El viacrucis de la violencia es una carga que pesa sobre los hombros de todos los mexicanos, una carga que ha marcado a generaciones enteras y ha dejado un profundo impacto en la psique social.
Marzo según informes preliminares de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, cerro como el mes más violento del año, más de 2 mil víctimas de homicidio doloso. Con datos oficiales, Michoacán junto al Estado de México, Baja California, Guanajuato, Morelos, Chiapas y Jalisco, concentraron el mayor número de asesinatos en los días santos. En lo que va del año, cada día en promedio se han cometido 71 homicidios dolosos. Sin dejar de recordar que el sexenio obradorista pasará a la historia como el más violento.
Entre las víctimas de esta semana santa, que sacudio al país esta el del feminicidio de la niña Camila en Taxco Guerrero, que derivó en que los pobladores lincharan a los presuntos responsables de quitarle la vida a la niña de 8 años; el caso de Camila evidenció la anatomia del México roto: negligencia, incompetencia, debilidad institucional, obstrucción de la justicia y a un pueblo enardecido por la sensación de que los perpetradores de la violencia y el crimen, en este país pueden actuar sin consecuencias.
Vivimos en un país donde matan a tu hija y la víctima es el presidente, un país en donde decapitan a una policía mujer y el gobernador dice que “son cosas que pasan”.
Un país donde las autoridades en lugar de mostrar empatía y determinación para combatir la violencia, vemos respuestas insensibles o incluso evasivas por parte de las autoridades allanandole el camino a los criminales.
La falta de condena y rechazo contundente del asesinado del Alcalde de Churumuco Guillermo Torres Rojas, por parte del gobierno del estado, trivializa lo que es una epidemia de violencia homicida en el estado, en un mensaje en redes sociales el gobierno estatal, simplemente lamenta el fallecimiento del alcalde, enviando un mensaje peligroso de una suerte de complacencia y falta de voluntad para combatir al crimen en Michoacán. Esto no solo socava la credibilidad del gobierno, sino que también perpetúa un ciclo de impunidad que alimenta a la violencia y a el crimen.
Cuando las autoridades no emiten una condena contundente y no muestran un compromiso claro para investigar y llevar ante la justicia a los responsables del crimen, están banalizando la gravedad del suceso.
En un país donde matar a tu hija puede ser visto como algo trivial y donde decapitar a una policía se considera algo que “simplemente sucede”, todos somos víctimas.
La trivialización de la violencia por parte de las autoridades también envía un mensaje de normalizar la violencia y la impunidad, como si fueran parte inevitable de la vida en Michoacán; esta trivialización es profundamente preocupante y refleja una falta alarmante de sensibilidad y compromiso para abordar los desafíos de seguridad que enfrenta el estado.
Cuando las autoridades no muestran un compromiso claro para enfrentar la violencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos, se genera una sensación de impunidad que alimenta la desconfianza y el descontento entre la población pues el viacrucis de la violencia se ha convertido en una carga cada vez más pesada para los hombros de los michoacanos.
