LOS MUNICIPIOS FANTASMAS
De los 2,475 municipios existentes en el país, 680 de ellos han sido declarados como pueblos fantasmas en los últimos veinte años; el motivo, la violencia originada por los cárteles, los altos índices de marginación social e incluso los cambios en la división territorial, estos pueblos abandonados representan el 27 por ciento del territorio nacional.
Según datos del INEGI, revelan que los municipios de Guadalupe, Chihuahua; Tumbiscatío, Michoacán, y Badiraguato, Sinaloa, registran casos de familias completas que se han visto forzadas a huir como medida de precaución ante la presencia de conflictos armados.
En Tumbiscatío la constante presencia de los cárteles y grupos de autodefensas ocasionaron que la población decreciera 41.2 por ciento en las dos últimas décadas.
El poblado conocido como Las Cruces, perdió casi 30 por ciento de sus habitantes, mientras en Graciano Sánchez, el desplazamiento fue de 50 por ciento.
Las balaceras, los raptos, los cobros de piso y los secuestros que ocurren en la zona han suscitado que la gente huya a un ritmo constante.
Desafortunadamente, luego de años de esas condiciones, Michoacán se ha convertido en uno de los focos de la crisis de desplazamiento forzado que vive México.
Entre 2010 y 2021, se registraron más de 400 mil personas desplazadas de sus hogares en Michoacán, según información oficial. Pero desde los últimos meses del 2022, los desplazamientos forzados han aumentado, así como la violencia contra las comunidades.
Por ejemplo, en Zirándaro con una población de 20 mil habitantes–el enfrentamiento entre los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Familia Michoacana obligó a cerca de 700 personas a salir de sus viviendas a finales de enero pasado, y dos semanas después, 1 mil 200 más fueron desplazadas del municipio.
Y en Tierra Caliente, cerca de 500 personas fueron desplazadas solamente en este mes de diciembre, después de confrontaciones entre los grupos rivales.
Esta es la realidad que se vive en México y especialmente en Michoacán, donde las autoridades se niegan a aceptarla y menos a atenderla, es una realidad que no puede ser eliminada por decreto o con discursos con cifras alegres.
