El jurado está compuesto por doce personas elegidas para decidir quién tiene el mejor abogado
Roberto Frost (1874-1963) Poeta norteamericano
Tiene razón el gobernador Ramírez Bedolla cuando demanda que los organismos autónomos no “se pasen” con sus presupuestos que piden para el 2024, es decir, que se ajusten a lo que hay. Empero, hay casos como el del Instituto Electoral de Michoacán, que por razones obvias sí requiere un notable aumento de sus recursos financieros el próximo año, con relación a los que maneja en años no electorales.
El 24 será para las entidades un año difícil, presupuestalmente hablando, debido a que el gobierno federal proyecta reducirles de manera notable las participaciones y ello tiene una explicación, clara pero ruin: el presidente ha decidido concentrar la mayor cantidad de recursos que le sea posible, para aumentar becas y pensiones que, sabe, le significan votos a la 4T y sus candidatos, aunque a cambio de ello genere a los estados un año complicado. Ni siquiera en los gobernadores morenistas confía López Obrador y quiere asegurarse ser él mismo quien distribuya el gasto con una orientación electorera nítida.
Sabedor de esa realidad, que Ramírez Bedolla demanda desde ahora a los organismos autónomos que no exijan recursos para el próximo año más allá de lo razonable. Tiene razón, desde luego, aunque habría que hacer un par de acotaciones: una, que haya contención del gasto no debe ser una obligación solo de los organismos autónomos, sino de todo el poder público, comenzando por el propio Ejecutivo, y dos, en este ajuste de gasto no puede incluirse al IEM, pero tampoco al Tribunal Electoral de Michoacán.
Y la razón es fácil de dimensionar: es año electoral y el gasto en ambos organismos se eleva notablemente para que estén en condiciones de cumplir el amplísimo abanico de responsabilidades que la ley les confiere en tiempos de organización de elecciones.
Cierto, el aumento presupuestal deberá estar justificado a detalle, porque tampoco es cosa de que se use el año electoral como pretexto para exigir recursos sin ton ni son.
Las elecciones del 24 se prevén no solo sumamente reñidas, sino de alto riesgo en términos de gobernabilidad y seguridad. El Ejecutivo estatal debe asegurar el recurso financiero para que tanto el IEM como el Tribunal cuenten con los presupuestos necesarios para que al menos la organización de los comicios sea eficaz y no un motivo más de riesgo y complicación.
Es de esperarse, pues, que prevalezca la sensatez y no se ponga en riesgo el proceso electoral bajo un discutible discurso de austeridad. Hay de prioridades a prioridades.
Y a la pesadilla ya solo le quedan 349 días.
X@jaimelopezmtz
