Uno de los problemas de las finanzas públicas es el financiamiento del sistema de pensiones y jubilaciones de los gobiernos; muchos son los factores de la crisis de este sistema entre los cuales sobresalen el desmantelamiento de Estado de bienestar que dio lugar al sistema de seguridad social que garantizaba la educación pública, la salud, los salarios con poder de compra, el empleo, la contratación colectiva y sobre todo el financiamiento de las jubilaciones y pensiones o el retiro en la vejez de los trabajadores.
Como es conocido este desmantelamiento del Estado de bienestar fue resultado de la ofensiva del capital financiero internacional a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial mediante las diferentes versiones del Consenso de Washington que tiene el objetivo de la reestructuración del capitalismo global como consecuencia de las crisis financieras y los programas de ajustes monetario tanto a las economías de todos los países y gobiernos sin importar su afiliación política-ideológica, es decir de izquierda o derecha.
Otro aspecto a considerar es el avance científico y en particular de la ciencia médica que ha hecho posible la prolongación de la esperanza de vida de los seres humanos, de las y los trabajadores y con ello su permanencia en el mercado laboral, mediante el aumento de la edad para ejercer el derecho al retiro mediante el pago íntegro o parcial de las pensiones y jubilaciones tanto en el país como en el mundo.
Como parte de los postulados del Consenso de Washington mediante las reformas monetarias y financieras que consisten en la privatización de producción de bienes y servicios que producía el estado, en el ámbito educativo, de la salud y en especial de los sistemas pensionarios.
De esta forma, se privatizó el financiamiento de las pensiones y jubilaciones en todos los países, se reformaron los requisitos para aumentar la edad biológica para el retiro laboral y el derecho a una pensión o jubilación y modificaron los cálculos así, las contribuciones a los fondos; como se sabe la privatización de estos están en manos de los manejadores de los fondos institucionales de inversión que no son otras cosas que especuladores financieros y durante las crisis financieras y bancarias globales los fondos de los trabajadores para el retiro experimentan minusvalía que no es otra cosa que la pérdida total o parcial de su valor y con ello la viabilidad del financiamiento de las pensiones y jubilaciones y con ello dejarlo a los trabajadores en la edad de retiro en el indefensión y la vulnerabilidad, sin la protección del Estado a través del sistema de seguridad social.
En México las Afores, administradoras de los fondos para el retiro de los trabajadores con seguridad social manejan 4.5 billones de pesos que están colocados en una parte en papeles de deuda pública y la otra en el mercado accionario es decir en el mercado financiero especulativo y recientes estudios estos fondos no alcanzarán para financiar el retiro de la primera generación de trabajadores bajo el régimen de las Afores, ni la siguiente generación y en el largo plazo las mismas les están pidiendo a los trabajadores una aportación “voluntaria” para incrementar el monto de las cuentas individuales porque les proyecta la inviabilidad financiera de las afores o fondos para el retiro de millones de trabajadores en el mediano y mediano plazo.
Son múltiples los sistemas de pensiones y jubilaciones para el retiro, tanto de los trabajadores que tienen una relación laboral formal en el sector privado como los que están al servicio del estado y de los gobiernos estatales, municipales y organismos descentralizados del estado, y que en los últimos años han sufrido por parte del gobierno particularmente de la 4T modificaciones lesivas para los intereses y el futuro del retiro de los trabajadores, entre las cuales destacan las contrarreformas al sistema de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas particularmente al sistema de la Universidad Michoacana con la complicidad de sus dirigencias sindicales.
Otro problema es el caso de los trabajadores que antes de los 60 años de edad biológica ejercieron su derecho a la jubilación o pensión y que el patrón por contratación colectiva está obligado a seguir cotizando al IMSS y al ISSSTE o a otro sistema pensionario de carácter estatal, al terminar la relación laboral la patronal dio cumplimiento a esta obligación, pero registrando la cotización de trabajadores con la cotización mínima lo que posibilita al trabajador de cobrar su pensión o jubilación de acuerdo al promedio de los últimos cinco años cotizados lo que significa una pensión equivalente a un miserable salario mínimo.
Por otra parte, los jubilados y pensionados adultos mayores, enfrentan en su mayoría necesidades de salud, cuidados especiales y el financiamiento de las enfermedades crónicas degenerativas, así como el financiamiento de tratamientos médicos y medicinas que hoy las instituciones de salud pública no les pueden brindar por una serie de problemas institucionales y la crisis financiera que enfrentan, por lo tanto, tienen que financiarse con recursos de los ingresos de las familias.
Por todo lo anterior es necesario recuperar el sistema de seguridad solidario, intergeneracional, la nacionalización de las afores para crear un solo fondo de pensiones en manos de los trabajadores, la creación de un nuevo sistema de seguridad social administrado directamente por los trabajadores en activo y pensionados y jubilados que significa una verdadera reforma en materia de seguridad social que garantice y atienda todas las necesidades en especial de los pensionados y jubilados incluyendo los tratamientos médicos, garantizando el abasto suficiente de medicamentos para el tratamiento de las enfermedades crónicas degenerativas y los cuidados especiales de los adultos mayores con cargo al Estado.
El aumento y garantía de por lo menos de una pensión mínima equivalente a tres salarios mínimos y la derogación del pago de las pensiones y jubilaciones en UMAS lo que es anticonstitucional.
Todo lo anterior solo se logrará por lo menos con una reforma fiscal integral progresiva que grave las ganancias y los rendimientos financieros especulativos en favor de los ingresos de los trabajadores y que garantice la reconstrucción de la seguridad social solidaria e intergeneracional para que los jubilados y pensionados como adultos mayores tengan una vejez digna.
