El Congreso del Estado, prepara una iniciativa de ley, para obligar a todo aquel agresor de violencia familiar o de género a continuar pagando la renta del inmueble donde habitaba con la víctima, pese a que, este abandone el hogar.
Lo anterior, en base a una iniciativa de proyecto de decreto para reformar una fracción del artículo 62 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Michoacán, presentada por los diputados, Ernesto Núñez Aguilar, Samanta Flores Adame, Ana Belinda Hurtado Marín, Mayela del Carmen Salas Sáenz, Mónica Estela Valdez Pulido y Andrea Villanueva Cano.
La cual indica que, en la actualidad la violencia contra la mujer, continúa siendo un gran reto para el país y para Michoacán, ya que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), arrojan que, entre enero y abril de 2020, se registraron 33 mil 240 delitos contra mujeres; 58 por ciento, de las denuncias fueron por lesiones dolosas; 16 por ciento, por lesiones culposas; y, 3 por ciento, por delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal.
De acuerdo a los datos más recientes, en el país la violencia hacia la mujer ha llegado a cifras alarmantes, debido a que, 7 de cada 10 mujeres han enfrentado violencia al menos una vez en su vida, y en promedio, 10 mujeres son asesinadas en México diariamente por el hecho de ser mujer, esto de acuerdo a cifras de INMUJERES y ONU Mujeres.
Por lo anterior, indican que, Michoacán, se encuentra en el quinto peldaño a nivel nacional, de las entidades con mayor incremento de violencia contra las mujeres, con un 46.5 por ciento más, con relación al 2019, al pasar de 902 mujeres denunciantes a mil 322, de acuerdo a información del SESNSP.
Señala que, una de las causas principales del temor de las mujeres a dejar el hogar donde se suscita la violencia, es el tema económico, para poder continuar pagando la renta del hogar o en el caso que el cónyuge sea el dueño de la propiedad, la madre y sus hijos sean desalojados, lo que genera el aumento de la violencia en el hogar, volviéndolo insostenible.
Es por ello, que la iniciativa, tiene por objeto que, en caso de violencia, el agresor no solo deberá desocupar de manera inmediata el domicilio, sino que tendrá las obligaciones contractuales con respecto a la propiedad o posesión, es decir, continuará pagando dicha renta, en caso de ser un inmueble arrendado o ser el dueño del mismo deberá permitir que la víctima viva en el mismo.
La desocupación inmediata por parte del agresor, del domicilio de la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo, del matrimonio en sociedad conyugal o de separación de bienes, y en su caso, el reingreso de la mujer en situación de violencia una vez que se resguarde su seguridad.
Se debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del agresor con respecto a la propiedad o posesión que previamente existían o los apoyos que brindaba para ello.
