Quien atenta contra la libertad de expresión, también agrava a la sociedad y sus instituciones
Luis Raúl González Pérez (1957- ?), Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
La segunda prueba científica a los restos humanos encontrados en un paraje de Nueva Italia, y que de acuerdo con una primera correspondían a los del periodista Salvador Adame, corroboraron que, en efecto, así era.
Primero fue la Procuraduría General de Justicia del Estado la que en sus propios laboratorios llevó a cabo la prueba de ADN a dichos restos, concluyendo que eran del comunicador. Empero, como se recordará, la esposa y sus hijos exigieron una segunda prueba, esta vez de la Procuraduría General de la República. Desde luego que los familiares del periodista estaban en todo su derecho de demandar esa segunda verificación, lo que, como era su obligación, fue aceptado por la PGR.
Desde luego siempre se mantuvo la tenue luz de la esperanza de un error en la primera prueba de ADN. Los familiares y colegas de Adame nos manteníamos en esa expectativa. Desafortunadamente no ocurrió ningún milagro, y la PGR confirmó científica y oficialmente la muerte del periodista, que había sido levantado por un comando de civiles armados durante la última semana de mayo de este año.
Pero el triste episodio sólo ha llegado a su fin en su primera etapa. Cancelada la posibilidad de encontrar con vida a Adame, de cualquier forma la pelota sigue en la cancha del gobierno, tanto federal como estatal, que están obligados a ahondar en las investigaciones y, por supuesto, a dar con el paradero, detener y encarcelar al o a los autores intelectuales y materiales del crimen.
Hacerlo así no devolverá la vida a Adame y quizá no mengue el dolor de sus familiares y el coraje del gremio periodístico, pero al menos la impunidad no volverá a enseñorearse de otro ataque a comunicadores. No puede olvidarse que durante la decena trágica del lazarismo y el godoyismo (2002-2012), ocho periodistas michoacanos fueron asesinados o desaparecidos, y en ningún caso hubo siquiera un detenido.
Por lo que se conoce hasta ahora, todo apuna a que el asesinato de Adame haya sido obra del crimen organizado asentado en su municipio, Múgica, pero el gobierno de Silvano Aureoles está obligado a garantizar que no vuelva a haber impunidad, como sí la hubo en los gobiernos de sus correligionarios Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy.
Eso marcará una diferencia entre los tres gobiernos. Evidentemente en ninguno de los asesinatos o desaparición de periodistas nadie ha acusado a los gobiernos de autoría ni intelectual ni material, pero sí de indiferencia o incapacidad para investigar y dar con los responsables en los casos de Cárdenas y Godoy. Aureoles debe ordenar que en el caso Adame se haga cualquier esfuerzo porque no ocurra esa misma impunidad. Veremos. jaimelopezmartinez@hotmail.com twitter@jaimelopezmtz>
