Con un poder absoluto, hasta a un burro le resulta fácil gobernar
Lord Acton (1834-1902) Historiador inglés
Cobijado desde la dirigencia de su partido y desde el mismo Congreso del Estado, José Luis Abad ha perdido la poca sensatez que tenía y se ha erigido como el dueño de Maravatío.
Abad cobra como alcalde pero actúa como propietario del municipio; encarna, en pleno siglo 21, al politiquillo corriente y ramplón de épocas supuestamente idas que entienden que la demarcación que mal gobiernan es de su propiedad, incluidos territorios y personas.
Autoritarismo y abusos en todos sentidos, corrupción y absoluta falta de transparencia, caracterizan una gestión para el olvido en Maravatío.
Bueno, acaso no para el olvido, porque en el Congreso del Estado le preparan en este momento un juicio político demandado por habitantes de su municipio y por cuatro regidores, por posibles daños al erario municipal por más de 25 millones de pesos, derivado de presuntas irregularidades en la ejecución de varias obras públicas, amén de violaciones a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, al contratar servicios a sus familiares, así como posible desvío de recursos en la organización de la Feria del lugar.
Y la última perla de Abad fue un bochornoso espectáculo que ha salido a la luz: en la más reciente sesión de Cabildo, el regidor Pablo Cruz Andrade -uno de los cuatro que presentaron ante el Congreso la solicitud de juicio político señalada- fue sacado de manera violenta del salón, por policías municipales, que acataban órdenes expresas del alcalde, al más puro estilo gansteril; Abad supone que entre sus facultades está la de decidir quién sí y quién no puede estar presente en las sesiones de Cabildo, cometiendo dos pifias propias del clásico ignorante con poder: primero, las sesiones son públicas por ley y, peor aún, que un regidor fue electo constitucionalmente y por ende es inviolable su derecho a participar en las sesiones del cuerpo edilicio.
Abad es protegido a muerte por el presidente estatal de su partido, el PRD, Carlos Torres Piña, lo mismo que por el líder de la bancada legislativa del mismo partido, Manuel López Meléndez, quien a su vez tiene abierta una investigación en la Auditoría Superior de Michoacán, por más de cien millones de pesos por presuntas irregularidades a su paso como alcalde de Panindícuaro.
Torres Piña y López Meléndez saben la clase de alcalde que es Abad y las tropelías que comete, pero por alguna razón inexplicable, que acaso sólo pueda entenderse como complicidad o contubernio, sobre todo en el caso del diputado, le han tendido un manto protector que aquel aprovecha a plenitud.
Empero, es deseable, dada la solidez de la denuncia, que los diputados no se arredren y vayan por el juicio político contra el caciquillo de cuarta. Veremos.
jaimelopezmartinez@hotmail.com twitter@jaimelopezmtz>
