y dispuesta a obrar en consecuencia, en defensa de sus intereses, ante un país con terrorismo y dividido por nuestro propio presidente.
Pero ahora resulta que Amlo aporta otra mentira más al sostener, fundado sólo en su saliva remendona, que: “Debe ser obligatoria la prisión preventiva oficiosa, a fin de evitar la impunidad y la corrupción, porque si no prosigue ese encarcelamiento, se estaría terminando con toda la acertada estrategia de seguridad pública” que, él, torpe y novedosamente ha impuesto: “abrazos y no balazos”.
Una vez que el conscripto aspirante a dictador hizo pública su voluntad de destruir el principio de presunción de inocencia, todos sus corifeos repiten automáticamente el capricho de su jefe; desde el secretario de gobernación hasta el último de los gobernadores morenistas.
Don Adán Augusto López Hernández fue especialmente, de visita política coercitiva, a entrevistar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para obtener el apoyo de este máximo órgano jurisdiccional, frenando el dictamen del ministro Luis María Aguilar Morales que declara inconstitucionales varios artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales (y de otras leyes secundarias) al violar los derechos humanos garantidos por el artículo 19 constitucional respecto a la presunción de inocencia, porque a un presunto inocente que no ha sido sentenciado por un juez, no puede ni debe imponérsele una pena anticipada de privación de su libertad.
Existen casos al por mayor, donde a una persona se le priva de su libertad por años, para después soltarlo absuelto, sin siquiera decirle: usted perdone.
Acaba de pasar con Rosario Robles, y algunas otras mujeres.
Está pasando con Jesús Murillo Karam, a quien cuando se le deje en libertad (ojalá sea pronto), nadie le dirá: usted perdone.
Esos dos casos no son los únicos, sólo los recientes y famosos, pero seguramente que habrá más, porque les urge levantar la polvareda para encubrir todos los fracasos del presidente, y sus fiascos de “abrazos y no balazos”, con los que se enlaza al crimen organizado con propósitos electorales.
Por debajo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está el presidente; éste no tiene atribuciones para decidir quién es culpable o no, y a quiénes se priva de su libertad, y a quiénes no.
