A la más perfecta de las dictaduras, preferiré siempre una imperfecta democracia
Sandro Pertini (1896-1990) Presidente italiano
Es claro que en las principales ciudades del estado, comenzando desde luego por la capital, es urgente que se apliquen operativos permanentes, no ocasionales, que busquen reducir el número de michoacanos que portan armas en la vía pública. Es evidente que se trata de un fenómeno fuera de control y que no puede ser soslayado más.
Y es que es alarmante la proporción de personas armadas, lo que aunado a impunidad casi total que impera, explica la facilidad pasmosa que hay para que se desaten balaceras a la menor provocación, o bien que se alienten los atentados contra objetivos específicos. Ni hablar de la facilidad para cometer asaltos, robo de vehículos, extorsiones o secuestros, entre otros delitos más.
Una coordinación efectiva entre los gobiernos estatal y municipales, en materia de seguridad, debiera llevar antes que otra cosa a implementar retenes y revisiones a diestra y siniestra entre automovilistas y motociclistas. Ya sabemos que con el gobierno federal no se cuenta para nada en esa materia. Por eso solo me refiero al estado y a los municipios.
No se trata de aplicar solo alcoholímetros, que son importantes, pero insuficientes, sino revisiones permanentes, no de fin de semana. En ciudades como Morelia, Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y La Piedad, se vuelven más que urgentes.
Las autoridades de ambos niveles de gobierno están conscientes de la importancia de una estrategia de ese tipo, pero claramente temen, primero, ser afectados en lo político y, segundo, reacciones de los cárteles de la criminalidad. Que un sujeto llegue un sábado a la una de la tarde al centro comercial de avenida Universidad, y dispare sin mayor problema ni temor contra cinco comensales de un café, solo habla de la terrorífica facilidad que hay para que, quien quiera, ande armado por las calles como si nada. Un operativo de desarme pudo haber llevado a que los policías le descubrieran en su camioneta el arma que portaba, y se evitara el atentado descrito.
Es sin duda complicadísimo reducir a cero el fenómeno de la portación de armas de forma ilegal, pero dada la dimensión del problema, cualquier avance sería plausible. Y ahí es donde debe imperar la coordinación del estado con los municipios. Si en el caso de Morelia el gobierno estatal se resistiera a participar, el alcalde Martínez Alcázar debiera tomar la decisión por su cuenta. Hay la obligación legal y moral de hacerlo. Caso contrario, hay una corresponsabilidad gubernamental en cada atentado o ilícito cometido. Ya que el poder público no puede controlar la delincuencia, al menos podría ir contra la portación de armas. ¿O ni siquiera eso?
Y a la pesadilla ya solo le quedan 548 días. Twitter @jaimelopezmtz
