¿DE QUIÉN ES EL RANCHO DE LAGUNILLAS?
El cateo realizado el día de ayer en las cercanías de Lagunillas a un rancho privado, supuestamente propiedad del exgobernador Silvano Aureoles resultó toda una pifia, además de que podría ser totalmente ilegal.
El mal manejo del caso, las filtraciones, la escasa información dada a conocer por el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la falta de declaraciones sobre el motivo del operativo, así como del verdadero dueño del predio, sólo han causado especulaciones, suspicacias y desde luego, desconfianza en las autoridades por parte de la ciudadanía.
La revisión de la propiedad, de la cual ni el gobierno estatal sabe a quién pertenece, tendría que haber sido obsequiada por un juez a petición del Ministerio Público, sin embargo la autoridad justifica que acudieron ante la denuncia de que en el lugar se había cometido un delito.
Al llegar el operativo, encabezado personalmente por el titular de Seguridad Pública, encontraron a tres personas que se identificaron como escoltas del exmandatario. No hay ningún código Penal que castigue la presencia estas tres personas en el lugar, al menos que cometieran algún delito. Por cierto, los tres escoltas a los que se refirió el gobernador al abordar el tema, son elementos en activo, es decir, son empleados del Gobierno del Estado.
Resulta preocupante que al gobernador no se le informe de manera completa sobre asuntos oficiales que debe dar a conocer a la opinión pública, porque como mencionamos anteriormente, solo se presta a especulaciones y afecta gravemente la credibilidad de la versión oficial.
El incidente, hasta esta hora, sigue siendo un misterio, y mientras no se esclarezca y continúe el silencio gubernamental, se hace suponer que se trató de una estrategia política contra el archienemigo del actual régimen bedollista.
Lo acontecido, lejos de afectar la ya de por si cuestionada administración de Silvano, lo fortalece y le da argumentos para denunciar que existe una persecución política en su contra.
No obstante, el gobierno del Estado debe aclarar si se trató de una investigación oficial o si efectivamente se trata de una venganza política.
