PAGAR POR LA SEGURIDAD
Ya salió el peine de porqué la insistencia del gobierno del Estado en que el Ayuntamiento moreliano cuente con los servicios de la Policía Auxiliar; según una petición enviada al Cabildo por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, solicita que sea obligatorio que los giros rojos, negros y eventos masivos contraten a la Policía Auxiliar en Morelia, o sea, hay que pagar por el servicio.
Y no solamente a la Policía Auxiliar, sino también cuando se requieran los servicios de los integrante de la Comisión de Seguridad o Protección Civil, servicios que constitucionalmente el Gobierno Estatal tiene la obligación de brindar a la sociedad.
La regidora Minerva Bautista Gómez, fue entrevistada al respecto y señaló que no se puede obligar al municipio a contratar éste tipo de servicios ya que es anticonstitucional.
Detalló que dicha petición es como querer forzosamente que sean clientes o que se pague por un servicio que el mismo gobierno del Estado está implementando.
Reiteró que la policía moreliana presenta otra formación y capacitación distinta a la Policía Auxiliar por lo que recomendó al gobierno estatal que mejor prepare las estrategias para tener más recursos para que se puedan capacitar los propios elementos municipales.
Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, expresó que habría que analizar la petición del gobernador, ya que Morelia cuenta con 7 mil licencias tipo C, que se refiere a establecimientos donde está permitida la venta de bebidas alcohólicas, donde se incluyen mil establecimientos como Bares o Antros.
Sobre los actos masivos, señaló que en la ciudad se realizan un promedio de seis eventos al mes, donde la policía Morelia ha tenido importante presencia.
Fue muy claro al referirse a que el municipio no cuenta con los recursos para contratar a la Policía Auxiliar y tendría que ser un tema entre particulares.
Lo anterior, ocasionará el aumento de precios, ya que serán los clientes quienes tendrán que pagar el servicio de una Policía auxiliar o Protección Civil, servicios por los que ya paga a través de sus impuestos, pero que el gobierno michoacano, que tiene la obligación de brindar la seguridad, quiere que lo pague nuevamente.
Resulta inconcebible que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, eluda su responsabilidad y quiera lucrar con la seguridad de los michoacanos intentando recaudar el mayor número de recursos posibles, pero sin ofrecer nada a cambio.
