Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cuál es
Joseph Fouché (1758-1820) Político francés
La laxitud e irresponsabilidad en el manejo del presupuesto a su cargo, tienen con la soga al cuello a seis ex funcionarios de la Secretaría de Educación, incluidas las titulares de la misma, Aída Sagrero y Graciela Andrade.
El auditor Superior de Michoacán, José Luis López Salgado, ratificó hace algunos días la sanción que ya había impuesto el año anterior a las dos ex secretarias, así como a cuatro ex funcionarios de primer nivel más de la Secretaría de Educación, que en 2009, de acuerdo con la acusación que pesa sobre ellos, fueron omisos en la vigilancia eficiente del manejo del presupuesto que les fue asignado. López Salgado no las acusa de haberse quedado con el dinero, sino de no evitar su incorrecta aplicación, al violar la Ley de Contabilidad y Presupuesto, y eso, para efectos jurídicos, es un delito.
Es así que Andrade y Sagrero deberán devolver, entre indemnización y multa, más de diez millones de pesos cada una. En total, son más de 49 millones los que los seis ex funcionarios deberán regresar al fisco estatal (https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/56440-exige-auditor-que-ex-funcionarios-de-educacion-devuelvan-49-mdp.html)
Si no se robaron el dinero, ¿es justo que les impongan tamaña sanción? Buen tema. Repito, el auditor no los acusa de quedarse con el dinero, sino de “no aportar la totalidad de la evidencia documental para el desvanecimiento de las observaciones fincadas, incumpliendo con las obligaciones en el servicio público y por infracciones a las disposiciones contenidas en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público”. De negligencia e irresponsabilidad, diríamos en buen cristiano, para entendernos, pues.
Todos ellos habrían obrado con laxitud al permitir aplicaciones presupuestales sin rigor contable. El problema es que ese tipo de conductas derivan en que así como puede llegar el dinero a buen destino, igual no. Visto así, aunque para alguien, comenzando por los acusados, puede parecer injusta la sanción, me parece que no lo es, porque quien acepta la responsabilidad de estar al frente de una oficina gubernamental, que maneja dinero público, sabe que si bien tiene un sinfín de ventajas, comodidades y beneficios, también tiene la obligación de la pulcritud extrema en el uso del presupuesto.
Qué cómodo sería entonces sólo el lado color de rosa del servicio público, los buenos salarios, la asignación de vehículos, chofer, secretarios y asesores al por mayor, gastos de representación, pago de celulares, gasolina y un larguísimo etcétera. Al menos, el contrapeso debe ser la obligación de cuidar el uso correcto del dinero, y si eso no sucede, me parece que es justa una sanción que obligue a devolver lo mal manejado, aunque no haya ido a parar al bolsillo del funcionario.
Ni modo, si el auditor hizo bien su trabajo, como en esta ocasión así parece, no queda sino exigir que no haya una salida política al caso y se aplique la ley a raja tabla. Si no, será un caso más de impunidad, de la que estamos hasta la coronilla en Michoacán.
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