La oposición cuida siempre de pedir lo que está segura de no obtener, porque si lo obtiene dejaría de ser oposición
Alphonse Karr (1808-1890) Escritor francés
Las luces rojas están prendidas en el despacho del gobernador Ramírez Bedolla. El motivo: la Guardia Civil y sus ya sistemáticos abusos de poder, que han ido escalando hasta llegar al asesinato de un civil.
Creada a la imagen y semejanza de la Guardia Nacional, la versión purépecha ha tenido el mismo desenlace: un organismo policiaco incapaz de frenar la criminalidad, conformado mayoritariamente por elementos sin la preparación adecuada, sin controles ni protocolos para asegurarse que no violenten la ley y con preocupantes y generalizados niveles de corrupción. A la vuelta de un par de años de creada, la Guardia Civil ha sido un rotundo fracaso.
El gobernador muestra en su círculo más cercano señales graves de preocupación, porque evidentemente las irregularidades de la Policía estatal van en detrimento de la imagen gubernamental. El problema es que no encuentra la forma de poner orden, por más que quiere.
Y es que el secretario de Seguridad, José Alfredo Ortega Reyes, es designación directa del alto mando militar, lo que le da una especie de manto de inmunidad para ser intocable en el gobierno, pese a que sus subalternos van subiendo de tono a los abusos contra la población.
El último, el asesinato de un civil a manos policiacas, sin motivo aparente. Ese hecho en cualquier otro momento y circunstancia, ya habría arrojado el cese de la cabeza del organismo. No es el caso, por el “fuero” que mantiene Ortega Reyes al saberse intocable dado el respaldo militar del que goza.
Pero si bien el gobernador Bedolla atendió la sugerencia que le formuló Palacio Nacional al iniciar su gestión, en el sentido de pedir al alto mando de la Sedena la designación de un militar al frente de la Policía michoacana, es claro que no ha habido los resultados esperados no solo en disminuir los índices delictivos sino, peor aún, porque hoy toparse con una patrulla de la Guardia Civil es motivo de preocupación para la ciudadanía.
Algo grave pasa al interior de la SSP, que parece que no opera una cadena de mando que prevenga la corrupción. Y si la existe en el papel, en la práctica es evidente que no.
El asesinato de un civil debe ser la gota que derrame el vaso, que colme la paciencia de Ramírez Bedolla. No sé qué más deba pasar en la Policía estatal para que se tomen cartas de manera seria y drástica. Veremos si hay esa decisión.
Y a la pesadilla ya solo le quedan 229 días.
X@jaimelopezmtz
