Primeros pasos de la Auditoría Forense…
“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”… Joan Báez. (1941 –). Compositora, cantante y activista estadounidense.
El despacho contable PFK que ganó la licitación para realizar la Auditoría Forense a la cuenta “Cargos por Aplicar” del Gobierno de Michoacán, donde se presume se hizo efectiva la práctica conocida como “La Licuadora” desde el 2003 y hasta el 2014, arrojó sus primero resultados luego de tres meses de labores.
Si bien es cierto que no dejan de sorprender estos hallazgos, también lo es que varios de ellos han sido abordados, principalmente desde una perspectiva periodística, desde que se cometieron.
A continuación, le presento una síntesis de las “lindezas” que ya detectó el despacho PFK y que este miércoles conocieron los diputados en el Pleno de la Septuagésima Tercera Legislatura; así que tome asiento y respire profundo porque seguramente lo que viene le provocará algo de bilis.
- Tras revisar 28 créditos contratados durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y Salvador Jara Guerrero, por un monto superior a 24 mil millones de pesos, el despacho de contadores destacó que falta información y documentación, lo que ha afectado su plan de trabajo e incrementará el tiempo de revisión.
- No existen archivos contables en la Secretaría de Finanzas de 273 cuentas bancarias que se abrieron entre 2003 y 2009, lo que impide revisar la aplicación de los créditos contratados durante ese periodo.
- No se tiene información de al menos cuatro créditos.
- Detectaron 351 pólizas que suman más de 28 mil millones de pesos, sin documentación que soporte el destino de los recursos.
- Entre las 351 pólizas, se contabilizaron cuatro mil 53 millones de pesos que corresponden al reconocimiento de los CERTIFICADOS BURSÁTILES del Impuesto sobre la Nómina, como DEUDA PÚBLICA, operación que incansablemente Cárdenas Batel y su flamante Secretario de Finanzas, Humberto Suárez López, negaron que se tratara de deuda.
- Destaca la contratación de cuatro créditos en los dos últimos meses del gobierno de Leonel Godoy Rangel por un monto de cuatro mil 950 millones de pesos, sin tener la autorización del Congreso del Estado. Es decir, tendrían que ser de corto plazo y pagarse en máximo un año, pero fueron contratados a plazos mayores.
- El informe señala la contratación de dos créditos que se destinaron al pago de deuda pública, cuando la constitución lo prohíbe y debieron aplicarse en inversión productiva y obra pública, por citar un par de ejemplos.
- No se tiene contrato de un crédito por 100 millones de pesos, tramitado el 31 de diciembre del 2013; tampoco los documentos de aprobación, contratación, amortización e inscripción de tres créditos contratados en octubre del 2010 por un total de 31 millones de pesos, ni de dos contratados en 2003 por un total de mil 500 millones y cuatro más contratados en 2005 por 1 mil 500 millones de pesos.
- Los primeros resultados de la Auditoría Forense señalan además que no encontraron los acuerdos del comité de deuda pública, para ser considerados por el gobernador para la contratación de créditos.
- Tampoco se tiene evidencia de la instalación del comité de deuda ni de que se haya entregado a la Auditoría Superior del Congreso Local el decreto de autorización, identificación del acreedor, calificaciones y dictámenes financieros sobre la viabilidad de los créditos; tipo de financiamiento, importe, plazo, tasa de interés moratoria, obra u obras a ejecutar; así como tampoco fecha y hora de registro de 22 créditos.
A reserva de los detalles que se conocerán paulatinamente del primer documento con resultados de la Auditoría Forense a la Cuenta Cargos por Aplicar, los anteriores parecen suficientes para confirmar la sospecha de que cuando menos, por Michoacán han pasado administraciones extraordinariamente deficientes y que con la complicidad de la mayoría de quienes integraron las legislaturas locales del periodo en mención, se violentaron la Constitución Mexicana, la Constitución de Michoacán, la Ley General de Deuda y un largo etcétera, sin mutis alguno de la Auditoría Superior del Congreso local, mucho menos de la Contraloría estatal.
El ideal, es que tras terminar su trabajo el Despacho Contable PFK, haya pruebas suficientes para que se presenten las denuncias correspondientes, haya rendición de cuentas y sanciones ejemplares, de tal manera que se pueda recuperar bastante dinero y meter a la cárcel a las decenas de ex funcionarios que sospecho, seguramente se lo ganaron a pulso.
¿Llegarán tan lejos la Auditoría Forense, la Septuagésima Tercera Legislatura y el Gobierno de Michoacán?¿Se quedará en otra llamarada de petate con el que le den carpetazo definitivo a semejante desfalco financiero que aún tiene de rodillas al estado?
En razón de la historia y considerando que muchos de los que forman parte de los actuales poderes estatales también integraron a esos gobiernos y legislaturas, dudo que haya éxito. Y sin embargo, espero estar totalmente equivocado.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
