Ante la serie de acciones y reacciones de los actores del sistema educativo en torno al inicio del Ciclo Escolar 2017-2018 en Michoacán debe considerarse que el enorme consumo de recursos que implica modificar inercias de toda índole debe resultar siempre en una inversión socialmente rentable. Lograr vencer las resistencias y arrancar las clases no resultó sencillo ni barato, ni para las autoridades ni para los padres de familia ni estudiantes. Los conflictos acechan la regularidad educativa y nos rememoran la muy fresca historia bronca de nuestro sistema educativo.
Más allá de las ligeramente mejores condiciones actuales de la educación estatal, está presente el fantasma de la incertidumbre; se asoma la sombra del desasosiego de una vez más transitar por un ciclo escolar más en el que se viva el vacío del eterno retorno, de avanzar miserablemente en los indicadores educativos, mientras otras entidades y naciones dan pasos agigantados. No podemos seguir evaporando los sueños y aspiraciones de nuestros hijos con la insoportable levedad de la educación simulada. No puede haber retroceso en lo avanzado.
Debemos de aprender de nuestras pretéritas derrotas sistémicas, que están hoy grabadas en la miseria, la desigualdad, la migración y las trayectorias educativas rotas que padecen varios millones de michoacanos.
Es tiempo de pensar en hacer un ciclo escolar diferente y garantizar que la mejor inercia del sistema educativo estatal no debe representar una mejoría relativa ni temporal, sino que debe convertirse en un cambio cualitativo en la historia de la educación estatal.
Este ciclo escolar es extraordinario en Michoacán, ya que es el último de la administración federal, de los gobiernos municipales y de la LXXIII Legislatura del Congreso Local; a la par que paralelamente será el año en el cual se implementarán una serie de programas piloto, como el recientemente presentado Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa, que se operará conjuntamente con el INEE. En ese reflujo de intereses electorales, de cierres de periodos de gestión pública y en el golpeteo político es que deberán transitar los proyectos de desarrollo educativo.
Es inobjetable que recientemente se han hecho esfuerzos valiosos para enganchar a Michoacán al tren educativo nacional. No cabe duda de ello. Sin embargo, ni se ha logrado la regularidad cabal en uno solo de los procesos, ni tampoco se han reflejado significativamente las acciones emprendidas en los indicadores educativos.
A lo largo de la historia, los derechos humanos se han alcanzado mediante la lucha perseverante y denodada de sectores poblacionales que paulatinamente han obtenido garantismo para sus legítimas aspiraciones. El ejercicio constante y pleno de los derechos ya adquiridos posibilita la progresividad de su avance y consolida las conquistas sociales.
El derecho a aprender no es la excepción. Si bien, su ausencia constituye una catástrofe silenciosa, su vivencia plena es un vigoroso motor de la evolución humana. Su desarrollo es un proceso de raíces profundas y de largo aliento, que exige compromiso transgeneracional y perseverancia, con la participación comprometida y decidida de la totalidad de los actores locales.
Durante este siglo se ha hecho un gran esfuerzo por definir la agenda pública educativa nacional, al colocar como punto irrefutable la necesidad imperiosa de una transformación educativa en el país. Miles de ciudadanos han intervenido en ello. Esto no nació con una administración federal o estatal ni tampoco concluirá con la misma. La evolución de la política pública educativa es una necesidad, una emergencia y una exigencia a la vez.
Si bien, el derecho a aprender de los niños y jóvenes michoacanos, está normativamente consagrado y en el terreno deontológico se esperaría se viviese a plenitud; debido a la debilidad institucional, a nivel local es sumamente frágil y se encuentra a merced de fenómenos políticos y sociales, por lo que se debemos de encontrar como sociedad los mejores caminos para blindar el proceso evolutivo de la educación ante intereses particulares.
Especialmente, en cuanto a veleidades político-electorales hay que tener especial cuidado en cerrar el camino a discursos falaces en cuanto al natural desarrollo de la política educativa estatal respecta: ni el catastrofismo ni el triunfalismo nos situarán en la actitud correcta. Los agoreros retardatarios, con sus discursos del retorno al pasado yerran cuando piensan que podrán colocar reversa al cambio social.
Asimismo, aquellos que piensan que haber construido una parte de los cimientos necesarios para una gran transformación educativa en la nación representa una contundente victoria, se equivocan, en la medida en la que abandonan el esfuerzo a una mano invisible que habrá de concluir, por arte de magia, la gran obra de la evolución educativa nacional o en cuanto a argüir que el secreto de un supuesto éxito ya consumado fue producto del trabajo de un equipo único e irrepetible, liderado por un caudillo, intentando seducir a la ciudadanía para que su decisión electoral del 2018 se tome con base en que solamente con ellos se podrá continuar con las grandes reformas educativas nacionales.
En ambos casos, estamos ante discursos sofistas que buscan seducir, confundir y extraviar la razón de la ciudadanía, llevándolos a los terrenos de la posverdad, la fantasía y la simulación. Es un hecho: los políticos no son ni el principio ni el fin de la evolución educativa, aunque así se quieran asumir ante el electorado. Tanto una nación que se evalúe educadora y que aprende, como otra ignorante y sumida en la miseria, son ambas producto de la intensidad y calidad de la presencia de procesos sutiles, profundos y perseverantes, que no responden a vaivenes políticos, sino a la participación de los actores clave en el proceso educativo.
Por ello, para lograr que la educación michoacana sea un auténtico proyecto social, no basta el voluntarismo mesiánico; es necesaria la articulación y la conformación de visiones compartidas en cada comunidad de aprendizaje, para que desde el seno de nuestra matria modelemos, desde lo educativo, la patria que merecemos. Debemos ser particularmente cuidadosos en que la transformación educativa llegue a las aulas y blindar sus beneficios ante la inminente politización.
Con la participación ciudadana lograremos hacer saber a los políticos oportunistas que el tema educativo no es uno que pueda tomarse y soltarse a conveniencia; su dimensión es mucho más profunda que las veleidades que caracterizan a la agenda política.
La transformación educativa debe seguir en todo el sector educativo estatal y sus subsistemas, por encima de las aspiraciones políticas individuales.
Históricamente, ha transitado sobre la calumnia, el dogmatismo, la posverdad, el fundamentalismo y los intereses sectarios; hoy se vislumbran escenarios que indican que no es momento para considerar que estamos en una zona de confort: la educación es demasiado importante para dejarla en manos de políticos.
Cada uno de los actores clave del sistema educativo tiene una responsabilidad histórica específica sobre sus hombros, por lo que no debemos soslayarla.
La autoridad educativa debe de cumplir y hacer cumplir la normatividad aplicable en la materia, asumiendo el liderazgo que le ha conferido el pueblo michoacano a través del bono democrático.
Pero especialmente, sin amedrentarse ni confiarse, como nunca en la historia, la sociedad civil debe de continuar pugnando por proponer y exigir para que el derecho a aprender sea una realidad vivida por todos los niños y jóvenes michoacanos. No podemos perder lo ya avanzado.
Ante el arranque del Ciclo Escolar 2017-2018, es preciso tener la cabeza fría: en Michoacán ninguno de los programas contemplados por la Reforma Educativa se ha conseguido implementar al cien por ciento. Es preciso entonces trabajar con resolución y denuedo para alcanzar las metas de implementación que a su vez posibilitarán impactar en los indicadores educativos estatales.
Específicamente, Mexicanos Primero ha señalado, a nivel estatal y nacional que en nuestra entidad está documentada la resistencia a someter a concurso las plazas en el examen de promoción docente, simulándose mediante la figura de encargaturas de despacho. La casuística prolifera.
En contrapunto, debemos de convertirnos en agentes de cambio: maestros, estudiantes, padres de familia y sociedad civil, para que con nuestros recursos empírica o sistemáticamente monitoreemos, evaluemos y retroalimentemos la policía pública en cada comunidad de aprendizaje.
Definamos la agenda pública educativa con perseverancia, priorizando la progresividad del derecho a aprender sobre la llana e inercial continuidad, pugnando el derecho a aprender con inclusión y garantismo universal. Que en Michoacán todos los seres humanos que tengan el derecho, la obligación, necesidad o deseo de aprender estén, aprendan y participen en la escuela.
Especialmente, pongamos especial atención en los siguientes seis puntos:
1) Que se realice imparcial y transparentemente el proceso evaluativo docente en Michoacán, que incluya seguimiento minucioso a los exámenes de ingreso, de permanencia y promoción docente.
2) Que se brinde adecuada y suficientemente la formación continua para que el cambio curricular se haga efectivo.
3) Que se implementen, sin simulación, tutorías para los profesores de ingreso reciente, con el presupuesto y las designaciones adecuadas.
4) Que se dejen de incumplir las obligaciones con las familias: la conformación y funcionamiento de los Consejos Escolares de Participación Social, así como los informes de los directores a la comunidad y el sistema funcional de quejas.
5) Se debe concluir, públicamente, con la depuración de la nómina magisterial de Michoacán, tanto con la de sostenimiento federal como con la pagada con recursos estatales.
6) Es necesaria la verificación de los aprendizajes, por lo que continuemos insistiendo en la aplicación de una versión no empobrecida de PLANEA.
¿Qué tanto estamos dispuestos a pasar de ser espectadores de los sucesos educativos estatales a convertirnos en agentes de cambio?
¿En qué medida asumimos nuestra responsabilidad histórica en visibilizar e impulsar la expansión del derecho a aprender entre los michoacanos?
¿Conocemos las terribles consecuencias que nuestra anomia, pasividad e indiferencia en el tema educativo tendrían para el desarrollo de Michoacán y de sus hijos?
