Como ya se dijo en este espacio la jornada del 26 de febrero de este año en contra del Plan “B” fue un éxito, jamás en la vida política del México contemporáneo se movilizaron decenas de miles de ciudadanos contra el gobierno-López Obrador y la 4T- y la restauración de un régimen autoritario y antidemocrático.
El decreto del Plan “B” ya se publicó y ahora se hacen las impugnaciones por parte de los actores opositores incluyendo al propio INE.
Por su parte, los organizadores de la jornada del 26F, confían ciegamente en la decisión final de la Suprema Corte de la Nación en el sentido de que eliminará la contrarreforma electoral, cosa que es equivocada, porque es probable que la corte la elimine parcialmente pero no de fondo y que siga en vigencia como ya lo es.
También los organizadores o convocantes a las jornadas en defensa de la democracia mexicana tienen una posición equivocada que se puede interpretar como que están temerosos de que el descontento social vaya más allá de una demanda democrática, lo que significa que la gente que se movilizó empiece a demandar otras cosas como la lucha contra la militarización y que los militares vuelvan a los cuarteles y el castigo por la violación a los derechos humanos de la población civil entre otras cosas.
Lo anterior, de hecho, pondría al sistema político en crisis y por lo tanto también a los partidos políticos, de por sí que ya están rebasados por la insurgencia ciudadana.
Por su parte, el gobierno de López Obrador se encuentra desesperado, solo así lanza toda la descalificación a los ciudadanos que participaron el 26F y al poder judicial particularmente a su presidenta la ministra Blanca Piña calificándolos de corruptos y difamando de delincuentes de “cuello blanco” a los ciudadanos lo que constituye una violación a las libertades democráticas y los derechos humanos.
La cuestión es que los convocantes a las jornadas por la defensa de la democracia quieren congelar el movimiento, es decir esperar pacientemente la determinación de la Suprema Corte de la Nación en un acto de confianza a la legalidad y con apego a la constitucionalidad, eso es equivocado que se tiene que combatir.
Sí la movilización del 13 de noviembre del año pasado detuvo la contrarreforma constitucional, ahora debe de continuar ésta por otro método más contundente como es el impulso de un Paro Cívico Nacional de 48 horas donde todos los sectores sociales paren actividades y se hagan todo tipo de actividades políticas para exigir a la Suprema Corte de la Nación la declaratoria de inconstitucional del Plan B, solo de esta manera es viable que triunfe el movimiento por la defensa por la democracia y la constitucionalidad en el país.
Mientras que transcurre el proceso por parte de la Suprema Corte de la Nación, también se deben de tomar otras medidas de carácter organizativo como la formación de comités, colectivos y asambleas donde se discuta una agenda de gobierno más allá del 2024 y como se expone en otro artículo ya publicado.
Por lo pronto la pregunta obligada es ¿Qué sigue después del 26F?
