LUCHA DE PODERES
México está al borde de una crisis institucional sin recedentes en la historia moderna del país, el enfrentamiento entre el Poder Judicial contra el Ejecutivo y Legislativo ha escalado niveles sumamente peligrosos para la gobernabilidad y estabilidad política social de la nación.
La determinación de ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar si ese cuerpo colegiado puede revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, ha enfrentado abiertamente a los ministros en contra de la presidenta y los legisladores; los dos últimos, dispuestos a violentar la ley, al no respetar una suspensión otorgada por un juez federal para consumar la polémica reforma.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el líder del Senado Gerardo Noroña, han manifestado que pese a la suspensión existente, la reforma va.
La presidenta recordó que en las pasadas elecciones la ciudadanía votó mayoritariamente por Morena y sus aliados para que tuvieran la mayoría en el Congreso federal para modificar la Constitución.
Y después de eso abundó, todos los Congresos estatales lo aprobaron, ¿cómo que unos ministros y ministras de la Suprema Corte que no quieren que eso ocurra?, preguntó.
Por ello, arremetió nuevamente contra la Corte y sentenció que con Corte o sin ella, va la elección de jueces.
Para superar estas diferencias por la controversia entre la SCJN y los poderes Legislativo y Ejecutivo, considero que se requiere un enfoque multifacético que promueva el diálogo y el respeto mutuo entre los poderes del Estado.
Se requiere además, de un diálogo Institucional que, a través de reuniones y mesas de diálogo entre representantes de los tres poderes, se discutan las reformas y sus implicaciones. Esto puede ayudar a encontrar puntos en común y reducir tensiones.
Por consiguiente, las Reformas Constitucionales deben ser evaluadas para que se definan las competencias y límites de cada poder, evitando así interpretaciones ambiguas que puedan generar conflictos.
También podrían utilizarse mecanismos de mediación y arbitraje para resolver disputas específicas. Esto puede incluir la intervención de organismos autónomos o expertos en derecho constitucional.
Pero lo fundamental, debería ser asegurar que todas las acciones y decisiones de los poderes del Estado se realicen dentro del marco de la ley y respetando los principios constitucionales.
Esto incluye el respeto a las decisiones judiciales y la implementación efectiva de las mismas, situación que la presidenta y los morenistas no piensan acatar.
