AMLO NO TIENE LLENADERA
Gran desconcierto y enojo ha causado la propuesta ya aprobada del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el dinero que se encuentre en cuentas bancarias que no han registrado movimiento en seis años, pase a manos del gobierno federal para aplicarlos en programas sociales.
La manera de hacerse de recursos que no le pertenecen para regalarlos a la población, además de ser un vil despojo a todas luces ilegal, demuestra la crisis económica por la que atraviesa el gobierno de la cuarta transformación, que ya no sabe de dónde sacar recursos para no perder su clientela electoral.
Aunque en un principio la minuta aprobada por la Cámara de Diputados y envida al Senado planteaba que los recursos apropiados se usen para temas de seguridad pública, el presidente al ver la reacción de diversos sectores y las acusaciones de que el gobierno federal quiere confiscar bienes a la población, modificó su propuesta y dijo que serán usados para los programas sociales.
La situación que apenas comienza a ponerse al rojo vivo, como le gusta al presidente, ha desatado una serie de críticas y reclamos, especialmente de personas de la tercera edad que, aunque poquito como dicen, tienen sus ahorritos a plazo fijo por lo que no realizan movimiento en sus cuentas.
Obviamente, los recursos que piensa confiscar el gobierno federal no pertenecen a los grupos criminales, pues esas cuentas presentan movimientos continuos de ingresos y retiros, así que los afectados serían los miles de ahorradores que, por algún motivo personal, no han realizado movimiento en sus cuentas.
Aquí está un ejemplo más de que éste gobierno no tiene llenadera, de que es capaz de confiscar, anexar, robar o nacionalizar lo que sea necesario con tal de cumplir los caprichos del presidente.
Por si fuera poco aquí en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se apuntó de manera inmediata para que el dinero que se confisque se distribuyan con un porcentaje de 45 por ciento para la federación, 30 por ciento para los estados y 25 por ciento para los municipios.
En cálculos conservadores, se estima que lo confiscado superaría los 14 mil millones de pesos, dinero que en muchos casos es bien habido y único patrimonio de cientos de familias de ahorradores que ahora ven en peligro su patrimonio obtenido tras años de trabajo y sacrificio.
Me pregunto por qué mejor el gobierno federal no investiga y hace públicas las cuentas bancarias de políticos, funcionarios, diputados, senadores, líderes sindicales, jueces, magistrados, ministerios públicos y altos mandos de los cuerpos de seguridad, para que las que no correspondan a sus declaraciones patrimoniales y sean superiores al salario que han recibido por sus encargos públicos, sea confiscado y ellos procesados por enriquecimiento ilícito.
Seguro nos quedaríamos sin autoridades.
