El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después porque no ha ocurrido.
Winston Churchill (1874-1965) Primer ministro británico
El gobierno del estado ha venido planteando al municipal la necesidad de que se obligue a los negocios y a particulares que organicen eventos de concentración masiva, a contratar elementos de la Policía Auxiliar para que realicen las tareas de seguridad.
El alcalde Alfonso Martínez analiza la viabilidad de ese planteamiento, pero es deseable que se encuentre alguna argumentación legal al mismo y se dimensionen los alcances.
El tema fue puesto en la mesa por el gobernador Ramírez Bedolla, luego del incendio provocado por el crimen organizado en tres antros de lujo en la zona de Altozano, hace tres fines de semana.
De entrada, debe advertirse que para volver obligatoria la contratación de la Policía Auxiliar, deberán modificarse antes diversos ordenamientos legales del Municipio. Como están ahora es imposible que haya esa obligación.
No suena mal que se ajuste la ley con ese fin, aunque por otra parte salta la duda en torno a si la Policía Auxiliar está capacitada para hacer tareas de seguridad en determinados escenarios. Por ejemplo, si es para vigilar inmuebles cuando haya espectáculos artísticos o deportivos, no creo que haya mayor problema. Igual para que sus elementos la hagan de “cadeneros” en antros. Obvio, siempre pagados por los organizadores.
Empero, suponer que esos elementos están preparados para hacer frente a integrantes de la criminalidad, es iluso. Y los antros fueron incendiados por delincuentes de ese calibre.
No suena mal, pues, que se avance en la reglamentación para volver obligatorio que toda empresa particular que organice eventos masivos, contrate determinado número de elementos de la Policía Auxiliar. Sin ello, simplemente no habría permiso municipal.
Empero, debe quedarnos claro a todos que en situaciones de presencia de delincuentes miembros de cárteles, no tienen la preparación ni la capacidad para confrontarlos. Es decir, tanto el gobernador como el alcalde deberán estar conscientes de los alcances y limitaciones de la actuación de la Policía Auxiliar. Cuando haya sospecha de que detrás de un espectáculo público está el crimen organizado, como un jaripeo por ejemplo, no deberá comisionarse a los policías auxiliares, sino a otros cuerpos más preparados, incluyendo militares.
Solo así no saldrá contraproducente la medida. Veremos.
Y a la pesadilla ya solo le quedan 550 días.
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