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lunes, noviembre 25, 2024

Juzgados de ejecución de sanciones penales resuelven 268 controversias en el primer cuatrimestre de 2023

1b 2Bajo la política de transparencia y para difundir entre la sociedad el trabajo de las y los jueces, el PJM comparte datos estadísticos

 

La justicia de ejecución de sanciones penales es una rama esencial en el sistema judicial, ya que garantiza el cumplimiento efectivo de las penas impuestas a las personas que han sido sentenciadas; bajo la política de transparencia y para dar a conocer a la sociedad el trabajo de las y los jueces, el Poder Judicial de Michoacán comparte datos estadísticos de interés correspondientes al periodo de enero a abril de 2023.

La importancia de la figura del juez de ejecución de sanciones penales, tanto en el sistema tradicional como en el acusatorio adversarial oral, radica en su capacidad para tomar decisiones que trascienden en la vida de las personas y en la seguridad de la sociedad en general; entre sus principales responsabilidades está el evaluar las solicitudes de beneficios penitenciarios, autorizar o negar permisos de salida, determinar programas de tratamiento y supervisar el cumplimiento de las condiciones impuestas.

En este sentido, se informa que a los seis juzgados de ejecución de sanciones penales ubicados en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro ingresaron 507 nuevos expedientes de vigilancia y concluyeron 120 por acceso a un beneficio, compurgamiento, extinción de la pena, incompetencia o libertad anticipada, entre otros. 

En relación con las controversias iniciadas, se contabilizaron 335 y se concluyeron 268, concernientes a libertad condicionada, petición de traslado, suspensión condicional de la ejecución de la pena, incidentes contra determinaciones, libertad anticipada, y remisión parcial de la pena, entre otras categorías.

El Poder Judicial de Michoacán, a través de las determinaciones de las juezas y juezas de esta rama del Derecho, garantiza la certeza jurídica, el efectivo cumplimiento de la ley, así como el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

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