Un buen político en una democracia es tan impensable como un ladrón honesto
Henry Louis Mencken (1880-1956) Periodista norteamericano
El dato es brutal: casi la mitad de los mexicanos que tuvieron que desplazarse de su tierra natal o donde habitaban, como resultado de la violencia o el temor a ella, son michoacanos.
El diputado priísta Felipe de Jesús Contreras Correa presentó este miércoles una iniciativa para crear la Ley para la Prevención, Acompañamiento, Seguimiento y Atención al Desplazamiento Forzado. El nombre parece demasiado rebuscado, aunque a fin de cuentas es lo de menos. Lo importante es atender desde el poder público el fenómeno.
De acuerdo con las estadísticas que presentó, el 47 por ciento de los casos de personas desplazadas obligadamente, corresponden a Michoacán. Es un recuento histórico que refleja una cruda realidad.
Evidentemente, zonas como la tierra caliente, el oriente, la costa y el bajío, son las que a lo largo de los últimos veinte años registran mayor incidencia de la tragedia que significa que personas de todos los estratos sociales se vean obligados a dejar de un día para otro su tierra, sus propiedades, sus trabajos, incluso a su familia, para huir de la criminalidad.
La pregunta es si el fenómeno debe encararse con leyes o con acciones más concretas. Una cosa no riñe con la otra; claramente, es importante que se trabaje en el rubro de las leyes, pero lo verdaderamente urgente es que el estado mexicano aplique políticas públicas tendientes a enfrentar de lleno al crimen organizado. Mientras ello no suceda, el empoderamiento de éste irá fortaleciéndose y por ende creciendo también la presión para que miles de mexicanos tengan que salir huyendo de sus poblaciones.
Se trata de uno de los crímenes más deleznables. Pero es un hecho que si alguna esperanza se puede albergar de que cambie el panorama, no será sino después del 24. Hoy, es lo que hay: la inacción y los abrazos para los delincuentes.
Y a la pesadilla ya solo le quedan 532 días.
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