MICHOACÁN Y LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS
“Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos, es mía” Anaxágoras
El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (IMCO), a través de su análisis de las contrataciones públicas en 2021, arroja datos y hallazgos interesantes sobre Michoacán.
Por ejemplo, que en ese año, el Estado fue la entidad que más contratos brindó a empresas previamente sancionadas tanto por la Secretaría de la Función Pública como por la Contraloría del Estado.
Se estima que Michoacán gastó más de mil millones de pesos, es decir, el 14% del recurso que utilizó para todas las compras públicas en ese año en contratos con empresas sancionadas.
La sanción a proveedores y/o contratistas consiste en inhabilitaciones o multas derivadas de la investigación realizada a partir de denuncias presentadas por la dependencia afectada -generalmente por incumplimiento de contrato- y el padrón de empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública se puede consultar en su página de internet.
Para Michoacán, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción contempla que la Secretaría Ejecutiva, previa autorización del Comité Coordinador, proporciona la Plataforma a través de la cual los órganos internos de control y otras instancias proporcionan y hacen público el padrón de empresas sancionadas. Sin embargo, aunque la Plataforma existe, funciona y está interconectada con la Plataforma a nivel nacional, no cuenta con los datos de ningún proveedor sancionado porque quienes se encargan de suministrar la información no la han subido a la Plataforma.
Con ello, se deja abierta la posibilidad de que otras dependencias estatales y municipales -o incluso de otros estados o la federación- contraten con empresas que han quedado mal con el gobierno del Estado.
Otros hallazgos de este análisis hecho por el IMCO señala que en Michoacán ocho de cada 10 contratos se otorgan por adjudicación directa (el promedio de los Estados es de seis contratos de cada 10 y el de la Federación es de ocho de cada 10); el 20 por ciento del recursos que Michoacán destinó en 2021 a compras públicas se contrató por adjudicación directa y los contratos del 43% de las adjudicaciones directas en Michoacán no están disponibles para consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Hay que recordar que 2021 fue un ejercicio fragmentado ya que durante tres cuartas partes del año, la Administración Estatal perteneció a un gobierno – el de Silvano Aureoles- y el último cuarto (prácticamente sin recursos) ya corresponde a la administración de Alfredo Ramírez Bedolla.
Habrá que ver cómo le va a Michoacán en el análisis de 2022 que haga el IMCO. Al tiempo.
