LA SIGUIENTE GUERRA
Ante la situación de violencia extrema que se vive en México y que se encuentra fuera de control, las autoridades de Estados Unidos están dispuestos a actuar y hacer el trabajo que el gobierno del presidente López Obrador no está haciendo; no está combatiendo eficazmente a los cárteles ni a los grupos criminales y no está deteniendo la fabricación y el tráfico ilegal de fentanilo hacia los Estados Unidos.
Lo que está pasando en México a ellos los afecta directamente de ahí el reclamo de que México no está haciendo lo suficiente para combatir estos flagelos. Los motivos que aducen instituciones como la DEA, el Departamento de Estado, el FBI y la CIA son tan diversos y van desde la incapacidad gubernamental hasta por aplicación de políticas inadecuadas como “abrazos y no balazos” y hasta por complicidad.
Por ello 21 Fiscales de Justicia, el propio Fiscal General de los Estados Unidos y legisladores republicanos han insistido al presidente Joe Biden que designe a los Cárteles mexicanos como grupos terroristas para que puedan ser combatidos de forma unilateral y a través de sus fuerzas de élite.
La Casa Blanca, que había mantenido silencio sobre tema, consciente de las repercusiones que esa acción traería a las relaciones bilaterales con México, al conocer que el pasado viernes en Matamoros, Tamaulipas, un grupo armado secuestró a punta de pistola a cuatro ciudadanos estadunidenses que habían cruzado la frontera para comprar medicamentos, convocó a reunió con el presidente Biden a todo el equipo de seguridad nacional.
Uno de los temas fue la crisis de los rehenes estadunidenses a la que calificaron de inaceptable y el otro, analizar la iniciativa remitida al Comité de Asuntos Exteriores del Congreso estadounidense que autorizaría a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos actuar contra “los responsables de traficar fentanilo” o cualquier sustancia relacionada con esa droga a suelo estadounidense.
La Resolución 18 fue presentada por el representante Dan Crenshaw, en nombre también de Mike Waltz, ambos republicanos, el pasado 12 de enero, pero cobró atención este domingo, en medio del debate sobre la posibilidad de designar terroristas a los cárteles.
La Denominada “Resolución sobre la Autorización del Uso de la Fuerza Militar para Combatir, Atacar, Resistir, Apuntar, Eliminar y Limitar la Influencia”, autorizaría al gobierno de Estados Unidos a recurrir a las fuerzas armadas a actuar “contra los responsables de traficar fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo a su país” y también contra quienes lleven “a cabo otras actividades relacionadas que causen desestabilización regional en el Hemisferio Occidental”.
La iniciativa nombra específicamente a varios cárteles contra los que apuntaría por estar relacionados con el tráfico de fentanilo y son: el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, Los Zetas, del Noreste, de Juárez, de Tijuana, de los Beltrán Leyva y de la Familia Michoacana.
Los cárteles mencionados son los que serán considerados como “organizaciones extranjeras” que cumplen los criterios para autorizar el uso de la acción de las fuerzas militares estadounidenses.
Señala además que el Cártel de Sinaloa, así como Los Zetas, “participan constantemente en actos de violencia entre ellos y contra otros cárteles, creando inestabilidad a escasos kilómetros de la frontera de Estados Unidos”.
Recuerda que, en 2015, “el Cártel de Sinaloa derribó un helicóptero militar mexicano con un arma de alto poder”, así como el fallido operativo para detener en 2019 a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, que terminó en la liberación de Ovidio ante los ataques que lanzó el Cártel de Sinaloa en Culiacán y sus alrededores.
También citó otros casos, como cuando “en 2022, una batalla entre cárteles a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos provocó el cierre de dos puertos de entrada” y cuando, el mismo año, “un ataque con granadas contra el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, México, obligó a los empleados a refugiarse en el lugar”.
Por lo anterior, la iniciativa autorizaría al presidente de Estados Unidos a utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones extranjeras, organizaciones extranjeras o personas extranjeras afiliadas a organizaciones extranjeras dentro o fuera de su país, que el Presidente determine.
Cabe señalar que esta iniciativa no ha sido sometida a debate en el Comité de Asuntos Exteriores. En caso de ser votada y aprobada, la decisión quedaría en manos del presidente Joe Biden, quien puede firmarla o vetarla.
Todo esto podría evitarse si en México el gobierno morenista de López Obrador hiciera el trabajo que constitucionalmente le corresponde, pero prefiere voltear hacia otro lado, buscar temas distractores como el caso García Luna y contestar a los reclamos estadunidenses, cada vez más frecuentes, con la verborrea que sólo él y sus secuaces creen.
La crisis en la 4T está por estallar, sino, al tiempo.
