Donde hay poca justicia es un peligro tener razón
Francisco de Quevedo (1580-1645) Político y escritor español
El lunes, Andrés Manuel López Obrador advierte que la suspensión decretada por un juez federal a varios tramos del Tren Maya, constituye un “golpe de estado técnico” del Poder Judicial, porque trata de impedir que el gobierno realice obra pública. Que cumpla su papel de constructor, pues.
Un día después, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sugiere que dicho poder es un lastre y que hay que cambiarlo de fondo porque requiere una limpieza urgente.
Más claro, ni el agua: López Obrador ha iniciado ya su ofensiva final contra el Poder Judicial. Lejos quedó aquel compromiso que hizo al recibir su constancia de presidente electo, a mediados de 2018, de ser respetuoso de la autonomía de los jueces. Hoy, esta última semana de mayo, ha lanzado su ataque final.
¿Por qué final?, pues porque el presidente no quiere una reforma al Poder Judicial, no quiere su modernización ni su mejora. Solo una cosa tiene en mente: su aniquilación.
Su plan de guerra consiste en asegurarse el triunfo en las elecciones del 24, no solo de la Presidencia, sino del Legislativo, a fin de tener el primero de septiembre mayoría calificada en ambas cámaras que le permita aprobar en menos de un mes, antes de que él termine su mandato, una reforma constitucional para desaparecer a la actual Corte y designar nuevos integrantes. Eso sí, los que él quiera, los que le garanticen sumisión eterna. Y como buen comandante de guerra, tiene su plan B: si la 4T no alcanza esa mayoría calificada, entonces él, de su puño y letra, expedirá un decreto a través del cual desaparece de golpe y porrazo a la misma Corte. ¿Que sería ilegal?, sin duda, pero a nadie importaría eso, si en los hechos ya no habría Corte que determine esa ilegalidad.
Cierto, algo similar sucedió en Perú, donde el presidente Pedro Castillo pretendió desaparecer a otro poder, el Legislativo, también por decreto, pero resulta que éste se adelantó y lo destituyó. ¿Cuál sería la diferencia?, pues que en Perú el Ejército fue institucional, no se plegó a una decisión dictatorial y demencial del presidente y le dio la espalda a éste, al grado de apresarlo y enviarlo a prisión, donde está hoy. En México, es evidente que el Ejército avalaría la eventual medida de López Obrador, aunque sea anticonstitucional. No por nada ha vuelto millonarios a los altos mandos castrenses entregándoles medio país y sus funciones.
Desde ahora, arreciará la embestida cuatroteísta a la Corte. Irá subiendo de tono hasta que “el pueblo” sea el que exija su desaparición. Y como López Obrador siempre obedece al pueblo bueno y sabio, pues se verá forzado a decretar la desaparición del Poder Judicial. Que nadie se diga sorprendido en septiembre del 24. Si no, al tiempo.
Y a la pesadilla ya solo le quedan 491 días.
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